
Son dos iniciativas diferentes que atraviesan una preocupación compartida por docentes y familias: cómo acompañar a los adolescentes en el uso de la tecnología. Una se concentra en las condiciones para utilizar pantallas durante la jornada escolar; la otra, en las herramientas que necesitan las instituciones frente a agresiones y vulneraciones de derechos en entornos digitales.
La propuesta sobre teléfonos y otras pantallas tecnológicas comprende a las escuelas secundarias de gestión estatal y privada de la provincia, incluidas las de Necochea y Quequén.
Impulsada por el diputado Martín Rozas, plantea restringir su utilización durante la jornada educativa, con una excepción vinculada a las actividades de enseñanza: el requerimiento o la autorización expresa del docente con fines pedagógicos.
El criterio permite distinguir entre usar el dispositivo para una tarea escolar y emplearlo para actividades ajenas a la clase. La intervención docente ocupa, así, un lugar central en la regulación propuesta.
El proyecto había sido aprobado por Diputados en diciembre de 2025, después de recibir modificaciones durante su tratamiento en comisiones. El Senado informó que avanzó con la iniciativa en la sesión del 6 de octubre.
Ese paso no permite anunciar por sí solo una prohibición de aplicación inmediata: para precisar su entrada en vigencia y las condiciones definitivas corresponde contar con el texto final y su publicación oficial.
La Provincia ya cuenta con la Ley 15.534, que regula el uso de dispositivos digitales en el nivel primario. Allí también se establece el criterio pedagógico y la autorización expresa del docente.
Además de ordenar su utilización, esa norma contempla acciones de concientización sobre los riesgos asociados al uso de pantallas. La propuesta para secundaria incorpora al debate las particularidades de una etapa en la que los teléfonos tienen un papel cotidiano en la comunicación y los vínculos de los estudiantes.
En la misma sesión, el Senado aprobó con modificaciones la Ley Ema. La iniciativa propone crear un programa provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos.
Su objetivo es brindar herramientas a las instituciones para prevenir estas situaciones y acompañar a quienes las atraviesan, especialmente ante manifestaciones de violencia sexual y de género en entornos digitales.
El proyecto reúne aportes de las iniciativas impulsadas por la diputada Mayra Mendoza y la senadora Laura Clark. Como la Cámara alta introdujo cambios, el texto debe regresar a Diputados para continuar su tratamiento.
La propuesta lleva el nombre de Ema Bondaruk y fue impulsada a partir de su caso, atravesado por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Su familia participó del recorrido legislativo y reclamó respuestas de prevención y acompañamiento para las adolescencias.
Durante el tratamiento en comisiones, Laura Sánchez, mamá de Ema, subrayó la importancia de que los adolescentes cuenten con conocimientos y herramientas para desenvolverse en los espacios digitales y reconocer situaciones de violencia.
Ese es uno de los puntos que diferencia a la Ley Ema de la regulación de celulares: su alcance no se agota en lo que un estudiante puede hacer con el teléfono durante una clase. Busca fortalecer la respuesta educativa frente a situaciones que pueden comenzar o multiplicarse en redes y afectar los vínculos dentro de la escuela.
Los dos debates colocan a las instituciones ante desafíos relacionados, aunque con respuestas distintas. Regular cuándo se utiliza una pantalla y construir herramientas para prevenir la violencia digital son partes de una agenda que involucra a estudiantes, familias y docentes.