Tras los alegatos de la Fiscalía y de la querella, fue el turno de Julio Razona, abogado defensor de Marcos Aprea, en el juicio por la muerte de Germán Appella.

A diferencia de la acusación, que pidió prisión efectiva y sostuvo el agravante del alcohol, la defensa apuntó contra la validez del procedimiento, las pericias de alcoholemia y la forma en que esos resultados fueron incorporados al debate.

Razona comenzó su exposición reconociendo el dolor de la familia Appella, pero sostuvo que en el juicio debía prevalecer el principio de certeza.

“Sobre todas las cosas tiene que prevalecer el principio de certeza y el principio de in dubio pro reo a favor de mi defendido”, planteó ante el juez Ernesto Juliano.

El pedido para quitar el agravante del alcohol

El eje central del alegato defensivo fue el pedido para que no se aplique el agravante del artículo 84 bis del Código Penal, vinculado a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Razona sostuvo que la acusación no logró probar con certeza cuál era el nivel de alcohol en sangre de Aprea al momento del hecho. En ese punto, cuestionó la diferencia entre el resultado del test por aire, que arrojó 1,54, y el análisis de sangre, que determinó 2,41 gramos de alcohol por litro.

“No se puede utilizar un resultado que sea el más idóneo para acusar, porque acá se generan un montón de dudas en cuanto al resultado, en cuanto a la ingesta, en cuanto al nivel de alcohol en sangre que tenía mi defendido”, sostuvo.

Para la defensa, esa diferencia no puede resolverse en contra del imputado.

“La incertidumbre científica nunca puede transformarse en certeza judicial”, afirmó Razona, en uno de los tramos más fuertes de su exposición.

“Las pruebas fueron hechas defectuosamente”

El abogado también cuestionó el modo en que se realizaron las pruebas de alcoholemia. Según planteó, el test por aire debió hacerse con dos mediciones separadas por un intervalo de tiempo y no en un único acto.

“El personal dedicado a esto sabía que había que hacer las dos mediciones, pero hicieron una sola”, expresó.

También sostuvo que, en el caso de la extracción de sangre, no se garantizó una contraprueba para la defensa.

“No tuvo la defensa la oportunidad de controlar esta contraprueba”, dijo Razona, al remarcar que ese punto afectó la posibilidad de discutir técnicamente el resultado.

En esa línea, afirmó que “no existe evidencia alcoholimétrica legalmente producida con las condiciones básicas para el control de las pruebas”.

Críticas al acta y al procedimiento policial

Otro de los puntos del alegato estuvo puesto en el acta de procedimiento realizada en el lugar del hecho. Razona sostuvo que fue elaborada sin cumplir con las formalidades legales y sin testigos hábiles, pese a que, según dijo, había personas presentes.

“El primer acto procesal, que es el acta en el lugar del hecho, es de suma importancia para la claridad del proceso”, remarcó.

El defensor sostuvo que el acta policial presentaba contradicciones con los testimonios de personas que estuvieron en el lugar y asistieron a la víctima y a su acompañante.

También planteó que Aprea no intentó escapar.

“Se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento”, afirmó, y agregó que su defendido incluso se habría ofrecido a llevar a la víctima al hospital.

“Una cosa es demostrar que había tomado alcohol y otra demostrar el grado”

Razona aclaró que su planteo no buscaba negar que Aprea hubiera consumido alcohol, sino discutir si la prueba permite sostener el agravante penal.

“Una cosa es demostrar que mi cliente había tomado alcohol y otra demostrar el grado de alcoholemia”, expresó.

Para el abogado, las observaciones de testigos sobre olor a alcohol, nerviosismo o dificultad para hablar no alcanzan para fundar una agravante penal.

“Eso no puede suplir un informe científico”, sostuvo.

Y agregó: “No se lo puede condenar por conjeturas; debe prevalecer el principio in dubio pro reo”.

El pedido de la defensa

En el cierre de su alegato, Razona pidió que el juez tenga en cuenta las irregularidades que, según su postura, atravesaron el procedimiento: el acta inicial, la falta de control de la defensa sobre las pericias, la ausencia de contraprueba, los cuestionamientos a la alcoholemia y la imposibilidad de determinar con precisión la velocidad.

También solicitó que, si Aprea es condenado a una pena privativa de la libertad, se considere su falta de antecedentes penales, su conducta durante el proceso y su situación actual.

En ese sentido, pidió que continúe con prisión domiciliaria y no sea trasladado a una unidad carcelaria.

“El fin de la pena es la resocialización del condenado”, sostuvo Razona, al rechazar que una eventual condena deba cumplirse en una cárcel.

Tras los alegatos de todas las partes, la decisión quedó en manos del juez Ernesto Juliano, quien leerá la sentencia el lunes 24 de agosto, a las 13.