La Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina llevaron a la Justicia el proyecto inmobiliario La Reserva Explanada, previsto sobre el frente costero del barrio Alfar de Mar del Plata, y solicitaron la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental otorgada por el EMSUR.

La acción fue presentada contra la Municipalidad de General Pueyrredón y, como medida cautelar, los demandantes pidieron que se suspendan los efectos de la autorización ambiental y se prohíba realizar obras, movimientos de suelo, tareas preparatorias, reservas, preventas, publicidad o cualquier otra acción comercial vinculada con el emprendimiento mientras se resuelve el fondo de la causa.

Según la demanda, el proyecto se encuentra en un área ambientalmente sensible, lindera al arroyo Corrientes, al mar y a la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur.

 

 

Qué proyecto se pretende construir en el barrio Alfar

La documentación judicial describe a La Reserva Explanada como un emprendimiento residencial proyectado sobre un predio de poco más de 60 mil metros cuadrados, ubicado a la altura del kilómetro 530 de la Ruta 11.

La presentación judicial original señala que el proyecto contemplaba inicialmente nueve edificios multifamiliares, con planta baja y tres pisos, una superficie residencial cubierta superior a los 39 mil metros cuadrados, estacionamientos subterráneos y unas 198 unidades habitacionales, con una población estimada cercana a las 600 personas.

Sin embargo, la propia demanda sostiene que documentos posteriores ya muestran cambios respecto del proyecto originalmente evaluado. Entre ellos, cita un estudio de cono de sombra de enero de 2025 que reflejaría una implantación de ocho edificios, una de las inconsistencias que los demandantes utilizan para cuestionar que la evaluación ambiental realizada coincida con el proyecto que finalmente podría ejecutarse.

 

Los argumentos para pedir la nulidad de la autorización ambiental

La demanda plantea una extensa serie de cuestionamientos al procedimiento mediante el cual el EMSUR otorgó la Declaración de Impacto Ambiental en diciembre de 2025.

Uno de los principales argumentos sostiene que la Ordenanza 25.848, que estableció indicadores urbanísticos específicos para el predio, no habría contado con la convalidación provincial que —según la interpretación de los demandantes— exige la legislación bonaerense para ese tipo de regulación territorial.

También cuestionan que la Declaración de Impacto Ambiental haya sido otorgada sobre un proyecto que posteriormente debería ser modificado para adecuarse a las restricciones fijadas por la Autoridad del Agua.

 

 

Según la presentación, la ADA terminó estableciendo una restricción de 150 metros desde la línea de ribera del mar y otra de 30 metros desde el borde superior del arroyo Corrientes, dentro de las cuales no podrían ejecutarse construcciones permanentes.

 

La línea de ribera, uno de los puntos centrales del conflicto

Otro de los cuestionamientos se concentra en la delimitación de la línea de ribera, es decir, el límite que permite determinar hasta dónde llega el dominio público costero y desde qué punto se aplican las restricciones para construir.

Los actores sostienen que el procedimiento se apoyó en una demarcación realizada en 2012 y aprobada en 2014, pese a que la legislación establece su actualización periódica y existen informes técnicos posteriores que advierten cambios en el frente costero.

La demanda cita además un informe de la Autoridad del Agua de 2022 que, según la interpretación de los actores, ubicaría la línea costera más hacia el interior que la utilizada en el procedimiento ambiental.

Por ese motivo, sostienen que no existiría certeza suficiente sobre qué porción del predio está efectivamente habilitada para construir.

 

El arroyo Corrientes y la Reserva Costanera Sur

La presentación judicial también cuestiona la falta de una demarcación actualizada de la franja de protección del arroyo Corrientes, curso de agua que atraviesa el sector donde se proyecta el emprendimiento.

A esto suma otro problema: la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur, creada en 1995, no tendría todavía una mensura definitiva.

Según los demandantes, esa situación impide establecer con precisión dónde termina el dominio privado y dónde comienza el espacio público municipal.

Para los actores, autorizar un proyecto de esta magnitud sin tener completamente definidos esos límites constituye una aplicación insuficiente del principio precautorio que rige en materia ambiental.

 

El cuestionamiento por árboles, médanos y movimientos de suelo

La demanda también pone el foco sobre las intervenciones previstas y aquellas que, según los demandantes, ya se habrían realizado en el terreno.

La documentación menciona que el proyecto contempla la extracción de aproximadamente 750 árboles y señala que ya se habrían realizado tareas vinculadas con remoción y trasplante de ejemplares, fijación de médanos y movimientos de suelo.

Los actores sostienen que algunas de esas intervenciones habrían comenzado antes de contar con la autorización ambiental definitiva.

La nota elaborada a partir de la presentación judicial incluye además una imagen aérea del predio donde puede observarse un sector ampliamente despejado y maquinaria trabajando sobre el terreno.

 

Cuestionan la falta de estudios ambientales

Entre las objeciones técnicas, la demanda sostiene que el Estudio de Impacto Ambiental presenta omisiones vinculadas con:

• el impacto de los subsuelos y estacionamientos subterráneos;
• la afectación del acuífero costero;
• la impermeabilización del suelo y el aumento de la escorrentía;
• la erosión costera y el retroceso de la línea de costa;
• el impacto sobre fauna y vegetación;
• la incorporación de población permanente;
• y la falta de un estudio de impacto arqueológico específico.

En este último punto, los demandantes mencionan la cercanía de un sitio arqueológico vinculado al arroyo Corrientes y sostienen que el proyecto requería una evaluación especializada antes de avanzar.

 

Piden una cautelar para evitar “hechos consumados”

Uno de los puntos centrales de la presentación es la solicitud de una medida cautelar urgente.

La Asamblea Playas del Sur y Surfrider pidieron a la Justicia que ordene:

• la suspensión inmediata de la Declaración de Impacto Ambiental;
• una prohibición de innovar sobre el predio;
• el freno de obras y movimientos de suelo;
• la suspensión de preventas, reservas y publicidad;
• la anotación de litis sobre los inmuebles involucrados;
• y que la Municipalidad informe si existen operaciones comerciales vinculadas al emprendimiento.

Los demandantes argumentan que el proyecto ya estaría siendo comercializado por distintas inmobiliarias y que esa situación podría generar derechos o expectativas de terceros antes de que exista una sentencia definitiva.

 

 

Una causa que pone bajo revisión el desarrollo de la costa sur

La causa quedó planteada como una pretensión anulatoria contra la Municipalidad de General Pueyrredón.

La Justicia deberá resolver primero sobre las medidas cautelares solicitadas y, posteriormente, sobre el cuestionamiento de fondo a la Declaración de Impacto Ambiental.

Mientras tanto, el conflicto vuelve a colocar en el centro del debate el modelo de urbanización de las playas del sur de Mar del Plata y la relación entre desarrollo inmobiliario, protección ambiental, acceso público a la costa y preservación de los espacios naturales.