El conflicto portuario dejó un ganador y un derrotado dentro del Gobierno nacional. Los prácticos lograron que el Ejecutivo aceptara revisar el régimen que había puesto en vigencia apenas unos días antes, mientras Federico Sturzenegger quedó fuera de la negociación que permitió reactivar el servicio.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado había sido el principal impulsor y defensor público del Decreto 690/2026. Sin embargo, no participó de la reunión decisiva, no firmó el acta alcanzada con los prestadores y tampoco aparece entre los integrantes de la mesa que discutirá el nuevo reglamento.

La salida del conflicto quedó en manos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien encabezó el encuentro y pasó a conducir una negociación que hasta entonces había estado dominada por la postura intransigente del área de Desregulación.

Como informó NdeN este martes, el entendimiento contempla la reanudación inmediata de los servicios de practicaje y pilotaje, una reducción del 20% en las tarifas y la elevación a Presidencia de un pedido para suspender los efectos del decreto.

El acuerdo permite comenzar a normalizar progresivamente el movimiento de buques en Puerto Quequén y en las demás terminales afectadas.

Sturzenegger, ausente en la reunión decisiva

La negociación se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad y fue encabezada por Monteoliva.

También participaron el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Fernando Kusnier; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; y el director general de Asuntos Prioritarios, Daniel Barberis.

En representación de las empresas, entidades y profesionales del practicaje estuvieron Miguel Ángel Doñate, John Eric Ryan y Mónica Navarro.

Sturzenegger no figura entre los participantes ni entre los firmantes. Su ministerio tampoco aparece mencionado dentro de la futura mesa intersectorial, que estará integrada por Seguridad, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes de los prestadores.

El Gobierno no anunció oficialmente su apartamiento. No obstante, según informó Ámbito, la Casa Rosada decidió correrlo de la negociación ante las críticas por el manejo del conflicto y trasladó la conducción a Monteoliva.

El cambio también quedó reflejado en el lugar elegido para el acuerdo: la reunión no se desarrolló en Desregulación, Economía o Transporte, sino en el Ministerio de Seguridad.

El decreto que desencadenó el conflicto

El Decreto 690/2026 fue publicado el 31 de julio y reemplazó el reglamento que regulaba el practicaje y el pilotaje desde 1991.

La norma fue firmada por el presidente Javier Milei junto con Sturzenegger, Monteoliva, Carlos Presti y Diego Santilli. Su principal defensor público fue el ministro de Desregulación, quien presentó la reforma como una herramienta para ampliar la competencia y disminuir los costos logísticos.

El nuevo régimen facilitó el ingreso de prestadores, modificó las condiciones de contratación y traslado de los profesionales, amplió algunas excepciones al uso obligatorio de prácticos y facultó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a establecer tarifas máximas.

Los profesionales rechazaron la medida al considerar que había sido elaborada sin diálogo previo y que varias disposiciones podían afectar la seguridad de la navegación.

La oposición derivó en un cese coordinado de nuevas contrataciones. Aunque los servicios previamente asignados continuaron, la imposibilidad de contratar nuevas asistencias paralizó progresivamente los ingresos y egresos de embarcaciones.

Una respuesta oficial que agravó el conflicto

La primera reacción del Gobierno fue sostener la reforma y endurecer la presión sobre los prestadores.

La Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales a restablecer la actividad y advirtió sobre posibles sanciones administrativas y consecuencias penales.

La estrategia no consiguió reactivar el servicio. Por el contrario, el conflicto se profundizó y comenzó a afectar de manera directa el funcionamiento de los principales puertos argentinos.

Más de 140 buques quedaron alcanzados por las demoras, según las estimaciones difundidas durante el cese. La paralización comprometió operaciones agroexportadoras, movimientos de combustibles, cargas generales y parte del comercio exterior.

Las cámaras empresariales también reclamaron una solución. La Cámara de Puertos Privados Comerciales advirtió que la imprevisibilidad y el eventual desvío de buques hacia terminales de otros países podían deteriorar la confiabilidad comercial de la Argentina.

La presión económica terminó modificando la estrategia oficial. La negociación salió de la órbita de Sturzenegger y pasó a manos de Seguridad.

Qué consiguieron los prácticos

El resultado representó un triunfo político para los prácticos, pilotos y baqueanos: lograron que el Gobierno aceptara revisar el régimen y avanzar con la suspensión de sus efectos mientras se discute una nueva normativa.

El acta contempla cuatro medidas:

• Restablecer de manera inmediata y regular los servicios de practicaje y pilotaje.

• Elevar a la Presidencia la propuesta de suspensión del Decreto 690/2026.

• Crear una mesa intersectorial para elaborar un nuevo reglamento.

• Reducir un 20% las tarifas vigentes.

La victoria del sector no fue absoluta, ya que debió aceptar la rebaja tarifaria reclamada por el Gobierno. Sin embargo, consiguió su objetivo principal: frenar la aplicación plena de la reforma y abrir una instancia de negociación que no existió antes de la publicación del decreto.

El principal costo político recayó sobre Sturzenegger, que había defendido públicamente la medida y terminó sin participación en el acuerdo ni en la instancia que revisará el régimen.

La suspensión todavía debe formalizarse

La letra fina del acuerdo mantiene una cuestión pendiente: el Decreto 690/2026 todavía no quedó formalmente suspendido.

El acta establece que las partes acordaron elevar esa medida a consideración de la Presidencia de la Nación. Por lo tanto, será necesario que el Poder Ejecutivo la convalide mediante el instrumento correspondiente.

Hasta que eso ocurra, la norma continúa jurídicamente vigente, aunque el entendimiento político establece que sus efectos serán suspendidos mientras la mesa intersectorial trabaja en un nuevo reglamento.

La reactivación en Puerto Quequén

En Puerto Quequén, el conflicto había interrumpido los ingresos y egresos de buques, aunque las tareas de carga y descarga continuaron sobre las embarcaciones que ya se encontraban amarradas.

La reanudación de los servicios de practicaje permite reorganizar las operaciones demoradas y comenzar a recuperar el movimiento habitual de la estación marítima.

La normalización será progresiva debido a la acumulación de turnos y servicios pendientes. Hasta el último informe disponible, todavía no se había confirmado oficialmente que toda la programación local estuviera completamente regularizada.

El desenlace abrió una nueva etapa: los prácticos volvieron a prestar servicios, Seguridad asumió el control político del conflicto y Sturzenegger quedó al margen de la discusión sobre el régimen que él mismo había impulsado.