La Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que representa a los choferes, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Ejecutivo municipal otorgue una prórroga de seis meses a la actual prestataria del transporte público de Necochea.

La extensión por medio año es una de las alternativas que trascendieron ante el vencimiento de la actual prórroga, previsto para el 2 de octubre, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el plazo que finalmente se adoptará.

Frente a ese escenario, la conducción sindical decidió fijar públicamente su posición y reclamó garantías concretas para los trabajadores y los usuarios.

“Entendemos que seis meses es un período considerable. Si existen empresas interesadas y se trabaja con decisión, transparencia y celeridad, debería ser posible llevar adelante el proceso correspondiente”, sostuvo la UTA.

UTA reclamó responsabilidades al Ejecutivo

Para el gremio, la discusión no pasa solamente por la duración de una eventual extensión.

“El problema no es solamente cuánto tiempo dure una eventual prórroga. El problema es quién se hace responsable de lo que ocurra durante esos seis meses”, expresó.

La organización sindical sostuvo que una decisión de esas características no puede limitarse a un trámite administrativo y reclamó que el Ejecutivo asuma la responsabilidad política por sus consecuencias.

“Una prórroga no puede ser solamente una decisión administrativa. Es una decisión política y, como tal, implica asumir la responsabilidad política por sus consecuencias”, señalaron desde la conducción.

Salarios en cuotas, aguinaldo y obra social

La UTA también describió la situación que, según el gremio, atraviesan actualmente los trabajadores del transporte.

Aseguró que los choferes cobran sus salarios en cuotas, que se les adeuda parte del aguinaldo y que existen dificultades con la cobertura de salud como consecuencia de atrasos en los pagos correspondientes a la obra social por parte de la empresa.

Ante ese panorama, el sindicato dirigió una serie de preguntas al Ejecutivo municipal:

• ¿Qué garantías concretas va a exigir?

• ¿Qué controles va a realizar?

• ¿Qué medidas va a tomar para evitar que esta situación se prolongue?

• ¿Quién va a hacerse responsable si durante esos seis meses los trabajadores continúan sin cobrar en tiempo y forma o los usuarios siguen recibiendo un servicio deficiente?

Desde la organización advirtieron que, si finalmente se decide extender por seis meses la continuidad de la actual prestataria, deberán establecerse condiciones específicas.

“Si el Ejecutivo decide otorgar seis meses más a la actual empresa, deberá hacerse cargo de garantizar que durante ese período se cumplan las obligaciones laborales, se regularicen los salarios y la cobertura de salud y se garantice un servicio digno para los usuarios”, afirmaron.

“El tiempo también tiene un costo”

La UTA cuestionó además que la necesidad de contar con más tiempo para resolver el futuro del servicio termine trasladando nuevamente las consecuencias a trabajadores y pasajeros.

“No alcanza con decir que se necesita tiempo. El tiempo también tiene un costo. Y hoy ese costo lo están pagando los trabajadores y los usuarios”, sostuvo el gremio.

La conducción sindical remarcó que hasta ahora mantuvo una postura de diálogo frente a la crisis que atraviesa el transporte público.

“Desde nuestra conducción hemos sido pacientes. Hemos entendido la difícil situación que atraviesa el transporte y hemos priorizado el diálogo y la preservación de las fuentes laborales”, señalaron.

Sin embargo, marcaron un límite: “La paciencia no puede transformarse en resignación”.

Y agregaron: “No somos parte de una eventual decisión de prorrogar esta situación y no estamos de acuerdo con que nuestros compañeros tengan que atravesar seis meses más de esta agonía”.

La definición sobre los colectivos sigue pendiente

La discusión se produce mientras se acerca el vencimiento de la actual prórroga, previsto para el 2 de octubre.

Luego de que dos llamados a licitación quedaran sin oferentes, el Municipio trabaja sobre un tercer pliego que podría incorporar modificaciones en recorridos, kilómetros, características de la flota y otros aspectos económicos y operativos del sistema.

En ese contexto surgieron diferentes alternativas para garantizar la continuidad del servicio mientras se avanza con un nuevo proceso licitatorio. Entre ellas, una extensión de seis meses y también una prórroga más corta.

Por ahora, ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente.

La UTA dejó en claro que cualquier decisión deberá contemplar no solo la continuidad de los colectivos, sino también la situación laboral de los choferes y las condiciones del servicio.

“Los trabajadores ya hicieron su parte. Ahora le corresponde al Ejecutivo asumir la responsabilidad que le toca”, concluyó el gremio.