Las empresas deberán presentar sus descargos y explicar detalladamente qué criterios utilizan para establecer las tasas de interés y cómo se compone el costo financiero total de los préstamos. Si se comprueban infracciones, podrían recibir multas de hasta $1.883 millones y quedar obligadas a revertir los incumplimientos.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, informó que la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor recibió durante el primer semestre de 2026 un total de 2.240 denuncias contra las seis empresas alcanzadas.
Los reclamos incluyen presuntos incumplimientos de la normativa, acoso y hostigamiento, particularmente durante los procesos de cobranza de deudas.
“Las acciones ya están en curso”, afirmó Costa. Las plataformas deberán presentar sus descargos antes de que la Provincia determine si existieron infracciones y corresponde aplicar sanciones.
El monto de $1.883 millones representa el máximo previsto para las eventuales multas. Por el momento, no existe una sanción firme contra las empresas investigadas.
Uno de los principales puntos bajo análisis será la forma en que las billeteras y plataformas financieras ofrecen créditos a sus usuarios.
La Provincia buscará conocer:
Costa advirtió que algunas plataformas permiten solicitar préstamos “en tres clics”, pero sin exhibir de manera suficientemente clara todas las condiciones antes de confirmar la operación.
El ministro también aseguró que se detectaron créditos con tasas superiores al 1.000% anual y anticipó que se analizará si las plataformas utilizan información sobre ingresos, hábitos de consumo y capacidad de pago para establecer condiciones diferentes entre usuarios.
La investigación también alcanzará las prácticas aplicadas cuando una persona deja de pagar una deuda.
Según explicó Costa, existen denuncias contra empresas tercerizadas que contactan a familiares, amigos y lugares de trabajo de los deudores. En algunos casos, los mensajes incluyen información o capturas relacionadas con la deuda contraída.
Estas conductas podrían vulnerar el derecho al trato digno, la privacidad y la protección de los datos personales de los usuarios.
El Gobierno bonaerense no tiene facultades para establecer límites generales a las tasas de interés, determinar encajes o imponer regulaciones financieras sistémicas. Esas atribuciones corresponden al Banco Central de la República Argentina.
Sin embargo, la Provincia puede intervenir mediante la Ley de Defensa del Consumidor cuando detecta falta de información, cláusulas abusivas, costos ocultos, diferencias injustificadas entre usuarios o procedimientos de cobranza hostigantes.
La investigación buscará establecer si las personas conocen efectivamente cuánto deberán pagar antes de aceptar un crédito y si las condiciones contractuales respetan la normativa vigente.
Los anuncios fueron realizados por el gobernador Axel Kicillof y Augusto Costa en el contexto del crecimiento del endeudamiento familiar.
Kicillof sostuvo que el 60% de la población adulta del país está endeudada y que alrededor de seis millones de personas se encuentran en situación de mora. También vinculó el incremento de las deudas con la caída de los ingresos y la necesidad de financiar alimentos, medicamentos, alquileres y otros gastos básicos.
El último informe sobre bancos publicado por el Banco Central confirmó que la morosidad de los créditos otorgados a las familias llegó al 12,8% en mayo de 2026. En diciembre de 2023 se encontraba en el 2,8%, por lo que el indicador casi se quintuplicó en ese período.
El organismo nacional aclaró, no obstante, que durante los últimos meses se produjo una moderación en el ritmo mensual de crecimiento de la mora.
En mayo, la Provincia ya había iniciado una actuación de oficio contra Mercado Libre después de detectar más de diez cláusulas presuntamente contrarias a la Ley de Defensa del Consumidor.
Entre los cuestionamientos aparecían condiciones que no explicaban con claridad determinados costos y disposiciones que trasladaban responsabilidades de seguridad a los usuarios.
Costa aseguró que, tras la intervención provincial, Mercado Pago modificó sus términos y condiciones para todo el país. El Gobierno bonaerense presentó ese antecedente como una demostración de los cambios que pueden lograrse mediante las herramientas de Defensa del Consumidor.
Los usuarios que detecten cobros desconocidos, falta de información, incumplimientos contractuales o prácticas de cobranza abusivas pueden iniciar gratuitamente un reclamo mediante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.
Para completar la presentación es recomendable conservar:
También se puede recurrir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor correspondiente al lugar de residencia.