Por: Dámaris Rolón

Mientras buena parte de la agenda política argentina estaba concentrada en el Congreso y en la discusión por la Ley de Tierras, otro movimiento pasó casi por debajo del radar.

El 23 de julio, el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario del foro “Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia”.

No fue una actividad marginal ni una reunión desarrollada en algún salón partidario. Se realizó dentro de uno de los principales ámbitos institucionales de la Ciudad y tuvo como anfitriona a Clara Muzzio, vicejefa del Gobierno porteño y presidenta de la propia Legislatura.

 

 

El encuentro fue organizado por Political Network for Values —PNfV— junto a Fundación Faro, Argéntea, Instituto Mises Cono Sur, Global Center for Human Rights y Fundación Free. La propia organización internacional presentó a Muzzio como anfitriona y describió el foro como un espacio destinado a articular políticas públicas sobre natalidad, familia e infancia.

Pero detrás de esos conceptos existe una agenda política mucho más amplia.

Political Network for Values forma parte de una extensa red internacional que milita contra el derecho al aborto y articula con sectores que cuestionan políticas de género, derechos de las diversidades y educación sexual.

Y en Buenos Aires consiguió algo especialmente significativo: ingresar directamente a una institución pública.

 

Muzzio, Santurio y funcionarios argentinos

Entre las figuras políticas vinculadas al encuentro estuvieron Muzzio y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, integrante del consejo asesor argentino de Political Network for Values.

También participaron Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y pastor evangélico; la senadora Carmen Álvarez Rivero; los diputados Joaquín Ojeda y Nahuel Sotelo; dirigentes locales y representantes de organizaciones extranjeras. La trama excedió incluso al Gobierno porteño.

Las publicaciones posteriores sobre la actividad señalaron también la participación del canciller Pablo Quirno en el acercamiento de funcionarios argentinos a la red, un movimiento que generó interrogantes sobre la posición que podría asumir el Gobierno nacional en foros internacionales vinculados a derechos sexuales y reproductivos.

Uno de esos debates es el eventual acercamiento argentino al denominado Consenso de Ginebra, una declaración internacional que rechaza considerar al aborto como un derecho humano y reivindica la potestad de cada Estado para restringirlo. Hasta ahora no existe un anuncio formal de adhesión argentina.

 

¿Qué se discutió dentro de la Legislatura?

Formalmente, el foro se presentó alrededor de tres grandes conceptos: caída de la natalidad, fortalecimiento de la familia y protección de la infancia.

La organización habló de generar políticas para afrontar la llamada “crisis demográfica”.

Pero las intervenciones y los antecedentes de quienes participaron provocaron una reacción inmediata de legisladoras feministas y de izquierda.

El bloque del Partido Obrero-Frente de Izquierda denunció que la Legislatura estaba siendo utilizada para promover una agenda destinada a cuestionar la Educación Sexual Integral y el aborto legal.

Vanina Biasi sostuvo que se había puesto una institución pública “al servicio de una organización internacional” que combate esos derechos. Amanda Martín advirtió que atacar la ESI también implica debilitar una herramienta utilizada para prevenir abusos, detectar violencias y garantizar educación científica.

 

 

Posteriormente fue presentado incluso un proyecto de declaración para repudiar institucionalmente la realización del foro.

El texto sostiene que el encuentro utilizó la preocupación por la baja natalidad como vehículo para cuestionar la ESI y la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esa caracterización pertenece a quienes impulsaron el proyecto de repudio, pero confirma hasta qué punto el encuentro generó una disputa dentro de la propia Legislatura.

 

¿Quién es Clara Muzzio?

Muzzio no es una legisladora más.

Es la vicejefa de Gobierno de Jorge Macri y, en esa condición, preside la Legislatura de la Ciudad.

 

 

En los últimos meses se convirtió además en una de las voces más explícitas dentro del PRO sobre cuestiones de natalidad, maternidad y políticas de género.

Sus intervenciones públicas sobre la disminución de nacimientos fueron acompañadas por cuestionamientos a determinados contenidos de la ESI y por un discurso que relaciona la crisis demográfica con transformaciones culturales contemporáneas. Página/12 describió ese proceso como la incorporación local de parte de la denominada “guerra cultural antiwoke”.

El encuentro del 23 de julio muestra que esas posiciones ya no se limitan a declaraciones personales.

Muzzio abrió institucionalmente un espacio para que una red internacional dedicada a esa agenda desembarcara en el Parlamento porteño.

 

El Gobierno porteño intentó tomar distancia

Después de la controversia, desde sectores del Gobierno de Jorge Macri buscaron despegarse de la actividad y sostuvieron que Muzzio había avanzado prácticamente por cuenta propia.

La Política Online reconstruyó esas internas bajo una fórmula particularmente gráfica: en el Ejecutivo porteño aseguraban que la vicejefa “se cortó sola”.

Pero la explicación deja abierta una pregunta política difícil de ignorar.

Muzzio no sólo integra el Gobierno.

Es vicejefa de la Ciudad y presidenta de la Legislatura.

Y el encuentro no ocurrió en una organización privada, una parroquia o un instituto partidario, sino dentro del propio Poder Legislativo porteño.

Por eso, aun cuando Jorge Macri no haya impulsado personalmente la actividad, resulta difícil considerarla completamente ajena al poder institucional de la Ciudad.

 

¿Qué es Political Network for Values?

La organización se define a sí misma como una plataforma internacional de representantes políticos y dirigentes de América, Europa y África dedicada a promover “vida, familia y libertad”.

 

 

Actualmente reúne actores de decenas de países y organiza encuentros dentro de parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo.

En su propio sitio puede rastrearse con claridad el universo político que la rodea.

José Antonio Kast, actual presidente de Chile, presidió Political Network for Values entre 2022 y 2024. Cuando asumió aquella función, la organización celebró su trayectoria como referente conservador y posteriormente festejó públicamente su triunfo presidencial.

Antes de Kast, la conducción estuvo en manos de Katalin Novák, exministra de Familia del gobierno de Viktor Orbán y posteriormente presidenta de Hungría entre 2022 y 2024.

La actual presidencia corresponde al eurodiputado croata Stephen Bartulica, integrante del espacio de Conservadores y Reformistas Europeos.

No se trata, por lo tanto, de una ONG dedicada únicamente a debatir políticas de natalidad.

Es una estructura de articulación política transnacional.

 

Kast, Orbán, Vox y la derecha europea

Los encuentros organizados por PNfV permiten observar su red de relaciones.

En febrero de este año realizó una cumbre en el Parlamento Europeo junto a los grupos European Conservatives and Reformists y Patriots for Europe.

Allí participaron Kast, Santiago Abascal, dirigentes vinculados al gobierno húngaro, representantes de Heritage Foundation y organizaciones religiosas y conservadoras de distintos países.

La conexión con Hungría tampoco es indirecta.

Además de la conducción que tuvo Katalin Novák, la red mantiene vínculos con dirigentes y fundaciones ligadas al espacio de Viktor Orbán. La propia PNfV reivindica las políticas familiares desarrolladas durante su gobierno.

 

Una integrante de la red y una de las leyes anti-LGBT más duras del mundo

Uno de los casos que muestra hasta dónde puede extenderse esta articulación es el de Lucy Akello, diputada de Uganda que ha participado en encuentros de Political Network for Values.

Akello respaldó la legislación anti-LGBTQ aprobada en Uganda, una norma que criminaliza las relaciones homosexuales y contempla incluso la pena de muerte en determinados supuestos definidos como “homosexualidad agravada”.

En febrero de 2026, Akello volvió a defender públicamente esa legislación durante una cumbre realizada en el Parlamento Europeo en la que participaba Political Network for Values.

La propia PNfV la incluye entre las figuras convocadas a sus cumbres internacionales.

Hay que hacer una distinción precisa: esto no significa que todos los integrantes de la red compartan cada disposición de la ley ugandesa.

Pero sí muestra la amplitud y radicalidad de algunos de los actores que encuentran dentro de esa estructura un ámbito común de articulación.

 

Fundación Faro: el nodo argentino

La llegada de esta red a Buenos Aires tuvo además un socio local particularmente importante: Fundación Faro.

Faro es una organización estrechamente vinculada al universo ideológico de Javier Milei y está conducida por Agustín Laje.

 

 

La propia fundación presenta a Laje como su director ejecutivo y define entre sus objetivos la promoción del liberalismo económico y de lo que denomina “valores históricos argentinos”.

En junio, la organización realizó un acto con presencia del propio Milei y otras figuras del pensamiento libertario.

Su participación como coorganizadora del foro muestra un puente entre dos universos que durante mucho tiempo aparecieron diferenciados: el ultraliberalismo económico y el conservadurismo religioso y cultural.

En la Argentina actual, esos espacios encuentran cada vez más puntos de contacto.

 

La batalla también es por la ESI

Uno de los blancos recurrentes de estos sectores es la Educación Sexual Integral. No se trata de un detalle lateral.

La ESI es una política establecida por la Ley 26.150 y contempla contenidos vinculados al conocimiento del cuerpo, prevención de abusos, salud sexual, vínculos, consentimiento y derechos.

Los grupos conservadores suelen presentarla como una herramienta de “adoctrinamiento” o como parte de lo que denominan “ideología de género”.

Las diputadas que repudiaron el foro señalaron precisamente que cuestionar la ESI es una pieza central de esta ofensiva.

Y esa discusión adquiere una dimensión especialmente delicada cuando deja los espacios militantes y entra a los propios organismos del Estado.

 

De la calle a las instituciones

Durante años, los movimientos que buscaron impedir la legalización del aborto estuvieron claramente identificados en Argentina con los pañuelos celestes, sectores eclesiásticos y organizaciones civiles.

La situación actual tiene una diferencia. Una parte de esa agenda encontró representación directa en gobiernos, legislaturas y estructuras estatales. En el Gobierno nacional, dirigentes de La Libertad Avanza reivindican abiertamente posiciones contrarias al aborto. En la Ciudad, Muzzio convirtió la cuestión de la natalidad en uno de sus temas políticos.

Y ahora una organización internacional que articula esos debates consiguió organizar un encuentro dentro de la Legislatura porteña.

Ese desplazamiento importa.

Porque ya no se trata simplemente de sectores conservadores ejerciendo su derecho a expresar determinadas posiciones.

Se trata de actores que buscan transformar esas ideas en políticas públicas.

 

 

Un dato para mirar con atención

La discusión tampoco debería quedar reducida a estar a favor o en contra de la maternidad o de políticas destinadas a facilitar que quienes quieran tener hijos puedan hacerlo.

Argentina enfrenta efectivamente una fuerte caída de la natalidad y es legítimo discutir políticas de vivienda, cuidados, salarios, licencias y condiciones materiales para formar una familia.

El problema aparece cuando ese diagnóstico se convierte en una plataforma para señalar como responsables al feminismo, al aborto legal, a la diversidad sexual o a la ESI.

Y, sobre todo, cuando detrás de ese discurso aparece una trama internacional cuyo programa político incluye retrocesos concretos en derechos sexuales y reproductivos.

Eso es lo que vuelve relevante lo ocurrido el 23 de julio. Political Network for Values llegó a Buenos Aires. Fundación Faro ayudó a abrirle la puerta. Dirigentes del PRO y La Libertad Avanza participaron. Y el encuentro se realizó dentro de una institución pública.

En un contexto internacional en el que derechos que parecían consolidados vuelven a discutirse, no es un episodio menor.

Es una trama que conviene empezar a mirar de cerca.