El Concejo Deliberante de Necochea aprobó por mayoría una ordenanza que incorpora nuevas restricciones y sanciones para cuidacoches, conocidos como “trapitos”, y limpiavidrios en Necochea y Quequén.

La iniciativa fue impulsada por La Libertad Avanza y acompañada por la ACT, la UCR, Fuerza Patria y Avanza Necochea. Ahora deberá pasar al Departamento Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.

 

La aprobación, sin embargo, deja una pregunta concreta: ¿qué cambia realmente respecto de las herramientas que ya existían para intervenir ante determinadas conductas en la vía pública?

 

Qué establece la nueva ordenanza

 

La norma incorpora al Código Contravencional conductas específicamente asociadas con cuidacoches y limpiavidrios.

 

Entre ellas aparecen el ofrecimiento de servicios o la solicitud de dinero cuando generen riesgos para la circulación, la interferencia en el tránsito, la limpieza de parabrisas o ventanillas en semáforos y la administración de hecho de espacios de estacionamiento sin autorización municipal.

 

También establece sanciones económicas.

 

Algunas conductas ya podían sancionarse

 

La discusión no parte de un escenario completamente desregulado.

 

El Código Contravencional ya contemplaba infracciones vinculadas con el uso del espacio público y, por ejemplo, el lavado de vehículos en la vía pública. Además, amenazas, coerción, daños u obstrucciones pueden ser abordados mediante otras herramientas legales.

 

La diferencia es que ahora se incorporan figuras específicas vinculadas directamente con estas actividades.

 

Una actividad que también funciona como sustento

 

La problemática tampoco se reduce únicamente al ordenamiento de la calle.

 

En Necochea y Quequén hay personas que encuentran en el cuidado o lavado de vehículos una forma informal de generar ingresos, en un contexto atravesado también por situaciones de vulnerabilidad social.

 

El propio proyecto reconoce ese aspecto y establece que deberán contemplarse esas situaciones, además de promover capacitación, formación laboral y alternativas de inserción.

 

La prohibición, además, no será absoluta: el Ejecutivo podrá otorgar autorizaciones precarias y excepcionales para el cuidado voluntario de vehículos, bajo determinadas condiciones.

¿Quién va a controlar?

 

Uno de los principales interrogantes aparece al momento de trasladar la ordenanza a la calle.

 

Una prohibición escrita no elimina por sí sola una actividad. Su alcance dependerá de la fiscalización, los recursos destinados al control y las alternativas que puedan ofrecerse a quienes viven de estas tareas.

 

Por eso, el verdadero resultado de la medida no estará solamente en la votación del Concejo, sino en lo que ocurra después.

 

¿Medida efectiva o gesto político?

La ordenanza también abre una discusión sobre el efecto político de este tipo de iniciativas.

 

La aprobación genera una respuesta inmediata frente a una problemática que provoca reclamos y conflictos, pero será su implementación la que permita determinar si se traduce en una política pública concreta.

 

El punto será observar si aparecen controles sostenidos, cómo se aplican las sanciones, qué sucede con las excepciones y qué respuesta existe para las situaciones de vulnerabilidad social.

 

Ahí estará, con el tiempo, la diferencia entre una medida con efectos reales y una decisión cuyo principal impacto quede concentrado en el anuncio.