
“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, en declaraciones difundidas por la BBC.
La expresión tuvo un tono contundente, aunque no estuvo acompañada por el anuncio de un nuevo despliegue militar, el envío de refuerzos ni un cambio concreto en el nivel de alerta en las islas. La referencia británica apunta a la disponibilidad permanente de sus fuerzas, que mantienen desde hace años presencia militar en el Atlántico Sur.
El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, también se pronunció después del discurso presidencial y aseguró que la posición de su país permanece sin modificaciones.
El funcionario sostuvo que las islas continuarán bajo dominio británico y afirmó que el Reino Unido defenderá el supuesto derecho de autodeterminación de sus habitantes. Esa interpretación es rechazada por la Argentina, que considera que se trata de una población implantada luego de la ocupación británica de 1833.
Desde Londres señalaron, además, que la presencia militar continuará mientras los habitantes de las islas así lo soliciten. Al mismo tiempo, el portavoz británico manifestó que el Gobierno pretende conservar y fortalecer la relación diplomática y comercial con la Argentina.
La respuesta se produjo un día después de que Milei reafirmara que “las Malvinas son argentinas” y presentara una serie de decisiones dirigidas a frenar la explotación de recursos naturales sin autorización nacional.
El Presidente anunció que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659 contra las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas en el territorio bajo ocupación británica.
También anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que buscará:
Endurecer las sanciones contra las compañías que participen en operaciones no autorizadas.
Extender las penalidades a proveedores, accionistas y directores.
Impedir que las empresas involucradas puedan operar o contratar en la Argentina.
Crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule las áreas de Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.
El Gobierno nacional también anunció una ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades argentinas de telecomunicaciones, protección marítima y vigilancia aeroespacial.
Milei aclaró que la Argentina empleará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para sostener su reclamo. En su discurso no anunció una operación militar destinada a recuperar las islas.
La nueva tensión tiene como eje el avance del proyecto Sea Lion, desarrollado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en aguas próximas a las Islas Malvinas.
El Gobierno argentino considera que esa explotación se realiza dentro de espacios marítimos nacionales y sin autorización de la República Argentina. Según Milei, permitir su avance profundizaría la ocupación británica y la apropiación de recursos naturales no renovables.
El Presidente informó que la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países relacionados con diferentes proyectos en las islas.
Las compañías involucradas, por su parte, sostienen que las decisiones argentinas no modificarían sustancialmente el desarrollo ni el cronograma de Sea Lion.
La Argentina mantiene un reclamo permanente e irrenunciable de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, tal como establece la Constitución Nacional.
Las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Desde la aprobación de la Resolución 2065, el organismo reclama que ambos países retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva.
La respuesta de Londres profundiza ahora una controversia atravesada por tres dimensiones: el reclamo histórico argentino, la presencia militar británica en el Atlántico Sur y la explotación de petróleo en una zona cuya soberanía continúa en disputa.