
Bajo la consigna “Por más educación, por más democracia y por más soberanía”, los manifestantes reclamaron al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas.
La jornada comenzó con una concentración junto al mástil de la Plaza Dardo Rocha, frente al Palacio Municipal, donde se desarrolló un acto con intervenciones de representantes de distintos sectores. Posteriormente, la columna de manifestantes avanzó por avenida 59 hasta calle 64, continuó por calle 61 y regresó hacia el Municipio, acompañada por banderas y pancartas en defensa de la enseñanza pública.
Uno de los momentos centrales del acto fue la intervención de Patricia Sureda, coordinadora de la sede Quequén de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), quien cerró la ronda de discursos con un mensaje sobre la situación que atraviesa el sistema universitario.
“Defender nuestra educación es defender nuestro futuro y el de nuestros hijos”, expresó durante su intervención.
Sureda también advirtió sobre las consecuencias institucionales del incumplimiento de la normativa de financiamiento, al señalar que desconocer una ley sancionada democráticamente representa un problema grave para la sociedad y pone en riesgo la democracia y el sistema republicano.
Su discurso concluyó con una frase que sintetizó el espíritu de la convocatoria: “La universidad pública se la defiende y se defiende en la calle”.
Previamente habían tomado la palabra Ana Lidia Marincevic, en representación de la CTA de los Trabajadores, quien llamó a la sociedad a involucrarse en el reclamo; Demian Ledesma, de la CGT local; Patricia Aranda de UTEP; representantes estudiantiles y docentes de instituciones educativas.
La movilización también contó con la participación de concejales, dirigentes políticos de diferentes espacios, organizaciones ambientales, centrales de trabajadores y referentes de la comunidad educativa.

Una de las particularidades de la convocatoria local fue la participación conjunta de tres instituciones de educación superior: el Instituto Superior de Formación Docente N.º 163, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 31 y la Escuela Superior de Arte N.º 1 Orillas del Quequén.
Durante el acto, representantes docentes y estudiantiles leyeron un documento titulado “La educación pública es una responsabilidad que no se declama: se sostiene”, en el que expresaron su acompañamiento al reclamo universitario, pero también plantearon demandas específicas vinculadas con el sistema educativo provincial.
El texto cuestionó el desfinanciamiento de la educación pública, la ciencia y la cultura por parte del Gobierno nacional, aunque aclaró que esa situación no debe impedir que se reclamen respuestas a las autoridades bonaerenses.
“Reconocer ese contexto no significa renunciar a visibilizar nuestro reclamo también a la Provincia en lo que le corresponde”, señalaron.
En ese sentido, solicitaron mejores condiciones laborales, salarios que acompañen el costo de vida, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos y políticas que permitan sostener las trayectorias educativas de los estudiantes.
El documento también puso el foco en las dificultades cotidianas de quienes cursan carreras superiores mientras trabajan o tienen responsabilidades familiares.
“No queremos acostumbrarnos a que siempre falte algo. A resolverlo todo con voluntad”, expresaron los representantes de las instituciones.
Además, reivindicaron el papel de los institutos terciarios en la formación de docentes, técnicos y artistas, y su vinculación directa con las necesidades de Necochea y Quequén.
El mensaje final fue contundente: “No queremos una educación pública que apenas resista. Queremos una educación pública que crezca, que se transforme, que abra posibilidades, que produzca otros futuros”.
La movilización de Necochea formó parte de una jornada de protesta desarrollada en diferentes ciudades del país, con una convocatoria central frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires.
La quinta Marcha Federal Universitaria fue impulsada por organizaciones universitarias, estudiantiles y gremiales, con el objetivo de exigir la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La normativa establece mecanismos para actualizar los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales, recomponer los salarios docentes y no docentes, fortalecer las becas estudiantiles y sostener las actividades de investigación y extensión.

El conflicto se mantiene desde 2025, cuando el presidente Javier Milei vetó la ley, argumentando que el Congreso no había establecido las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los gastos previstos.
Aunque el veto fue rechazado por el Congreso, el Poder Ejecutivo condicionó posteriormente la aplicación de la norma mediante un decreto, lo que dio lugar a una disputa judicial.

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización también estuvo marcada por incidentes protagonizados por grupos de encapuchados que provocaron destrozos y agredieron a periodistas de distintos medios de comunicación.
Algunos manifestantes denunciaron la presencia de posibles infiltrados, aunque su identidad y pertenencia no fueron esclarecidas. Los disturbios precedieron a un operativo de las fuerzas de seguridad que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, y que también afectó a manifestantes y trabajadores de prensa.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declaró inconstitucional la disposición del Decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la ley.
El Gobierno nacional apeló la sentencia, por lo que la discusión de fondo continúa en la Justicia. Sin embargo, se mantiene vigente una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar disposiciones relacionadas con la recomposición salarial y las becas estudiantiles.
Desde el Gobierno nacional sostienen que ya se otorgaron incrementos salariales y actualizaciones de becas, y cuestionan que la ley haya sido aprobada sin especificar los recursos necesarios para financiarla. Las universidades, por su parte, consideran que las medidas adoptadas resultan insuficientes para cumplir con la normativa.
La situación presupuestaria constituye uno de los principales argumentos de las universidades para sostener las medidas de protesta.
Según un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado en marzo de 2026, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
El organismo también advirtió que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios aumentaron un 158%, frente a una inflación acumulada del 280% en el mismo período.
Esto representó una pérdida estimada del poder adquisitivo del 32%, mientras que la recomposición necesaria para recuperar el nivel salarial previo fue calculada en un 47,3% sobre los haberes de febrero de 2026.
La discusión también alcanza al Presupuesto Nacional 2027, ya que las universidades advierten que las partidas proyectadas no permitirían recuperar los recursos perdidos en los últimos años ni garantizar plenamente el cumplimiento de la legislación vigente.

La movilización de este jueves volvió a reunir en las calles de Necochea a sectores vinculados con distintos niveles de la educación pública, junto con organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Más allá del reclamo específico por los recursos universitarios, el acto local permitió visibilizar las dificultades que atraviesan los institutos de formación docente, técnica y artística, así como las demandas dirigidas a las distintas jurisdicciones responsables del sistema educativo.
La convocatoria dejó planteada una preocupación compartida por las condiciones en las que se enseña, se estudia y se produce conocimiento, en una jornada que tuvo como eje central la defensa de la educación pública y el pedido de respuestas presupuestarias.