“¿Qué derechos tuvo mi hijo?” La pregunta de Patricia Orquin no espera una explicación jurídica. La pronuncia como la mamá de Germán Appella, después de más de dos años de convivir con una ausencia definitiva y de observar cómo el hombre acusado de haber provocado su muerte atraviesa el proceso bajo prisión domiciliaria.

En esa casa, la falta de Germán tiene muchos nombres. Es el hijo que ya no está para Patricia y Juan, su papá; el hermano que les falta a Brenda y Melisa; y el tío ausente en la vida de una sobrina todavía pequeña. No se trata únicamente de la silla vacía en las grandes fechas. Es todo aquello que la familia perdió para siempre: las conversaciones, los proyectos, las discusiones cotidianas y hasta la posibilidad sencilla de volver a compartir un mate.

“Él está en su casa, mirando televisión, compartiendo con su familia, pasando cumpleaños y fiestas, recibiendo a sus amigos. Y nosotros no vamos a tener nunca más a Germán. Nunca más un cumpleaños, nunca más una fiesta, nunca más tomar un mate. Nunca más nada”, expresó Patricia.

El viernes, a pocos días del comienzo del juicio, Patricia y Brenda recibieron a NdeN en la vivienda familiar. Durante más de una hora hablaron del expediente y de las pruebas, pero sobre todo de aquello que ningún expediente puede medir: el dolor de haber perdido a Germán, la manera en que Brenda y Melisa intentaron preservar a Patricia y Juan de las imágenes más terribles mientras toda la familia se sostenía como podía, la búsqueda de testigos y cámaras y la angustia de llegar a un debate sin saber si la respuesta judicial estará a la altura del daño causado.

El juicio contra Marcos Aprea comenzará este martes 11 de agosto, a las 11, en el Juzgado Correccional Nº 1 de Necochea. Está previsto que continúe los días 12 y 19 de agosto.

Aprea llega acusado de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol. La pericia toxicológica definitiva determinó que tenía 2,41 gramos de alcohol por litro de sangre y descartó la presencia de otras sustancias.

Para Patricia, lo ocurrido no fue un accidente. Ella utiliza la palabra “asesinato” desde su lugar de madre y a partir de su interpretación de la decisión de conducir en ese estado. La calificación legal con la que Aprea llega al debate, sin embargo, es homicidio culposo agravado, y será el juez quien deberá resolver su responsabilidad penal luego de escuchar a las partes, los testigos y los peritos.

“Queremos que pague con cárcel”

El pedido central de la familia es terminante: que, si Aprea es condenado, la pena no quede reducida al tiempo que ya pasó dentro de su casa y que cumpla un período efectivo de prisión en una unidad penitenciaria.

“Que cumpla y que pague, aunque sea un tiempo en la cárcel. Que vivencie eso”, reclamaron.

Para Patricia y Brenda, una muerte irreversible no puede tener como única consecuencia que el acusado permanezca en su vivienda, acompañado por su familia y atravesando allí cumpleaños, fiestas y reuniones. Durante la entrevista mencionaron Batán como el lugar concreto al que esperan que sea trasladado si recibe una condena de cumplimiento efectivo.

Patricia sabe que la figura penal contempla una pena de tres a seis años de prisión y que cualquier sentencia puede abrir nuevas instancias y apelaciones. No habla desde la ingenuidad. Su temor es que el paso del tiempo y las reglas del sistema terminen convirtiendo una muerte irreversible en una respuesta que la familia perciba como meramente simbólica.

“No tengo la esperanza de que suceda todo lo que queremos. Lo que le pedimos a la Justicia es que haga lo que tiene que hacer. Que, aunque sea, cumpla un tiempo en la cárcel”, afirmó.

La familia también reclama que Aprea no vuelva a conducir. Para ellos, una eventual inhabilitación limitada en el tiempo tampoco alcanzaría a representar la gravedad de lo ocurrido.

Ese pedido se apoya en un antecedente que NdeN pudo confirmar: Aprea ya había atravesado un episodio vial por el cual le retiraron el carnet de conducir y la licencia le había sido restituida poco tiempo antes de la muerte de Germán.

“Ya había tenido antecedentes por el mismo tema. Le habían sacado el carnet y se lo habían dado hacía muy poco tiempo. Y volvió a hacer lo mismo”, señalaron Patricia y Brenda.

La familia cuestiona que una persona con un antecedente de esas características pueda recuperar la licencia y reclama una inhabilitación que impida que Aprea vuelva a ponerse al volante. También pide que el sistema de otorgamiento y restitución de carnets sea revisado para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.

“Todos hablan de sus derechos: tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro. ¿Qué derechos tuvo mi hijo?”, preguntó Patricia. Su reclamo excede esta causa: considera que las penas previstas para los homicidios viales deben ser revisadas y que las víctimas no pueden atravesar el proceso con la sensación de estar menos protegidas que la persona acusada.

La noche del impacto: “En ningún momento se acercó”

Germán tenía 37 años. Durante la madrugada del 20 de junio de 2024, regresaba caminando acompañado por Agustina sobre la avenida 42, entre las calles 97 y 95, cuando fue embestido por el Honda Civic conducido por Aprea.

Germán podía haber regresado en un vehículo, pero no lo hizo. Había esperado a su acompañante y ambos intentaron conseguir un remis. Como nadie llegó, comenzaron a caminar hacia la avenida. Las veredas del sector, según sostuvo la familia y muestran los registros que revisaron, no estaban en condiciones de ser transitadas, por lo que avanzaban por el borde de la calzada.

El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad. La investigación no logró determinar con precisión la velocidad del Honda Civic, por lo que ese dato no debe darse por probado. Sí se incorporaron las imágenes, las pericias y los testimonios de cuatro personas que circulaban detrás y que, según la familia, presenciaron la secuencia completa.

Brenda vio el video. Lo observó como parte de una tarea dolorosa que asumió junto con su hermana: revisar pruebas, escuchar testimonios, buscar números telefónicos y recorrer la avenida 42 para localizar cámaras que permitieran reconstruir lo sucedido.

Su recuerdo de las imágenes no termina en el impacto. También alcanza a lo que ocurrió inmediatamente después.

“En ningún momento se acercó”, afirmó sobre Aprea. Según reconstruyó Brenda a partir del video, el automóvil se detuvo después de cruzar la calle 95 y el conductor permaneció a varios metros de donde habían quedado Germán y Agustina.

Quienes frenaron y realizaron los primeros llamados, aseguró, fueron las personas que circulaban en el vehículo que venía detrás. El joven que acompañaba a Aprea hizo un intento, siempre según el testimonio de Brenda y su lectura de las imágenes, pero no llegó hasta el lugar en el que se encontraban las víctimas.

“Se bajó del auto y se quedó ahí. Se asomó hasta la esquina y miró. Pero en ningún momento se acercó a ellos”, relató.

Para la familia, esa conducta forma parte de una herida que nunca fue reparada. No solo cuestionan la decisión previa de beber y conducir: también cargan con la imagen de Germán en el suelo y con la convicción de que quien lo había embestido no se acercó a asistirlo.

Brenda resumió así la decisión que, a su entender, precedió al hecho: “Sabía que había alcohol cero. Sabía que no se podía. Tomó la decisión consciente de beber y después tomó la decisión consciente de manejar”.

Esa es la interpretación de la familia. La valoración jurídica de la conducta, la mecánica del impacto y las circunstancias posteriores corresponderá al tribunal durante el debate.

“Nadie pidió disculpas”: el cuestionamiento a los testimonios de amigos

Durante la entrevista apareció repetidamente otra pregunta: si Aprea o alguna persona de su familia se acercó alguna vez a ellos.

La respuesta de Patricia y Brenda fue que no recibieron un pedido de disculpas personal que sintieran verdadero. Relataron que existió un intento de transmitir una disculpa durante una audiencia por intermedio de una abogada, pero no lo consideraron un gesto genuino de arrepentimiento.

“Una persona que está arrepentida realmente busca la forma de hacerlo notar”, sostuvo Patricia.

Brenda recordó además una audiencia del proceso civil en la que coincidió con el padre de Aprea y otras personas de su entorno. Según relató, nadie se acercó a ella. La experiencia fue especialmente dolorosa porque, mientras ella atravesaba una situación que describió como “horrible”, percibió al otro grupo conversando con normalidad y sin dirigirle una palabra.

“Nadie pidió disculpas. Nadie se acercó”, afirmó.

La familia también cuestionó las declaraciones que amigos de Aprea realizaron al comienzo de la causa. Según Patricia y Brenda, algunos hablaron del polvo, la visibilidad y lo ocurrido dentro del automóvil pese a no haber estado en el lugar del impacto. Por ese motivo, consideran que se trató de testimonios falsos.

“Los amigos declararon cosas que no son ciertas. No estuvieron en el lugar del hecho, no saben si había polvo o no, no saben absolutamente nada”, sostuvieron.

De acuerdo con el relato familiar, esas declaraciones no fueron consideradas relevantes para la acusación y no se avanzó contra sus autores para evitar que la causa principal se demorara o se desviara. Patricia afirmó, sin embargo, que todavía evalúa impulsar una denuncia por falso testimonio.

“Por ahora zafaron. Yo lo voy a pensar porque todavía tengo tiempo”, advirtió.

El falso testimonio es un delito, pero hasta el momento no existe una resolución judicial que determine que esos amigos lo hayan cometido. NdeN reproduce el señalamiento como parte del reclamo de Patricia y Brenda y sin identificar a las personas a las que hicieron referencia.

Lo que Patricia y Brenda expresan como una certeza emocional es otra cosa: después de más de dos años, no percibieron un arrepentimiento capaz de reconocer frente a ellas la dimensión del daño provocado.

Los llamados previos y un Estado que, para la familia, llegó tarde

El reclamo no se dirige únicamente contra Aprea. Brenda sostuvo que “hubo un montón de cosas que fallaron esa noche” y señaló responsabilidades estatales anteriores y posteriores al impacto.

Después de la muerte de Germán, la familia recibió mensajes de vecinos de la avenida 42. Según esos testimonios, desde aproximadamente las dos o tres de la madrugada habían advertido a Tránsito que, debido a una fiesta realizada en la zona, circulaban vehículos de manera peligrosa y a velocidades que consideraban inadecuadas.

La familia ya había denunciado públicamente la existencia de tres llamados previos. De acuerdo con su relato, pese a esos avisos no acudió personal de Tránsito ni un móvil de Seguridad o Prevención.

“Si los llamados están, si estaban avisando que había una fiesta y que salían autos conducidos por personas alcoholizadas, ¿por qué no fue nadie? No fue Tránsito, no fue Prevención, no fue nadie”, reclamó Brenda.

Para ellas, ese es uno de los interrogantes que Necochea no puede dejar fuera de la discusión. Los avisos, sostienen, fueron realizados antes del impacto. La respuesta estatal no llegó a tiempo para impedirlo.

A esa falta de controles suman el estado de las veredas, el pasto alto y la imposibilidad de circular a pie con seguridad por ese sector de la avenida. Brenda remarcó que las imágenes muestran a Germán y Agustina avanzando por el borde, no por el centro de la calle como se llegó a afirmar en algunas versiones.

Patricia cuestionó también que, mientras distintos medios publicaban y replicaban versiones sobre la muerte de Germán, ninguno se acercara a escuchar a la familia. “Nadie vino a decirme: ‘Usted como madre, usted como padre, ustedes como hermanas, ¿qué pasó?’. Con nosotros jamás nadie”, sostuvo. Según relató, ni ella, ni Juan, ni Brenda ni Melisa fueron consultados antes de que circularan afirmaciones que consideran falsas o equivocadas. Todavía se preguntan por qué se habló tanto del caso sin hablar con ellos y por qué la voz de quienes amaban a Germán y reclamaban justicia quedó fuera del relato.

La familia cuestiona además que aquella madrugada no hubiera un alcoholímetro disponible en Necochea y que el primer control se realizara varias horas después. El estudio toxicológico definitivo incorporado a la causa fijó la alcoholemia de Aprea en 2,41 g/l, el dato que deberá considerarse durante el juicio por encima de los resultados preliminares difundidos inicialmente.

“Ya fallamos desde el comienzo”, resumió Brenda.

La noticia que Patricia y Juan nunca debieron recibir de esa manera

Las fallas que denuncia la familia continuaron después del impacto. Patricia y Juan fueron convocados a una dependencia policial sin que les explicaran qué había sucedido. No los enviaron al hospital ni les anticiparon que su hijo había muerto. Los hicieron llegar a la comisaría y allí recibieron la noticia.

Patricia todavía recuerda las palabras utilizadas y la falta de contención. Juan es cardíaco y ambos estaban solos frente a una comunicación capaz de partirles la vida.

“La forma fue espantosa. Nadie pensó que estaban llamando a dos padres ni sabía que mi marido era cardíaco. No se puede creer cómo nos dieron la noticia”, contó.

Según relató, tampoco recibieron inicialmente un vaso de agua. Recién cuando se sintió descompuesta mientras salía de la dependencia alguien se acercó a asistirla.

Brenda no desconoce la carga de trabajo de policías, fiscales y funcionarios judiciales, pero reclama un trato diferente hacia quienes llegan a esas instituciones en el peor momento de sus vidas.

“Les falta mucha empatía. Te hablan desde atrás de un escritorio como si no pasara nada. Seguramente tienen muchos casos, pero del otro lado hay una familia atravesando algo terrible”, expresó.

El juicio abreviado y la decisión de exponer las pruebas

La proximidad del debate tampoco trajo tranquilidad. En los últimos días, la familia fue informada de una posible postergación porque el juez Ernesto Juliano debía intervenir como suplente en otra causa. En paralelo, se evaluó la posibilidad de resolver el expediente mediante un juicio abreviado.

Patricia y Brenda salieron de una reunión con el fiscal atravesadas por la incertidumbre. No tenían la certeza de que Aprea fuera a cumplir una pena en una cárcel ni siquiera si aceptaban un acuerdo. Tampoco sabían cuánto podría demorarse una nueva fecha en caso de suspensión.

En aquella conversación, Patricia hizo una pregunta directa: si la familia aceptaba el juicio abreviado y se firmaba el acuerdo, ¿Aprea sería trasladado inmediatamente a Batán? Según relató, la respuesta fue que no podían garantizarlo, porque la defensa todavía tendría la posibilidad de apelar y el cumplimiento efectivo podía demorarse durante meses o años.

“Si se firma el acuerdo, ¿él se va a Batán?”, preguntó. La respuesta incierta reforzó la decisión familiar de no aceptar una salida que pudiera concluir con Aprea permaneciendo en su casa.

“Nos fuimos enojados, llorando, con una incertidumbre terrible. No sabés qué hacer, a quién llamar, si cortar la calle, si convocar una marcha. No tenés idea de nada”, recordó Brenda.

Después de conversar con sus representantes legales, la familia resolvió rechazar el juicio abreviado y sostener el pedido de un debate oral y público.

“Nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo. Queremos ir al debate”, afirmaron.

Para Patricia y Brenda, el juicio significa la posibilidad de escuchar a los testigos, observar cómo se analiza cada prueba y evitar que el caso se cierre sin que la secuencia completa sea expuesta ante el tribunal.

La decisión no garantiza el resultado que esperan. Tampoco elimina la posibilidad de apelaciones. Pero representa, para ellas, el derecho a que la muerte de Germán no se reduzca a un expediente resuelto lejos de la mirada pública.

Germán, mucho más que una víctima

Germán era profesor de Historia, preceptor, periodista deportivo y un lector incansable. Trabajaba en el Instituto Humboldt y en el Colegio Capuchinos, cuyas comunidades acompañaron a la familia desde el primer momento.

Sus alumnos, compañeros y familias todavía se acercan a contar anécdotas. Patricia conserva especialmente una frase que escuchó después de la muerte de su hijo: “Germán era un prolijo. Hizo todo bien en esta vida”.

En la intimidad familiar lo llamaban, con cariño y algo de humor, “el señor perfecto”. Era quien retaba a los demás si cruzaban una calle fuera de la esquina. Cuando circulaba en bicicleta, esperaba el semáforo. Si salía, elegía no manejar después de beber.

“No sabés cómo nos retaba. Nos decía que teníamos que llegar hasta la esquina y cruzar por la senda peatonal. Ahora, cuando vamos por el centro, caminamos hasta la esquina y pensamos en él”, relató Patricia.

Su ausencia se extiende en todas las direcciones. Juan y Patricia perdieron a un hijo presente. Brenda y Melisa, a su hermano. Su sobrina pequeña crecerá sin poder compartir con él todo aquello que la familia imaginaba. Y cientos de estudiantes dejaron de encontrarse en las aulas con un docente al que recuerdan por su compromiso y su calidez.

“Hizo todo bien hasta el último momento”, resumió su mamá.

Una plaza, sus libros y el lugar elegido para recordarlo

En 2023, Germán había viajado con parte de su familia por Traslasierra. Al llegar a Nono, quedó cautivado por una plaza rodeada de árboles, artesanos y montañas. Les dijo que allí sentía una paz especial y que podría imaginarse viviendo en ese pueblo.

Después de su muerte, la familia decidió llevar sus cenizas a aquel lugar. Cerca había un cartel con la inscripción “Paseo de la Memoria”, un mástil con la bandera argentina, una biblioteca popular y una feria de libros. Para ellos, todo parecía hablar de Germán: había muerto un 20 de junio, era profesor de Historia y amaba leer.

“Ahí supimos que era el lugar”, recordó Patricia.

Desde entonces regresan a esa plaza. Se sientan, observan el árbol que crece y encuentran una forma de sentirse cerca de él. Pero la paz de ese sitio no borra la necesidad de una respuesta judicial.

“Hasta que se haga justicia”

El reclamo de Patricia y Brenda no termina en una condena. También pide controles efectivos, campañas permanentes, transporte disponible durante la noche, veredas transitables y una discusión legislativa seria sobre las penas de los homicidios viales.

“Más allá de que Aprea pague, queremos que se tome conciencia. Que la gente, antes de tomar un fernet o una cerveza y después subir a un auto, piense un segundo”, pidió Brenda.

Ese segundo, advirtió, puede evitar una muerte y la destrucción de varias familias.

Patricia publica todos los días una fotografía de Germán acompañada por dos frases: “Prohibido olvidar” y “Justicia por Germán”. A veces recibe apenas tres, cuatro o cinco corazones. No importa. Lo seguirá haciendo.

“Hasta que termine todo esto voy a seguir publicándolo. Lo voy a hacer hasta que se haga justicia”, afirmó.

La responsabilidad penal de Aprea deberá ser resuelta por el tribunal sobre la base de las pruebas. Pero hay algo que no está en discusión: Germán murió, su familia lo perdió para siempre y desde hace más de dos años espera una respuesta que no convierta el proceso en una nueva forma de dolor.

Este martes, la familia de Germán llegará al juicio acompañada por su memoria y por una pregunta que atraviesa toda la entrevista: “¿Qué derechos tuvo mi hijo?”.

El pedido es tan sencillo como inmenso: que haya justicia y que, esta vez, la Justicia no vuelva a ser injusta con quienes ya lo perdieron todo.