La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes un nuevo informe con el que buscará revisar la condena firme en la causa Vialidad, en una estrategia que tendrá dos frentes: la Cámara Federal de Casación Penal y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El dato central de la auditoría es contundente, aunque requiere una precisión: según el estudio encargado por los propios abogados, cuatro empresas vinculadas al Grupo Austral de Lázaro Báez recibieron el 0,85% de determinados fondos viales analizados entre 2009 y 2015.

Para Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, ese resultado cuestiona uno de los argumentos utilizados para condenar a la expresidenta. Sin embargo, la presentación no revierte automáticamente la sentencia ni implica que Cristina Kirchner vaya a quedar en libertad. 

El 0,85% que ahora está en el centro de la discusión

El informe técnico analizó recursos correspondientes al fideicomiso de infraestructura del transporte y al esquema SISVIAL.

Según los resultados difundidos por la defensa, durante el período estudiado participaron 114 empresas constructoras y se financiaron 367 obras. Las compañías vinculadas al Grupo Austral habrían recibido aproximadamente el 0,85% de los fondos considerados en esa auditoría. 

La aclaración resulta central: ese porcentaje no representa toda la obra pública investigada en la causa Vialidad, sino el universo específico de fondos incluido en el estudio presentado por los abogados.

La defensa considera que el dato contradice la hipótesis de que ese mecanismo financiero haya sido instrumentado para favorecer especialmente a las empresas de Báez.

Por qué aparece el Decreto 54/2009

Beraldi sostuvo que uno de los puntos sobre los que se apoyó la sentencia fue el Decreto 54/2009, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner y relacionado con fondos del sistema SISVIAL.

Según explicó el abogado, el Tribunal Oral consideró que ese mecanismo había permitido proveer recursos a obras adjudicadas a Báez.

Ahora la defensa intenta discutir ese razonamiento mostrando cuál habría sido la distribución efectiva de esos fondos entre las diferentes empresas.

La información apareció en la causa Cuadernos

El origen de la nueva presentación también llamó la atención.

Según explicaron los abogados, los datos surgieron después de una declaración realizada por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la causa Cuadernos.

A partir de la documentación exhibida durante ese testimonio, la defensa obtuvo información sobre la distribución de recursos y encargó posteriormente la auditoría económica.

Los abogados adelantaron además que están trabajando sobre otros elementos que consideran nuevas pruebas, aunque por el momento no difundieron sus detalles. 

El próximo paso: un recurso de revisión en Casación

La novedad no quedará limitada al planteo internacional.

La defensa anunció que llevará la documentación a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión, una herramienta excepcional que permite intentar reabrir la discusión sobre una sentencia firme cuando aparecen determinadas circunstancias o nuevos elementos.

Según los abogados, esta vía constituye actualmente su prioridad en Argentina. Buscan suspender los efectos de la condena, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

La batalla ante Naciones Unidas

En paralelo, Cristina Kirchner ya llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Allí sus abogados cuestionan aspectos del proceso judicial y solicitaron medidas vinculadas con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y las condiciones de su prisión domiciliaria, entre otros planteos. 

La estrategia tiene también consecuencias políticas: mientras la inhabilitación continúe vigente, la expresidenta no puede presentarse como candidata.

Pero una intervención del Comité de la ONU tampoco significaría, por sí sola, que la condena argentina quede anulada. La defensa debería utilizar un eventual pronunciamiento internacional para impulsar nuevas acciones ante los tribunales nacionales. 

Entonces, ¿Cristina puede quedar libre?

No existe hoy una decisión judicial que disponga su liberación ni que deje sin efecto su condena.

Cristina Kirchner continúa cumpliendo una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia permanece firme.

Lo que cambió este martes es la estrategia de su defensa: los abogados consideran que encontraron documentación capaz de fundamentar un recurso extraordinario de revisión y reforzar, al mismo tiempo, el reclamo presentado ante Naciones Unidas.

Será ahora la Justicia la que deberá determinar si esos elementos tienen entidad suficiente para abrir una nueva instancia sobre una condena que ya quedó firme.