El 2 de abril de 2025, Milei sostuvo que el objetivo debía ser construir una Argentina tan próspera que los habitantes de las islas quisieran algún día ser argentinos.
“Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”, dijo entonces.
Y agregó que buscaba una Argentina tan exitosa que “ellos prefieran ser argentinos”, incluso sin necesidad de “disuasión o convencimiento”.
El discurso completo de 2025 todavía está disponible en la web oficial de Casa Rosada.
Este jueves 3 de septiembre de 2026, en cambio, Milei habló otro idioma.

“Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”, afirmó en cadena nacional.
También sostuvo que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
No es solamente un endurecimiento retórico.
En 2025, Milei colocaba la eventual voluntad de los isleños en el centro de su estrategia política. En 2026 adoptó de manera explícita uno de los fundamentos históricos de la posición argentina: que existe una disputa de soberanía y que el principio de autodeterminación no puede utilizarse para resolverla.
El discurso oficial del 3 de septiembre deja constancia de ese cambio.
Un giro que no ocurrió de un día para el otro
La transformación, sin embargo, fue gradual.
El 2 de abril de 2026, cinco meses antes de la última cadena nacional, Milei ya había comenzado a modificar su discurso.
Ese día volvió a hablar de una “situación colonial especial y particular”, citó las resoluciones de Naciones Unidas y cuestionó la explotación unilateral de recursos naturales en las islas.
También mencionó por nombre a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion, y adelantó que Argentina respondería diplomáticamente frente a ese avance.
Por eso, más que un giro súbito, puede hablarse de una evolución en tres tiempos.
En abril de 2025, Milei planteó que Argentina debía lograr que los habitantes de Malvinas quisieran ser argentinos.
En abril de 2026, recuperó con mayor claridad el lenguaje de la doctrina diplomática tradicional.
Y en septiembre de 2026 llevó esa posición mucho más lejos: habló de “territorio usurpado”, “población implantada”, negó expresamente el derecho de autodeterminación, anunció sanciones económicas y vinculó Malvinas con la seguridad nacional, el Atlántico Sur y la Antártida.
Hay una frase del discurso de este jueves que ayuda a entender el momento político.
Milei sostuvo que Estados Unidos está reevaluando su posición histórica sobre Malvinas y explicó por qué, según su interpretación.

“Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales”, afirmó.
Y agregó: “Sin ello, nada de esto sería posible”.
La declaración es relevante porque es el propio Presidente quien vincula la eventual revisión estadounidense con la política exterior de fuerte alineamiento que construyó con Washington.
Donald Trump confirmó el 31 de agosto que Estados Unidos está revisando su posición sobre Malvinas.
La señal no significa, por ahora, un reconocimiento estadounidense de la soberanía argentina.
Pero sí representa una novedad diplomática importante.
Además, la cuestión surgió en un momento de creciente tensión entre Trump y el Reino Unido por temas de defensa y compromisos dentro de la OTAN.
Meses antes, una comunicación interna del Pentágono conocida por Reuters había incluido una eventual revisión de la posición estadounidense sobre Malvinas entre distintas medidas de presión que Washington evaluaba frente a aliados europeos.
Eso introduce una pregunta inevitable.
¿Estados Unidos está acercándose a la posición argentina por convicción o Malvinas se convirtió en una herramienta dentro de una negociación más amplia con Londres?
Para Milei, el movimiento de Trump representa una oportunidad diplomática.
El Presidente incluso llamó a los países “amigos de la Argentina” a acompañar el reclamo.
Pero existe una diferencia central entre los intereses argentinos y los estadounidenses.
Para Argentina, Malvinas constituye un reclamo de soberanía establecido en la Constitución Nacional.
Para Washington, en cambio, la posición sobre las islas puede formar parte de una estrategia global mucho más amplia.
Por eso, aprovechar una eventual ruptura entre Estados Unidos y Gran Bretaña puede ser beneficioso para Argentina.
Confundir esa coincidencia coyuntural con una identidad de intereses sería otra cosa.
El segundo gran elemento del discurso fue el petróleo.
Milei sostuvo que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, se encuentra en condiciones de avanzar hacia la explotación offshore en los próximos meses.
El Gobierno considera que cualquier explotación sin autorización argentina constituye una actividad ilegal sobre recursos pertenecientes al país.
Por eso anunció que acelerará los mecanismos sancionatorios previstos en la Ley 26.659.
Las sanciones no se limitarán solamente a las compañías operadoras.
Milei anticipó que también se buscará alcanzar a accionistas, directores, proveedores y empresas vinculadas indirectamente con los proyectos desarrollados en las islas.
“Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir”, sostuvo.
El objetivo es claro: aumentar el costo económico de participar en proyectos en Malvinas y dificultar que esas mismas compañías puedan desarrollar negocios en territorio continental argentino.
El nuevo criterio también abre interrogantes respecto de empresas que tuvieron relación previa con proyectos en Malvinas y que hoy tienen intereses importantes en Argentina.
Harbour Energy estuvo vinculada años atrás al desarrollo de Sea Lion.
El Estado argentino inició procedimientos contra la compañía por actividades relacionadas con la exploración hidrocarburífera en las islas.
Harbour luego abandonó el proyecto.
Ese retiro permitió que Argentina cerrara el procedimiento iniciado contra la empresa, mientras Navitas continuó involucrada y fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en el país.
Tiempo después, Harbour adquirió los activos internacionales de Wintershall Dea y pasó a tener una presencia importante en Argentina, incluyendo inversiones en la Cuenca Austral y Vaca Muerta.
El caso muestra la complejidad práctica que tendrá la nueva política de sanciones anunciada por Milei.
El discurso también llega después de un episodio políticamente incómodo para el Gobierno nacional.
El 25 de agosto, el petrolero VS Promise, de bandera británica, operó en el Puerto de Ushuaia.
Desde comienzos de 2026, esa terminal se encuentra intervenida por el Gobierno nacional.
El Gobierno de Tierra del Fuego repudió la operación y acusó a Nación de sostener un “doble discurso” en materia de soberanía.
La administración nacional respondió que el ingreso del buque no violaba la legislación vigente.
No existe evidencia para afirmar que ese episodio haya provocado la cadena nacional.
Pero la cercanía temporal es evidente: diez días después de quedar cuestionado por la presencia de un buque británico en el principal puerto austral argentino, Milei pronunció uno de los discursos más duros de su gestión sobre soberanía.

La cadena nacional incluyó además otro anuncio relevante.
Milei firmó un DNU para ampliar recursos del Ministerio de Defensa con el objetivo prioritario de acelerar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Pero el proyecto no nació este jueves.
En abril de 2024, Milei viajó a Ushuaia para encontrarse con Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos.
El Gobierno explicó entonces que el encuentro buscaba reforzar los lazos de cooperación e intercambio estratégico entre ambos países.
La Base Naval Integrada fue presentada como una infraestructura fundamental para convertir a Ushuaia en un gran polo logístico del Atlántico Sur y de acceso a la Antártida.
Esto no demuestra que la base sea estadounidense ni que vaya a quedar bajo control de Washington.
Sí muestra que el proyecto forma parte, desde el comienzo de la gestión Milei, de una política exterior y militar estrechamente vinculada con Estados Unidos.
El discurso del 3 de septiembre tuvo además un componente nuevo respecto de años anteriores.
Milei dejó de presentar Malvinas solamente como una disputa territorial del pasado y la colocó dentro de una discusión geopolítica sobre el futuro.
“El mundo se está reconfigurando a velocidades cada vez mayores”, sostuvo.
Y vinculó esa transformación con la competencia por recursos estratégicos, el crecimiento de la Inteligencia Artificial y el papel futuro de la Antártida.
“Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses”, afirmó.
La frase sintetiza el verdadero alcance del nuevo discurso.
Malvinas significa soberanía, pero también petróleo, pesca, rutas marítimas, logística, capacidad militar y proyección antártica.
Y allí convergen intereses argentinos, británicos, estadounidenses y chinos.
Entonces, ¿qué cambió en 17 meses?
Los dos videos permiten ver los extremos.
En abril de 2025, Milei hablaba de construir una Argentina suficientemente atractiva como para que los habitantes de Malvinas quisieran integrarse al país.
En septiembre de 2026 los define como una población implantada, niega que puedan decidir sobre la soberanía y anuncia sanciones económicas, fortalecimiento militar y una política de seguridad nacional centrada en el Atlántico Sur.
En el medio ocurrieron varias cosas.
Avanzó Sea Lion.
Estados Unidos comenzó a revisar su posición sobre Malvinas.
Trump profundizó sus tensiones con Londres.
Milei reforzó su alineamiento con Washington.
La disputa por el Atlántico Sur y la Antártida adquirió mayor centralidad.
Y el Gobierno quedó expuesto por el ingreso de un petrolero británico a Ushuaia.
Todo eso ayuda a explicar por qué Milei habla hoy de Malvinas de una manera muy distinta a la de hace 17 meses.
La discusión, sin embargo, no debería reducirse a determinar si el Presidente cambió de opinión.
La cuestión de fondo es otra.
Defender Malvinas y los recursos argentinos constituye una política de Estado.
Pero una política soberana también exige distinguir claramente los intereses nacionales de los intereses de las grandes potencias.
El nuevo escenario internacional puede abrir una oportunidad para Argentina.
También puede convertir a Malvinas en una pieza dentro de una disputa ajena entre Washington y Londres.
Por eso, después de escuchar los dos discursos de Milei, la pregunta ya no es solamente qué cambió en 17 meses.
La pregunta es qué entiende este Gobierno por soberanía y hasta dónde la Argentina puede aprovechar el nuevo tablero internacional sin terminar jugando una partida diseñada por otros.