
La presentación, fechada el 24 de agosto de 2026 y firmada por el secretario general del gremio, Gastón Díaz, consta de seis páginas y lleva un encabezado contundente: “Denuncia trato discriminatorio y arbitrario en la asignación de horas extras en la Dirección de Tránsito. Solicita cese inmediato y reparto equitativo. Declara estado de alerta. Formula apercibimiento”.
El documento sostiene que se estarían produciendo prácticas “arbitrarias, discrecionales y violatorias” del Convenio Colectivo de Trabajo 25/17, particularmente en la distribución de horas extras entre los trabajadores.
Uno de los señalamientos más graves del escrito tiene que ver con un supuesto mecanismo que vincularía la asignación de horas extras con la cantidad de infracciones realizadas por los inspectores.
Según afirma el STM, existiría un registro o sistema informático mediante el cual se contabilizarían las infracciones labradas por cada trabajador y se les asignaría un puntaje diferente de acuerdo con el tipo de acta.
“De ese puntaje termina dependiendo, en los hechos, el reparto de las horas extras”, sostiene la presentación.
Para el sindicato, esta metodología desvirtuaría la función de la Dirección de Tránsito, al transformar una tarea destinada a la prevención y seguridad vial en una suerte de objetivo de producción.
“La infracción es una herramienta con la que cuenta el inspector cuando corresponde aplicarla, no un objetivo de gestión, y mucho menos una meta que cada trabajador deba cumplir para conservar su ingreso”, plantea el documento.
El gremio advierte además que una eventual relación entre la cantidad de actas y los ingresos de los inspectores podría afectar la imparcialidad con la que deben desempeñar su tarea frente a los vecinos.
El segundo eje de la denuncia apunta directamente a la forma en que se distribuirían las horas extraordinarias.
El STM sostiene que Sergio Nicolás asignaría las horas extras de acuerdo con su relación personal con cada empleado, provocando que un trabajador pueda realizarlas durante un mes y perderlas al siguiente sin que hayan cambiado las necesidades del servicio ni su desempeño.
El sindicato remarca que las horas extras representan una parte importante del ingreso mensual de numerosos trabajadores municipales y asegura que su quita puede tener un impacto considerable sobre la economía familiar.
En ese sentido, aclara expresamente que el reclamo no busca el pago de horas extras no trabajadas ni diferencias salariales, sino que exige criterios equitativos para su distribución.
“Lo que se reclama es equidad en el reparto y el fin de un manejo arbitrario. Nada más, y nada menos”, señala el escrito.

La presentación incorpora además otra acusación: el gremio sostiene que existirían trabajadores a quienes se les habrían negado horas extras después de utilizar derechos contemplados en el Convenio Colectivo.
Entre los casos mencionados aparecen licencias por razones particulares, vacaciones, actividad gremial o incluso desacuerdos con el director.
Para el STM, de comprobarse estas situaciones constituirían “sanciones encubiertas”, ya que tendrían una consecuencia económica sin que exista un procedimiento disciplinario previo.
El sindicato encuadra además parte de las conductas denunciadas dentro de las disposiciones del Convenio Colectivo referidas a violencia laboral, trato digno y condiciones equitativas de trabajo.

La denuncia escrita no habría sido el primer planteo realizado por los trabajadores.
Según el documento, los delegados del sector elevaron el reclamo “en no menos de cinco oportunidades” de manera verbal y mantuvieron reuniones en la Secretaría de Gobierno.
El STM afirma incluso que Sergio Nicolás participó de algunas de esas reuniones y que allí se le manifestó personalmente el cuestionamiento sobre la manera en que conducía el área.
“Nada cambió. La conducta se mantuvo igual, y se mantiene hasta hoy”, expresa la presentación para justificar la decisión de formalizar el reclamo por escrito.
El documento también informa que el viernes 21 de agosto el sindicato mantuvo una reunión con trabajadores de Tránsito. De acuerdo con el STM, quienes participaron manifestaron su disconformidad con el manejo del director y ratificaron los hechos posteriormente incorporados a la denuncia.
Como prueba, el gremio ofrece el testimonio de la totalidad de los trabajadores firmantes, quienes —según se señala— se encuentran a disposición de la Secretaría de Gobierno para declarar.
La presentación está dirigida a Jorge Martínez por su condición de secretario de Gobierno y superior jerárquico de la Dirección de Tránsito.
Concretamente, el sindicato solicita el cese inmediato de las prácticas denunciadas, que las horas extras sean distribuidas “en forma equitativa e igualitaria” y que esa asignación no tenga relación con la cantidad de infracciones realizadas por cada trabajador.
También reclama que se termine con cualquier sistema de puntaje utilizado para evaluar a los inspectores en función de las actas labradas y pide que la Secretaría de Gobierno informe qué medidas adoptará ante la situación.
El documento concluye con una decisión gremial concreta: el STM declaró el estado de alerta de los trabajadores de la Dirección de Tránsito.
Además, formuló un apercibimiento a la Secretaría de Gobierno.
El sindicato anticipó que, en caso de no cesar las conductas denunciadas, hará pública la presentación y dará a conocer su acusación sobre el presunto vínculo entre las infracciones y las horas extras.
También advirtió que podría formular una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por presunta violencia y acoso laboral, además de cualquier otra conducta que considere susceptible de ser denunciada.
De esta manera, un conflicto que, según el propio sindicato, llevaba tiempo siendo planteado internamente quedó ahora plasmado en una denuncia administrativa formal de seis páginas dirigida al Gobierno municipal, con trabajadores dispuestos a prestar testimonio y el sector declarado en estado de alerta.
Las acusaciones contenidas en el documento corresponden a la presentación realizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales y deberán ser respondidas por las autoridades municipales y el funcionario señalado.