La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió durante la madrugada de este viernes la media sanción del Senado después de una extensa y ajustada negociación política.

El resultado final fue de 37 votos afirmativos contra 33 negativos. No hubo abstenciones y dos senadores estuvieron ausentes.

El número muestra hasta qué punto el Gobierno de Javier Milei necesitó del acompañamiento de bloques aliados y provinciales para sacar adelante una iniciativa que, además, llegó a la votación considerablemente recortada.

Antes de la sesión, el oficialismo había retirado el capítulo que modificaba la Ley de Tierras ante la imposibilidad de conseguir los votos. Durante el propio debate también decidió eliminar las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

Con esas concesiones, La Libertad Avanza consiguió finalmente alcanzar los 37 votos y enviar el proyecto a la Cámara de Diputados.

Cómo votaron los tres senadores bonaerenses

La votación dividió a los representantes de la provincia de Buenos Aires.

Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical, votó a favor de la iniciativa.

En cambio, Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro, ambos del peronismo, votaron en contra.

El acompañamiento de Abad llegó después de que el oficialismo retirara dos de los puntos sobre los cuales el senador bonaerense había planteado objeciones.

Durante la sesión, el radical volvió a rechazar las modificaciones que se pretendían introducir en la Ley de Manejo del Fuego y sostuvo que ese capítulo estaba “viciado de inconstitucionalidad”. También había cuestionado el capítulo sobre tierras por considerar que afectaba cuestiones vinculadas con la soberanía.

Finalmente, ambos apartados quedaron afuera del texto que llegó a la votación general.

Di Tullio, por su parte, celebró después de la sesión que las dos leyes permanecieran vigentes y atribuyó el retroceso del Gobierno a la resistencia generada alrededor de la iniciativa.

Los 37 senadores que votaron a favor

Maximiliano Abad (UCR) Bartolomé Abdala (LLA) Romina Almeida (LLA) Carmen Álvarez Rivero (LLA) Carlos Omar Arce (Encuentro Federal) Ivanna Arrascaeta (LLA) Ezequiel Atauche (LLA) Vilma Bedia (LLA) Joaquín Benegas Lynch (LLA) Patricia Bullrich (LLA) Mario Cervi (LLA) Agustín Coto (LLA) Andrea Cristina (PRO) Carlos Espínola (Provincias Unidas) Enzo Fullone (LLA) Eduardo Galaretto (UCR) Juan Cruz Godoy (LLA) Enrique Martín Goerling Lara (PRO) Gonzalo Guzmán Coraita (LLA) María Victoria Huala (PRO) Luis Juez (LLA) Mariana Juri (UCR) Daniel Kroneberger (UCR) Carolina Losada (UCR) Nadia Márquez (LLA) María Belén Monte de Oca (LLA) Agustín Monteverde (LLA) Bruno Olivera Lucero (LLA) María Emilia Orozco (LLA) Juan Carlos Pagotto (LLA) Francisco Paoltroni (LLA) Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones) Silvana Schneider (UCR) Rodolfo Suárez (UCR) Edith Terenzi (Despierta Chubut) Mercedes Valenzuela (UCR) Eduardo Vischi (UCR)

Los 33 senadores que votaron en contra

Guillermo Andrada (Convicción Federal) Beatriz Ávila (Independencia) Adán Bahl (Justicialista) Daniel Bensusán (Justicialista) Jorge Capitanich (Justicialista) José María Carambia (Moveré por Santa Cruz) Lucía Corpacci (Justicialista) Julieta Corroza (La Neuquinidad) Eduardo “Wado” de Pedro (Justicialista) Juliana Di Tullio (Justicialista) Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz) María Celeste Giménez Navarro (Justicialista) María Teresa González (Justicialista) Alicia Kirchner (Justicialista) Marcelo Lewandowski (Justicialista) Carlos Alberto Linares (Justicialista) Cándida López (Justicialista) María Florencia López (Justicialista) Juan Luis Manzur (Justicialista) Ana Inés Marks (Justicialista) José Mayans (Justicialista) Sandra Mendoza (Convicción Federal) María Carolina Moisés (Convicción Federal) Elia Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago) José Emilio Neder (Justicialista) Mariano Recalde (Justicialista) Jesús Rejal (Justicialismo Federal) Flavia Royón (Salta) Fernando Salino (Justicialismo Federal) Martín Soria (Justicialista) Sergio Uñac (Justicialista) Alejandra Vigo (Provincias Unidas) Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago)

Dos ausentes

La votación general registró además dos ausencias: Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama.

Ambos habían solicitado participar de manera remota por cuestiones de salud, pero el pedido no fue habilitado para esta sesión.

Las defensas del proyecto

El debate dejó fuertes diferencias sobre qué significa proteger la propiedad privada y hasta dónde debe intervenir el Estado.

Desde el oficialismo, Carmen Álvarez Rivero defendió la iniciativa con el argumento de que Argentina necesita reglas claras para atraer inversiones y calificó al proyecto como “una ley moralmente buena”.

María Belén Monte de Oca, de La Libertad Avanza, sostuvo que la propuesta buscaba “poner orden” frente a situaciones de ocupación ilegítima de propiedades.

Agustín Monteverde también respaldó el endurecimiento de los mecanismos frente a las usurpaciones y afirmó durante su intervención que en Argentina existe un “mercado organizado” alrededor de las ocupaciones de inmuebles.

El proyecto finalmente aprobado mantiene precisamente uno de los ejes defendidos por el oficialismo: la modificación de los procedimientos de desalojo para acelerar la restitución de propiedades en determinadas situaciones.

Las críticas desde la oposición

Del otro lado, Jorge Capitanich cuestionó el eje conceptual de la iniciativa.

“El problema de la Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada, sino el acceso a la propiedad privada a los pobres”, sostuvo el senador chaqueño.

Capitanich defendió el dictamen de minoría presentado por el peronismo y cuestionó el intento de flexibilizar las regulaciones sobre la tierra, al señalar que otros países también establecen restricciones sobre este tipo de recursos.

Mariano Recalde concentró sus críticas en los desalojos.

El senador porteño advirtió que las modificaciones podrían alcanzar también a inquilinos con contratos vigentes ante atrasos en el pago y cuestionó que se aceleren esos procedimientos en un contexto de dificultades económicas.

Alicia Kirchner sostuvo, en tanto, que la resistencia social y política había conseguido poner un límite al proyecto original.

La senadora santacruceña agradeció al “pueblo argentino” y a los gobernadores que plantearon objeciones, aunque advirtió que parte del contenido de los capítulos eliminados podría tener relación con artículos que permanecieron en la iniciativa.

Marcelo Lewandowski también rechazó el proyecto y sostuvo que las modificaciones estaban pensadas “para que unos pocos millonarios se queden con los negocios”.

El caso Benegas Lynch

Otro de los protagonistas del debate fue Joaquín Benegas Lynch, senador de La Libertad Avanza.

Durante la sesión debió responder a un planteo opositor relacionado con su vinculación con Glocal Terra, una empresa dedicada al asesoramiento y comercialización de campos para clientes argentinos y extranjeros.

Benegas Lynch rechazó los cuestionamientos, los calificó como parte del “barro político” y lamentó que el oficialismo hubiera tenido que retirar el capítulo sobre tierras.

La controversia adquirió relevancia precisamente porque ese apartado buscaba flexibilizar las restricciones existentes sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Una mayoría construida más allá de LLA

El resultado final también permite observar cómo se construyó la mayoría.

Los votos propios de La Libertad Avanza no alcanzaban para aprobar la iniciativa. El oficialismo sumó el acompañamiento del PRO, un sector importante de la UCR y representantes de bloques provinciales.

El precio político de esos acuerdos quedó reflejado en el texto definitivo.

Primero cayó el capítulo de Tierras. Luego, ante nuevas dificultades para alcanzar una mayoría, fue eliminado el de Manejo del Fuego.

Recién entonces el oficialismo consiguió los 37 votos necesarios.

En la provincia de Buenos Aires esa división quedó resumida en sus tres representantes: Abad acompañó la versión modificada; Di Tullio y Wado de Pedro la rechazaron.

El proyecto obtuvo así media sanción, pero todavía no es ley. Ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde comenzará una nueva negociación para determinar si el texto aprobado por el Senado consigue convertirse definitivamente en norma.