El conflicto entre la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) sumó un nuevo capítulo en el puerto de Bahía Blanca, donde la entidad empresaria denunció demoras logísticas y pidió la intervención de la autoridad laboral nacional.

Según la cámara, la situación afecta especialmente al complejo portuario bahiense, donde habría más de 400 camiones demorados en inmediaciones del puerto. La CPPC atribuyó el problema a una presunta falta de acatamiento de la conciliación obligatoria dictada el pasado 19 de agosto por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

Desde URGARA, en cambio, rechazaron la acusación y negaron haber roto la conciliación. El gremio sostuvo que el conflicto salarial continúa sin resolución y cuestionó la versión empresaria sobre la magnitud de las demoras.

Qué denuncia la Cámara de Puertos Privados

La CPPC expresó su “profunda preocupación” por lo que considera una falta de cumplimiento de la conciliación obligatoria y presentó una denuncia formal ante la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro.

De acuerdo con la entidad empresaria, en el puerto de Bahía Blanca delegados gremiales habrían comunicado a las terminales la decisión de no realizar horas extraordinarias y de impedir reemplazos o derivaciones de personal entre distintos sectores.

La cámara reconoció que las horas extra son opcionales por ley, pero sostuvo que en la operatoria agroexportadora forman parte de una práctica habitual dentro de un esquema de trabajo continuo. Según su planteo, la negativa a cubrir esas tareas afectaría la recepción de mercadería, la descarga de camiones y el cumplimiento de compromisos de exportación.

En ese marco, la CPPC aseguró que ya se registran más de 400 camiones varados o con fuertes demoras en las inmediaciones del puerto bahiense.

La respuesta de URGARA

Desde URGARA, en cambio, negaron haber incumplido la conciliación obligatoria. Según publicó La Nación, fuentes del gremio afirmaron que “no se rompió la conciliación” y acusaron a las empresas de presionar a trabajadores que se encontraban en franco para que se presentaran a cumplir tareas.

El sindicato también rechazó el número de camiones demorados informado por la cámara y lo calificó como un “invento”.

La posición gremial se enmarca en una discusión salarial que viene de semanas atrás. URGARA había anunciado un paro nacional en las terminales portuarias, pero la medida quedó frenada luego de que el Gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria por 15 días.

La discusión salarial de fondo

El conflicto tiene como eje la negociación paritaria entre el gremio de recibidores de granos y las empresas del sector portuario privado.

La CPPC sostiene que presentó una oferta salarial para el período enero-diciembre de 2026 que llevaría el incremento acumulado al 31,99%, por encima de la inflación anual proyectada por el Gobierno nacional y organismos técnicos. Además, planteó el pago de una suma extraordinaria de hasta $359.095 para la tercera categoría, con montos proporcionales para las restantes.

URGARA, por su parte, había señalado que el reclamo “sigue intacto” y que la pérdida salarial de mayo, junio, julio y agosto no fue compensada. El gremio advirtió que la conciliación obligatoria frenó la medida de fuerza formal, pero no resolvió el problema de fondo.

Un conflicto que vuelve a encender alertas en los puertos cerealeros

Aunque el foco actual está puesto en Bahía Blanca, el conflicto vuelve a exponer la sensibilidad de la cadena logística agroexportadora en los puertos del sur bonaerense.

La operatoria cerealera depende de una coordinación constante entre trabajadores, empresas, transportistas, acopios, productores y exportadores. Por eso, cualquier demora en la recepción de camiones puede trasladarse rápidamente al ritmo de carga de buques y a los compromisos comerciales.

En la región, Puerto Quequén ya había atravesado meses atrás un escenario de tensión logística por el conflicto de transportistas, que afectó el ingreso de granos y generó preocupación en plena cosecha. 

La definición quedará ahora en manos de la autoridad laboral nacional, que deberá evaluar si las conductas denunciadas por la cámara constituyen una medida de fuerza encubierta durante la conciliación obligatoria o si forman parte de derechos laborales individuales, como sostiene el sector gremial.