El crecimiento del endeudamiento de las familias bonaerenses llegó a la Legislatura provincial. Un proyecto de ley propone crear un régimen específico para personas sobreendeudadas y convertir a la Defensoría del Pueblo en una instancia prejudicial obligatoria antes de que los conflictos con bancos, financieras, plataformas digitales u otros acreedores lleguen a la Justicia.

La iniciativa fue presentada por el diputado bonaerense Facundo Tignanelli y busca crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. El objetivo es que las deudas puedan analizarse de manera integral, teniendo en cuenta la capacidad económica real de cada persona y preservando condiciones mínimas de subsistencia para ella y su familia.

En Necochea, algunas de estas intervenciones ya se realizan.

Luciano Cardoni, de la Delegación local de la Defensoría del Pueblo, explicó a NdeN que el organismo viene actuando ante este tipo de situaciones y señaló que incluso este domingo lograron resolver favorablemente el caso de una vecina.

“Nosotros venimos realizando esa tarea”, explicó Cardoni, aunque marcó cuál sería el cambio central si la propuesta se convierte en ley: institucionalizar ese mecanismo y darle obligatoriedad a la instancia prejudicial en la Defensoría.

 

 

Cómo funcionaría la negociación de las deudas

Uno de los principales cambios propuestos consiste en dejar de abordar cada deuda de una persona por separado.

Actualmente, alguien que debe dinero a diferentes entidades puede alcanzar un acuerdo con una de ellas que termine consumiendo prácticamente todos sus ingresos disponibles, volviendo imposible cumplir posteriormente con los demás acreedores.

El nuevo régimen propone analizar la situación financiera completa de la persona y establecer acuerdos compatibles con sus ingresos y gastos esenciales.

La Defensoría brindaría asesoramiento gratuito y coordinaría una negociación entre el consumidor y todos sus acreedores.

Si el proyecto se convierte en ley, esa instancia deberá realizarse antes de avanzar judicialmente.

 

 

Bancos, financieras y plataformas estarían obligados a participar

La propuesta también establece obligaciones para los acreedores.

Bancos, financieras, plataformas de crédito y agencias de cobranza convocadas deberán participar y colaborar con la instancia de negociación.

La incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos o las maniobras destinadas a demorar el procedimiento podrían considerarse incumplimientos.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, sostuvo que el objetivo es aumentar la capacidad de negociación de quienes se encuentran en situaciones financieras críticas.

“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados”, expresó durante la presentación de la iniciativa.

Según explicó, se busca además establecer criterios de proporcionalidad y racionalidad y reducir las situaciones de hostigamiento o maltrato durante los procesos de cobranza.

 

Qué busca evitar el proyecto

Entre los objetivos establecidos aparecen:

• facilitar la regularización de las deudas;
• preservar condiciones razonables de subsistencia de la persona y su grupo familiar;
• evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, comisiones, gastos y cargos;
• adecuar los acuerdos a la capacidad económica real del deudor;
• impedir prácticas abusivas de otorgamiento y cobranza;
• conservar, cuando resulte posible, el acceso al crédito;
• disminuir la cantidad de conflictos que terminan judicializados.

La intención, según sus impulsores, es generar un esquema en el que el Estado pueda equilibrar una relación habitualmente desigual entre una persona endeudada y empresas financieras con mayor capacidad jurídica y económica.

Tignanelli sostuvo que el nivel de endeudamiento actual requiere nuevas herramientas públicas y planteó que el mecanismo permitiría abordar colectivamente compromisos que hoy se negocian individualmente.

 

Seis de cada diez hogares consultados tomaron deuda

El proyecto aparece en un contexto de fuerte crecimiento de las dificultades financieras de los hogares.

La propia Defensoría del Pueblo realizó este año la encuesta “Hablemos de deudas”, con respuestas de 1.408 personas pertenecientes a 97 municipios bonaerenses.

El relevamiento mostró que el 56,6% de los hogares consultados recurrió a algún crédito o préstamo durante los últimos doce meses. Dentro de ese grupo, el 73,5% todavía no había logrado cancelar completamente la deuda.

Un relevamiento previo del organismo había detectado además que cuatro de cada diez hogares que se endeudaron utilizaron simultáneamente más de una modalidad de financiamiento: bancaria, no bancaria o informal.

Los datos del Banco Central también muestran el deterioro de la capacidad de pago.

En junio de 2026, la morosidad de las financiaciones destinadas a familias alcanzó el 12,8%, de acuerdo con el último Informe sobre Bancos disponible.

En el segmento de proveedores no financieros de crédito —que incluye, entre otros actores, empresas fintech y emisores no bancarios— el escenario resulta todavía más delicado: en febrero, la irregularidad alcanzaba el 34,1% en los préstamos personales y el 19,4% en tarjetas de crédito.

 

Qué cambiaría concretamente en Necochea

La experiencia de la delegación local permite mostrar una diferencia importante entre la situación actual y el proyecto que deberá discutir la Legislatura.

La Defensoría de Necochea ya recibe personas endeudadas, analiza situaciones y realiza gestiones ante acreedores, según confirmó Cardoni a NdeN.

Lo que busca la nueva legislación es transformar ese acompañamiento en un procedimiento formal y obligatorio, especialmente para los acreedores.

De aprobarse, una persona sobreendeudada podría acudir gratuitamente a la Defensoría para intentar reorganizar integralmente sus compromisos antes de enfrentarse a una demanda judicial, mientras que las empresas involucradas ya no podrían simplemente optar por no participar de esa negociación.