La aclaración fue realizada por el juez Agustín López Coppola, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense para despejar dudas sobre el alcance de la medida dictada el 18 de septiembre.
El magistrado sostuvo que no era necesario ampliar formalmente la cautelar porque las cooperativas ya estaban comprendidas en la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, cuyos efectos habían sido suspendidos.

El pasado 19 de septiembre, NdeN había consultado directamente a fuentes de la Usina Popular Cooperativa sobre cómo podía impactar la medida en Necochea.
En ese momento, desde la UPC explicaron que la cooperativa debía esperar una notificación formal de OCEBA y que, una vez recibido ese paso administrativo, se realizarían las correcciones tarifarias correspondientes.
La nueva resolución judicial confirma ahora que la cautelar efectivamente alcanza a las cooperativas y ordena a OCEBA comunicarles formalmente la medida.
De esta manera, se despeja uno de los principales interrogantes que había quedado abierto tras el fallo original.
La Defensoría del Pueblo había pedido una aclaratoria para que los efectos de la cautelar fueran extendidos expresamente a las cooperativas eléctricas bajo jurisdicción provincial y municipal.
López Coppola respondió que esa ampliación no era necesaria porque las cooperativas ya estaban incluidas dentro de la Resolución 585/2026.
Al haber quedado suspendida esa resolución, también quedaron alcanzados los aumentos establecidos para esas prestadoras.
El juez sí adoptó una medida adicional: ordenó librar un oficio a OCEBA para que comunique la cautelar a las cooperativas eléctricas.
Para los usuarios de la UPC, la definición judicial confirma que los componentes provinciales alcanzados por la Resolución 585/2026 deben quedar sujetos a la misma suspensión que rige para las grandes distribuidoras.
El fallo original había ordenado restablecer el cuadro tarifario anterior en esos componentes y suspender los aumentos aplicados desde agosto.
La aplicación práctica, sin embargo, sigue dependiendo de la comunicación e instrumentación que realice OCEBA.
Eso significa que el próximo dato clave será cuándo reciba la UPC la notificación formal y de qué manera se reflejarán las correcciones en las facturas locales.

La cautelar también había contemplado el caso de los usuarios que ya abonaron facturas confeccionadas con los valores cuestionados.
Según la resolución inicial, los importes alcanzados por la medida deberán ser computados como saldo a favor en la próxima factura.
Por lo tanto, la medida no solo tiene efectos hacia adelante, sino que también contempla mecanismos de compensación para montos que ya pudieron haber sido cobrados.
El planteo judicial impulsado por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó la aplicación de aumentos sobre componentes provinciales de la tarifa sin una nueva audiencia pública.
El juez tuvo especialmente en cuenta que la última audiencia pública invocada por la Provincia se había realizado en 2016.
La cautelar ordenó entonces suspender los efectos de la Resolución 585/2026 y restablecer el cuadro tarifario anterior mientras continúa la discusión judicial de fondo.
La nueva resolución no implica una sentencia definitiva sobre la validez de los aumentos.
Se trata de una medida cautelar que continuará vigente mientras avanza la causa.
Lo que sí quedó ahora expresamente aclarado es que el freno alcanza también a las cooperativas eléctricas comprendidas por la normativa provincial.
Para Necochea, la atención vuelve a concentrarse en OCEBA y en la comunicación que deberá recibir la UPC para comenzar a instrumentar las correcciones tarifarias.