
La respuesta británica llegó pocas horas después. El Reino Unido ratificó su posición sobre la soberanía de las islas, defendió el principio de autodeterminación de sus habitantes y rechazó las medidas adoptadas por Argentina contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos.
El intercambio no surgió de manera aislada. Se produjo en medio de una creciente controversia por la explotación petrolera en el Atlántico Sur, que en los últimos días llevó a la Cancillería argentina a presentar una protesta formal y anticipar medidas diplomáticas, administrativas, económicas y judiciales.
Durante su intervención ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, Milei dedicó una parte importante de su discurso a la disputa por las Islas Malvinas.
El mandatario definió la cuestión como una “causa nacional” y volvió a pedir al Reino Unido que se siente a negociar una solución pacífica a la controversia de soberanía.
El Presidente sostuvo que la estrategia argentina será una defensa “pacífica, práctica y efectiva” y cuestionó que, pese a las resoluciones aprobadas durante décadas en el ámbito internacional, no se hayan retomado las negociaciones bilaterales.
Milei apuntó especialmente contra la capacidad de Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones y planteó que la controversia constituye también una prueba sobre la efectividad del organismo internacional.
El Gobierno argentino volvió a apoyarse en la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e invita a ambos gobiernos a continuar negociaciones para encontrar una solución pacífica.
Pero el discurso de Milei incorporó un elemento que excede el tradicional reclamo diplomático: los recursos naturales de las islas y los espacios marítimos circundantes.
El Presidente advirtió que Argentina no permanecerá indiferente frente a compañías que participen de actividades de exploración o explotación sin autorización argentina.
El conflicto se intensificó después de que autoridades británicas en las islas avanzaran sobre licencias vinculadas con la producción de hidrocarburos offshore.
El martes, apenas un día antes del discurso presidencial, la Cancillería argentina presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido por la extensión de licencias hidrocarburíferas y por operaciones relacionadas con la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited.
Argentina considera que cualquier actividad hidrocarburífera desarrollada en el área en disputa sin autorización nacional constituye una violación de su legislación y cuestiona además las decisiones unilaterales mientras permanece pendiente la controversia de soberanía.
Cancillería anticipó que utilizará herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales contra empresas que intervengan directa o indirectamente en esas actividades.

Milei destacó ante Naciones Unidas que su administración ya comenzó a tomar medidas concretas.
Argentina presentó protestas diplomáticas, recurrió a mecanismos judiciales y administrativos y aplicó sanciones contra empresas involucradas en actividades consideradas ilegales por el Gobierno argentino.
Además, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca fortalecer las herramientas disponibles frente a compañías y personas que participen de la explotación de recursos naturales en áreas cuya soberanía Argentina reclama.
La iniciativa contempla un endurecimiento del régimen de sanciones y forma parte de la nueva estrategia que el Gobierno presentó como un cambio respecto de una política exclusivamente declarativa.
La reacción británica no tardó en llegar.
El Reino Unido difundió una declaración en respuesta a la intervención de Milei y sostuvo que no tiene dudas sobre su posición respecto de la soberanía de las islas.
Londres rechazó además la estrategia argentina contra las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas y calificó los intentos de impedir esas operaciones como un ejercicio injustificado de jurisdicción extraterritorial.
El Gobierno británico sostuvo que las medidas constituyen además un obstáculo para el comercio internacional y defendió el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales.
La posición británica vuelve así a chocar directamente con la argentina sobre uno de los puntos centrales de la controversia.

El intercambio expuso nuevamente una de las diferencias jurídicas y diplomáticas fundamentales entre ambos países: cómo debe interpretarse el principio de autodeterminación.
El Reino Unido sostiene que cualquier discusión sobre el futuro de las islas debe respetar la voluntad de sus habitantes. Como antecedente, Londres volvió a mencionar el referéndum realizado en 2013, cuando el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus político del territorio, con una participación informada del 92%.
Argentina rechaza que ese principio resulte aplicable al caso Malvinas.
Durante su discurso, Milei sostuvo la posición histórica argentina según la cual la población actual fue establecida por la potencia ocupante después de 1833 y que, por ese motivo, la disputa debe resolverse mediante negociaciones entre Argentina y Reino Unido, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión.
Se trata de uno de los puntos centrales que explican por qué ambos países mantienen posiciones incompatibles sobre la forma de resolver el conflicto.
La respuesta británica fue especialmente crítica con la política de sanciones.
Según la posición expresada por Reino Unido, las acciones argentinas contra empresas vinculadas a la explotación petrolera carecen de justificación bajo el derecho internacional.
Londres sostuvo además que Argentina niega el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas y cuestionó el comportamiento del Gobierno argentino en torno a la controversia.
Argentina, por su parte, sostiene exactamente lo contrario: considera que la explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa en disputa contraviene las resoluciones de Naciones Unidas y la legislación argentina.
La tensión diplomática ya se había hecho visible un día antes.
El canciller argentino Pablo Quirno utilizó el derecho a réplica ante la Asamblea General de Naciones Unidas después de que el primer ministro británico hiciera referencia a Malvinas durante su intervención.
Quirno reafirmó la posición argentina y volvió a plantear que la controversia debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.
A esto se sumó la protesta formal presentada por Cancillería por las licencias petroleras.
De esta manera, en apenas unos días la cuestión Malvinas pasó por una protesta diplomática formal, un derecho a réplica argentino ante Naciones Unidas, el discurso presidencial y una respuesta oficial británica.
La controversia tiene uno de sus principales antecedentes internacionales en la Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1965.
La resolución reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido sobre las Islas Malvinas e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.
Desde entonces se aprobaron otras resoluciones relacionadas con la cuestión.
Argentina reivindica soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, mientras el Reino Unido mantiene el control efectivo del archipiélago.
La guerra de 1982 dejó 649 argentinos y 255 militares británicos muertos, además de tres habitantes de las islas.
Más de cuatro décadas después del conflicto armado, la posición oficial argentina continúa planteando una solución exclusivamente pacífica y diplomática.
El discurso de Milei y la inmediata respuesta británica muestran que la cuestión Malvinas ingresó nuevamente en una etapa de mayor confrontación diplomática, esta vez atravesada además por un elemento económico estratégico: la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Argentina insiste en que Reino Unido debe retomar las negociaciones de soberanía y sostiene que las actividades unilaterales sobre recursos naturales contradicen las resoluciones internacionales aplicables a la disputa.
Reino Unido, en cambio, mantiene su posición sobre la soberanía, reivindica la autodeterminación de los habitantes de las islas y defiende la explotación de sus recursos.
Las posiciones continúan enfrentadas. La novedad es que durante esta Asamblea General el conflicto dejó de expresarse únicamente mediante comunicados diplomáticos: Argentina y Reino Unido llevaron públicamente sus diferencias al principal foro político de Naciones Unidas, mientras la disputa por el petróleo agrega un nuevo componente económico y estratégico al histórico reclamo.