De acuerdo con información a la que accedió NdeN a través de fuentes vinculadas al Centro de Navegación, un principio de acuerdo alcanzado durante la tarde de este martes permitiría reactivar el servicio de practicaje y normalizar progresivamente el movimiento de buques en Puerto Quequén y en las principales terminales portuarias del país.

 

El entendimiento fue firmado alrededor de las 17, luego de una negociación entre representantes del Gobierno nacional y del sector de practicaje y pilotaje. El acta establece la reanudación “inmediata y regular” del servicio, que había quedado prácticamente paralizado desde el fin de semana en rechazo al Decreto 690/2026.

En Puerto Quequén, el conflicto había interrumpido los ingresos y egresos de embarcaciones. Desde el Directorio del Consorcio de Gestión confirmaron a NdeN que las tareas de carga y descarga dentro de la estación marítima continuaban desarrollándose, pero no se realizaban nuevas maniobras de entrada o salida.

La reactivación acordada permitiría destrabar esas operaciones. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente que el movimiento de buques ya se haya normalizado en la terminal local.

Qué establece el principio de acuerdo

El documento contempla cuatro puntos centrales para comenzar a resolver el conflicto:

• Reactivar de manera inmediata y regular los servicios de practicaje y pilotaje.

• Elevar a consideración de la Presidencia de la Nación la suspensión del Decreto 690/2026.

• Crear una mesa intersectorial para elaborar un nuevo reglamento de la actividad.

• Aplicar una reducción del 20% sobre las tarifas vigentes del servicio.

En caso de que Presidencia apruebe lo acordado, la suspensión del decreto se mantendría mientras se discuta el nuevo régimen en la mesa intersectorial.

Por ese motivo, el acta no significa que el Decreto 690/2026 ya haya quedado formalmente suspendido. Las partes acordaron solicitar esa medida y someterla a la decisión del Poder Ejecutivo nacional.

El impacto en Puerto Quequén

La paralización del practicaje afectó directamente una de las operaciones fundamentales de Puerto Quequén: la asistencia profesional necesaria para el ingreso y egreso seguro de buques de gran calado.

Los prácticos asesoran a los capitanes durante las maniobras realizadas en canales de acceso, áreas de giro, muelles y otros sectores donde las condiciones de navegación requieren un conocimiento específico de la zona.

Sin ese servicio, los buques no podían ingresar ni abandonar la estación marítima, aunque continuaran las tareas de carga y descarga sobre las embarcaciones que ya se encontraban amarradas.

La situación comenzó a afectar la programación portuaria y generó incertidumbre sobre las operaciones previstas para los próximos días. El cumplimiento del principio de acuerdo permitiría recuperar progresivamente el movimiento habitual de la terminal y reorganizar los turnos que quedaron demorados.

En Puerto Quequén se aguarda ahora la confirmación de los primeros movimientos posteriores al entendimiento y la reprogramación de los ingresos y egresos afectados durante el conflicto.

Más de 140 buques afectados en el país

El conflicto no se limitó a Puerto Quequén. La falta de nuevos servicios de practicaje y pilotaje alcanzó a terminales del Gran Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes, Bahía Blanca y Buenos Aires, además de otros puertos marítimos y fluviales del país.

Las estimaciones difundidas por entidades vinculadas con la navegación señalaban que más de 140 buques habían quedado afectados y que se encontraban comprometidas operaciones correspondientes a casi tres millones de toneladas de mercadería.

El mayor impacto se registró en el complejo agroexportador del río Paraná, por donde sale una parte sustancial de las exportaciones argentinas de granos, aceites y subproductos.

En Bahía Blanca, el conflicto también demoró operaciones vinculadas con la llegada de embarcaciones destinadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur. En otros puntos del país quedaron afectados movimientos relacionados con combustibles, cargas generales y comercio exterior.

El origen del conflicto

El conflicto comenzó después de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el 31 de julio.

La norma reemplazó el reglamento que regulaba la actividad desde 1991 e introdujo una amplia desregulación del practicaje y el pilotaje.

Entre otros puntos, eliminó el límite de profesionales habilitados, permitió la contratación directa entre usuarios y prácticos, modificó las condiciones para el traslado de los trabajadores hasta los buques y facultó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a establecer tarifas máximas.

También incorporó mecanismos para que determinados capitanes puedan obtener certificados de conocimiento de zona y, bajo ciertas condiciones, realizar recorridos sin contratar un práctico.

El Gobierno nacional presentó los cambios como una medida destinada a ampliar la competencia, reducir los costos logísticos y modernizar el funcionamiento del sistema.

Los prácticos, pilotos y baqueanos rechazaron la reforma al considerar que fue implementada sin una instancia de diálogo previa y que algunas de las modificaciones podían afectar la seguridad de la navegación.

Un cese de actividades, no un paro tradicional

Desde la madrugada del domingo, la mayoría de los profesionales dejó de aceptar nuevas contrataciones, aunque continuó cumpliendo los servicios que ya habían sido asignados.

Al tratarse principalmente de profesionales independientes, las entidades del sector aclararon que no se trataba de un paro gremial en el sentido tradicional, sino de un cese coordinado de actividades a título personal.

En los hechos, la decisión impidió contratar nuevos servicios y provocó la paralización progresiva de los ingresos y egresos en las principales terminales del país.

La tensión aumentó este martes, cuando la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales a retomar la actividad y advirtió sobre posibles sanciones administrativas y consecuencias penales.

Horas más tarde se abrió la negociación que terminó con la firma del principio de acuerdo.

La normalización dependerá del cumplimiento del acta

El entendimiento alcanzado abre una instancia para destrabar el conflicto y comenzar a recuperar la operatoria portuaria.

La reanudación inmediata del servicio permitiría que Puerto Quequén vuelva a recibir y despachar buques, mientras que la mesa intersectorial deberá elaborar una nueva propuesta para regular la actividad.

El punto pendiente será la decisión de Presidencia sobre la suspensión del Decreto 690/2026. Hasta que esa medida sea formalizada, la norma continúa vigente.

Mientras se aguarda esa definición, el compromiso de reactivar el practicaje permitiría comenzar a normalizar las operaciones en Puerto Quequén y en las demás terminales afectadas del país.