La posición fue planteada durante la reunión mensual de septiembre de las Sociedades Rurales de la Zona VI de CARBAP, realizada en las instalaciones de la Sociedad Rural de Lobería. Allí también se debatió la nueva representación del sector agropecuario dentro del Consorcio y los cambios previstos para el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa.

Durante el encuentro, las entidades repasaron reuniones mantenidas con representantes del Puerto y debatiron acerca de que recursos del Consorcio puedan utilizarse para financiar obras fuera del ámbito estrictamente portuario.
El comunicado menciona específicamente la avenida Almirante Brown de Quequén y recuerda una reunión mantenida con el entonces presidente interino Mariano Carrillo, en la que se abordaron obras ejecutadas por el Consorcio.

Las Rurales y CARBAP sostienen que los fondos deberían destinarse a mejorar Puerto Quequén y generar mayor eficiencia para su hinterland, antes que financiar intervenciones correspondientes a otros niveles del Estado.
La postura corresponde a las entidades firmantes del comunicado y se produce en momentos de cambios en la conducción del Consorcio, con Ernesto Povilaitis señalado para asumir la Presidencia.

Otro de los puntos centrales fue la representación de las entidades agropecuarias dentro del Consorcio de Gestión.
Según explicaron las Rurales del Sudeste, el mandato de esa representación venció en agosto y el lugar, que se ocupa de manera rotativa entre organizaciones con presencia regional, estaba hasta ahora en manos de Coninagro a través del productor Juan Owerkerk.

Para la nueva etapa, CARBAP y la Zona VI definieron como representante a Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea.
La reunión también dedicó buena parte del debate a los cambios previstos en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa.
Las entidades manifestaron preocupación por dificultades registradas durante la segunda campaña de 2026 y por las incógnitas que todavía, según plantearon, existen de cara al nuevo esquema que comenzará a regir en 2027.

La Resolución 201/2026 del SENASA establece que a partir del 1 de enero de 2027 los productores podrán elegir libremente a un veterinario privado acreditado para realizar las vacunaciones oficiales contra aftosa y brucelosis.

Uno de los interrogantes planteados por las rurales es cuál será el rol de las fundaciones sanitarias dentro del nuevo esquema.
El comunicado enumera dudas sobre la cadena de frío, la auditoría de los veterinarios privados, la carga de información sanitaria, la elaboración de presupuestos y la continuidad de las estructuras que actualmente participan en las campañas.

Desde las entidades remarcaron que necesitan definiciones para poder planificar su funcionamiento y advirtieron que la falta de certezas podría impactar sobre costos, personal y organización de las campañas.
La preocupación contrasta con el objetivo expresado oficialmente por SENASA, que presentó la reforma como una manera de ampliar opciones para los productores, simplificar procedimientos y mejorar la operatividad del sistema.

Las Sociedades Rurales del Sudeste cerraron el comunicado reclamando claridad sobre el esquema que regirá desde 2027 y remarcaron que las definiciones son necesarias para garantizar la sanidad del rodeo regional.