El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires volvió a advertir sobre el deterioro de la atención del PAMI y alertó que la crisis del organismo nacional podría provocar una sobrecarga de pacientes en hospitales públicos provinciales y municipales, ante las dificultades que enfrentan los prestadores para garantizar la continuidad de los servicios.

A través de un nuevo comunicado, la entidad denunció el retraso de los honorarios, la acumulación de deudas y el deterioro de la red prestacional que atiende a jubilados y pensionados. Además, reclamó al Gobierno nacional medidas urgentes para evitar que la situación afecte aún más el acceso a consultas, tratamientos y cirugías.

 

 

Advierten que la crisis del PAMI podría trasladarse a los hospitales públicos

Uno de los principales puntos del pronunciamiento es la preocupación por las consecuencias que podría generar la interrupción de convenios entre el PAMI y los establecimientos privados.

Según explicó el Colegio de Médicos, cuando un sanatorio deja de atender a afiliados por las condiciones económicas de los contratos, la necesidad de asistencia médica no desaparece, sino que puede trasladarse al sistema público.

“La interrupción de convenios y la negativa de atención en sanatorios no hace desaparecer la enfermedad”.

La entidad advirtió que esa demanda adicional recae sobre hospitales provinciales y municipales cuyas guardias y sectores de internación ya funcionan bajo una importante presión asistencial.

De esta manera, sostuvo que el problema dejó de limitarse a una discusión sobre honorarios y financiamiento para convertirse en una cuestión que amenaza al conjunto del sistema sanitario.

 

 

Deudas, aranceles atrasados y dificultades para sostener las prestaciones

El Colegio de Médicos también cuestionó las condiciones económicas que enfrentan los profesionales y las instituciones que brindan atención a los afiliados del PAMI.

Entre los principales problemas mencionó el congelamiento y retraso de aranceles, cápitas y módulos quirúrgicos, además de la acumulación de deudas que, según denunció, comprometen la continuidad de los servicios.

En términos especialmente críticos, la entidad calificó la situación como una “política deliberada de asfixia programada sobre la red prestacional”, una interpretación que atribuyó a las decisiones adoptadas desde el ámbito nacional.

“Los profesionales de la salud no somos variables de ajuste ni escudos de contención del desamparo estatal”.

Desde la institución señalaron que las dificultades económicas no solo afectan los ingresos de los médicos, sino también sus condiciones de trabajo, la disponibilidad de insumos y la capacidad de ofrecer una atención adecuada.

 

 

Los jubilados, entre los principales afectados

El comunicado puso especial énfasis en las consecuencias que las dificultades de acceso a las prestaciones pueden tener sobre los adultos mayores.

La entidad advirtió que las demoras en las consultas, la interrupción de tratamientos y los obstáculos para acceder a medicamentos o cirugías representan riesgos particularmente importantes para una población que, en muchos casos, requiere atención médica continua.

En ese sentido, recordó que la protección de la salud constituye un derecho fundamental y rechazó que las restricciones presupuestarias puedan justificar el deterioro de las prestaciones.

El planteo adquiere relevancia también para distritos como Necochea y Quequén, donde el funcionamiento del sistema público de salud resulta fundamental para la atención de la comunidad. No obstante, el comunicado no aporta cifras específicas sobre un eventual incremento de pacientes de PAMI en los hospitales locales.

 

Cuatro reclamos urgentes al Gobierno nacional

Frente a este escenario, el Colegio de Médicos bonaerense exigió medidas concretas para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Los principales reclamos son:

• Mesa de diálogo: convocar al Ministerio de Salud de la Nación, al PAMI y a las entidades prestadoras para alcanzar soluciones efectivas.

• Actualización de aranceles: adecuar los valores de las prestaciones y las cápitas a los costos operativos reales.

• Cancelación de deudas: regularizar los pagos pendientes con profesionales e instituciones.

• Garantías de atención: asegurar la continuidad y calidad de los servicios destinados a jubilados y pensionados.

La entidad cuestionó además la falta de respuestas institucionales y reclamó que el conflicto sea abordado como un problema de salud pública, más allá de las discusiones administrativas o presupuestarias.

En el cierre de su pronunciamiento, sostuvo:

“Defender al PAMI, a sus prestadores y a los profesionales médicos es defender la vida de nuestros mayores y el derecho inalienable del pueblo a una atención digna y oportuna”.

El planteo vuelve a colocar en el centro del debate el financiamiento del sistema de atención de los adultos mayores y las posibles consecuencias de la crisis sobre los hospitales públicos.