
La iniciativa fue acompañada por los concejales de La Libertad Avanza, Fuerza Patria, la UCR y Avanza Necochea.
No acompañaron la declaración los bloques de Nueva Necochea y la Agrupación Comunal Transformadora (ACT), ni los concejales Evangelina Almada y Julián Kristiansen, de Fuerza Patria-MDF.
De esta manera, una jornada que comenzó con la confirmación de la continuidad de la actual prestataria terminó también con la aprobación de un marco excepcional para atravesar la crisis del sistema y avanzar hacia una nueva licitación.
El proyecto aprobado declara por un plazo de hasta 150 días la emergencia económica y operativa del servicio de transporte público de pasajeros modalidad microómnibus en el núcleo urbano Necochea-Quequén.
El objetivo establecido en la ordenanza es garantizar la continuidad del servicio para los usuarios y conservar las fuentes laborales de los trabajadores.
La medida encuentra su principal fundamento en el fracaso de los dos procesos licitatorios realizados para encontrar un nuevo concesionario.
La aprobación de la emergencia se produjo después de una definición que llegó desde el Ejecutivo durante la misma jornada.
Antes de la votación del Concejo, el Municipio confirmó una nueva prórroga con Compañía de Transportes Necochea por 150 días corridos desde el vencimiento de la extensión anterior, o hasta que comience a operar un nuevo concesionario si eso sucede antes.
Por lo tanto, la emergencia aprobada posteriormente por el HCD no fue la herramienta que originó esa prórroga, que ya había sido firmada.
La extensión garantiza la continuidad inmediata de los colectivos mientras se intenta resolver el problema de fondo: conseguir una empresa que asuma la futura concesión.
La ordenanza delega excepcionalmente en el intendente determinadas facultades mientras se encuentre vigente la emergencia.
El Ejecutivo podrá intervenir sobre parámetros operativos del servicio, entre ellos recorridos, frecuencias y horarios, además de cuestiones vinculadas con la regulación tarifaria.
El texto contempla también la posibilidad de disponer una prórroga de la concesión, aunque establece que ninguna extensión podrá superar la duración de la emergencia.
Un punto expresamente incorporado al proyecto es que la declaración de emergencia no autoriza al Ejecutivo a adjudicar directamente el servicio.
La ordenanza fija además un plazo concreto para avanzar con la nueva licitación.
El intendente deberá elaborar y enviar al Concejo Deliberante, dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la norma, un nuevo pliego de bases y condiciones.
Ese documento deberá garantizar la continuidad, regularidad, obligatoriedad y mejora de la prestación y posteriormente tendrá que ser tratado por el HCD.
El Municipio informó este miércoles que ya cuenta con un proyecto de nuevo pliego y que prevé elevarlo al Concejo durante la próxima semana.
La emergencia también incorpora mecanismos de seguimiento sobre las decisiones que tome el Departamento Ejecutivo.
Cualquier medida vinculada con tarifas o modificaciones en los parámetros operativos deberá ser informada al Concejo dentro de los diez días posteriores, acompañada por los fundamentos técnicos y económicos correspondientes.
Además, dentro de los 30 días de promulgada la ordenanza, el Ejecutivo tendrá que remitir un informe detallado sobre la situación de la empresa prestataria, los términos de la prórroga y las alternativas evaluadas para garantizar la continuidad del transporte.
Entre los fundamentos de la iniciativa aparece también la situación laboral.
El proyecto advierte que una eventual desaparición del servicio podría afectar aproximadamente a 90 trabajadores registrados y a sus familias, además de dejar sin transporte a miles de vecinos que utilizan los colectivos para estudiar, trabajar, realizar trámites o movilizarse diariamente.
La preservación de esas fuentes laborales quedó expresamente incluida entre los objetivos de la emergencia.
Las decisiones adoptadas este miércoles dejan un nuevo escenario para los próximos meses.
Primero, el Ejecutivo aseguró la continuidad inmediata del servicio con una prórroga de hasta 150 días para Compañía de Transportes Necochea.
Después, el Concejo aprobó por mayoría una emergencia por el mismo plazo máximo, otorgó herramientas extraordinarias para administrar la transición y fijó un límite de 60 días para que llegue un nuevo pliego.
El debate político no fue unánime. La Libertad Avanza, Fuerza Patria, la UCR y Avanza Necochea acompañaron la emergencia, mientras que Nueva Necochea, ACT y los concejales Evangelina Almada y Julián Kristiansen, de Fuerza Patria-MDF, no lo hicieron.
Con la continuidad inmediata asegurada, la discusión pasa ahora al próximo paso: bajo qué condiciones se realizará el tercer intento para concesionar el transporte público de Necochea y Quequén.