
La propuesta fue presentada el viernes 9 de octubre ante la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, presidida por Julián Kristiansen. Los concejales volverán a reunirse el lunes 12 para revisar el texto antes de avanzar hacia su tratamiento.
La comparación con el pliego anterior muestra una reducción de las obligaciones mínimas para competir: menos vehículos, recorridos opcionales y menores inversiones exigidas. También incorpora nuevas herramientas de auditoría económica y seguimiento del servicio.
Las condiciones todavía están en discusión: se trata de un borrador que puede recibir cambios durante el debate legislativo.
El nuevo esquema establece como obligatorias las líneas 502, 510, 511 y 512. Las 513, 514, 515, 517 y 518 serán opcionales: incluirlas sumará puntos, pero no será indispensable para presentar una propuesta válida.
La diferencia es sustancial. El pliego anterior incluía las nueve líneas dentro del objeto de la concesión, sin esa división expresa.
En la 502, los interesados podrán ofrecer los ramales A y C o incorporar también el B. Para la 518, deberán elegir uno de sus dos ramales si deciden prestar esa línea.
La cobertura adicional quedará incentivada mediante el sistema de evaluación. Entre los servicios opcionales figuran los recorridos hacia Las Grutas y Costa Bonita, correspondientes a las líneas 515 y 517.
Su carácter opcional no implica una eliminación ya decidida. Sin embargo, deja una cuestión por resolver: cómo se cubrirán esos recorridos si ninguna empresa los incluye en su oferta.
La exigencia pasa de un parque móvil de 40 a 60 unidades a otro de 16 a 30. Los vehículos deberán tener al menos 20 asientos y cualquier modificación posterior de la flota necesitará autorización municipal.
El mínimo baja un 60%, pero esa cifra corresponde a la comparación entre pliegos. No mide una reducción equivalente del servicio actual, cuyo alcance depende también de los coches que circulan, las frecuencias y los kilómetros prestados.
La combinación de menos unidades exigidas y líneas opcionales permite competir con una operación de menor escala. Para evaluar su efecto sobre los pasajeros será determinante conocer cómo se distribuirán los vehículos y si alcanzarán para cumplir los horarios y disponer de reemplazos.
También cambia la valoración de la antigüedad. Antes, el máximo de 40 puntos por solvencia técnica correspondía a una flota de hasta un año de promedio. Ahora, el máximo será de 35 puntos para una flota de hasta cinco años.
El borrador mantiene un promedio máximo de 15 años y las exigencias de habilitación. El documento anterior ya contemplaba excepciones para coches mayores de esa edad con VTV y bajo determinadas condiciones.
Las inversiones obligatorias también disminuyen.
El piso inicial de colectivos accesibles pasa de cuatro a dos, mientras que la incorporación progresiva baja de dos a uno por año.
La construcción de refugios se reduce de dos a uno anual. Además, el nuevo texto retira las obligaciones anteriores de instalar tres tótems de seguridad durante los primeros doce meses y de incorporar uno de esos dispositivos en uno de los refugios construidos cada año.
Se mantienen la conservación de garitas y la demarcación y señalización de paradas. Para iniciar la colocación de señalización vertical informativa se establece un plazo de 180 días, con prioridad para puntos concurridos y cercanos a hospitales y escuelas.
Otro cambio relevante aparece en el precio del viaje. El borrador permite que cada oferente proponga, por única vez, una tarifa inicial respaldada por un estudio de costos, que compondría luego la base del mecanismo de actualización mediante la fórmula polinómica.
La evaluación incorporará puntaje por tarifa y contempla valorar favorablemente una oferta con más líneas aunque su boleto resulte hasta un 15% superior al de una propuesta limitada a las obligatorias, bajo las condiciones previstas.
Así, el concurso comparará tanto el precio como la cobertura ofrecida. Una propuesta con un boleto más bajo podría incluir menos recorridos que otra de mayor valor.
La reducción de la flota exigida no viene acompañada de una reducción expresa de la obligación de absorber trabajadores.
El borrador exige incorporar al personal comprendido que prestaba servicios en la anterior concesionaria al 1 de septiembre de 2026, reconociendo su antigüedad. El texto previo tomaba como fecha de corte el 1 de marzo de 2025.
También se conserva el plan económico financiero para el primer semestre, incluyendo la acreditación de medios para sostener seis meses de continuidad sin ingresos ciertos.
Entre las facilidades para participar, la compra del pliego baja de $3 millones a $1 millón. Disminuye además el piso de la garantía contractual, calculada por vehículo, debido a la menor flota mínima. La garantía de mantenimiento de oferta conserva la exigencia de 5.000 boletos planos.

El contrapeso de las menores exigencias de entrada aparece en un nuevo artículo de información económica y auditoría.
La concesionaria deberá informar mensualmente viajes y kilómetros programados y realizados, ingresos, subsidios, personal y flota, con conciliaciones entre GPS y SUBE.
También tendrá que presentar estados contables anuales y certificación del cumplimiento del plan de inversiones. El borrador prevé un informe público trimestral sobre cumplimiento y reclamos.
El plazo de concesión permanece en 20 años desde el inicio del servicio, con posibilidad de prórroga por un tercio del período inicial, sujeta a las condiciones establecidas.
La revisión continuará el lunes. Allí, los bloques podrán plantear dudas sobre recorridos, frecuencias y requisitos, antes de definir las condiciones de una licitación cuyo resultado determinará cómo viajarán los vecinos de Necochea y Quequén.
LO PRESENTADO FORMATO BORRADOR A CONTINUACIÓN