Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expuso la magnitud de la reducción del gasto público durante la gestión de Javier Milei y sus consecuencias para la provincia de Buenos Aires. Según el relevamiento, la ejecución presupuestaria nacional cayó un 31% en términos reales entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período de 2023, mientras que la asistencia financiera a provincias y municipios se redujo un 99,8%.

El estudio, elaborado a partir de información oficial del sistema e-Sidif y del INDEC, también reveló que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires no registró ejecución presupuestaria durante los primeros nueve meses del año.

 

 

Los datos, publicados por el medio provincial La Tecla, muestran un escenario de fuertes restricciones en distintas áreas del Estado, con especial impacto sobre los programas de infraestructura, educación, salud y asistencia social.

 

Buenos Aires, sin ejecución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Uno de los indicadores más significativos del relevamiento corresponde a las transferencias nacionales destinadas a las administraciones provinciales y municipales.

Según CEPA, la asistencia financiera a provincias y municipios disminuyó un 99,8% en términos reales respecto de 2023. En paralelo, las partidas de cooperación y asistencia técnica a municipios retrocedieron un 97%.

En territorio bonaerense, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal presentó una ejecución nula durante el período analizado, equivalente a una caída del 100% frente a 2023.

La interrupción de estos recursos constituye un punto central de la disputa financiera entre la administración de Javier Milei y el gobierno provincial de Axel Kicillof.

La disminución del financiamiento nacional también restringe las posibilidades de sostener programas y obras que anteriormente contaban con aportes del Estado nacional.

Es importante aclarar que estos porcentajes corresponden a partidas específicas del presupuesto nacional y no significan que los municipios hayan dejado de recibir todos los recursos públicos.

 

La obra pública, entre los sectores más afectados

El relevamiento identifica a la infraestructura y el transporte entre las áreas con mayores reducciones presupuestarias.

La Dirección Nacional de Vialidad registró una caída real del 81,5% respecto del mismo período de 2023, mientras que el programa de desarrollo de obra pública retrocedió un 98%.

Otros indicadores reflejan la magnitud de los recortes:

• Obras de pavimentación y rutas nuevas: caída del 93%.

• Construcción de rutas seguras: reducción del 94%.

• Obras de la cuenca Matanza-Riachuelo: retroceso del 95%.

• Infraestructura en municipios: sin ejecución presupuestaria durante el período analizado.

• Obras viales fuera de la red nacional: sin ejecución registrada.

Estas reducciones afectan las posibilidades de financiar nuevos proyectos y continuar intervenciones de infraestructura mediante determinados programas nacionales.

 

 

Salud: fuertes reducciones en hospitales y organismos nacionales

El informe también señala recortes en instituciones vinculadas con la atención sanitaria, la regulación de medicamentos y la prevención de enfermedades.

La Superintendencia de Servicios de Salud registró una reducción real del 73%, mientras que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) presentó una caída del 36%.

En hospitales nacionales, las variaciones fueron igualmente significativas:

Institución	Caída real frente a 2023
Hospital Laura Bonaparte	53%
Hospital Sommer	48%
Hospital Ramón Carrillo	44%
Hospital Posadas	27%

 

Los programas destinados a la respuesta al VIH, hepatitis virales, tuberculosis y lepra registraron una reducción del 44%, mientras que las partidas para prevención de patologías específicas disminuyeron un 75%.

En contraste, el INCUCAI presentó un incremento real del 58% en su ejecución presupuestaria.

Estos datos corresponden a organismos y programas nacionales y no representan, por sí mismos, la evolución presupuestaria de los hospitales municipales o provinciales.

 

Educación: tres programas sin ejecución presupuestaria

En el ámbito educativo, CEPA identificó tres programas que no registraron ejecución durante los primeros nueve meses de 2026:

• Conectar Igualdad.

• Fondo Nacional de Incentivo Docente.

• Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles.

En los tres casos, la disminución fue del 100% respecto del período comparado de 2023.

A esto se sumaron importantes reducciones en otras partidas:

Las becas estudiantiles cayeron un 85%, las acciones de formación docente retrocedieron un 92% y la infraestructura y el equipamiento educativo registraron una disminución del 97%.

Por su parte, el desarrollo de la educación superior presentó una reducción real del 30%.

 

 

Recortes en ciencia, tecnología y desarrollo productivo

El informe también expuso una contracción de los recursos destinados a organismos científicos y tecnológicos.

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación registró una caída del 90% respecto de 2023.

En tanto, el CONICET redujo su ejecución presupuestaria un 36%, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) un 27% y la Comisión Nacional de Energía Atómica un 41%.

En las áreas vinculadas con la producción, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentó una baja del 53%, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) registró una reducción del 31%.

La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, por su parte, tuvo una caída real del 78,5%.

 

Menos recursos para programas sociales y previsionales

La disminución del gasto también alcanzó a políticas destinadas a sectores socialmente vulnerables.

Según el relevamiento, los programas de comedores comunitarios y merenderos tuvieron una reducción del 57,5%, mientras que el Plan Nacional de Protección Social cayó un 58%.

La Prestación Alimentar disminuyó un 36% en términos reales, en tanto que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia presentó una baja del 75%.

En materia previsional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registró una reducción del 34% y las pensiones no contributivas, del 24%.

Las transferencias y contribuciones a la seguridad social y a organismos descentralizados, entre las que se incluyen partidas destinadas al PAMI, disminuyeron un 25%.

Como excepción dentro de este conjunto de indicadores, las asignaciones familiares presentaron un incremento real del 13%.

 

 

Más peso de la deuda y aumento del gasto en inteligencia

El informe también identifica diferencias importantes entre las prioridades presupuestarias.

Mientras numerosas áreas registraron reducciones, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aumentó su ejecución un 63% en términos reales respecto de 2023.

Los servicios de la deuda pública, por su parte, representaron el 11,2% del gasto total ejecutado entre enero y septiembre de 2026, frente al 8,8% correspondiente al mismo período de 2025.

Además, su ejecución creció un 27,8% interanual en términos reales.

La seguridad social continuó concentrando la mayor proporción del presupuesto, con el 58% del gasto nacional ejecutado, aunque también registró una disminución real del 9% frente a 2023.

 

Qué implica este escenario para los municipios bonaerenses

La caída de las transferencias y la reducción de programas de infraestructura plantean un escenario complejo para las administraciones municipales bonaerenses.

Con menos posibilidades de acceder a determinados fondos nacionales, los municipios dependen en mayor medida de sus recursos propios, la coparticipación y los programas de financiamiento provincial para sostener obras y servicios.

Esta situación adquiere relevancia para distritos como Necochea, Quequén y las localidades del interior del partido, donde las necesidades de infraestructura vial, mantenimiento de espacios públicos y servicios básicos forman parte de la agenda municipal.

En términos generales, el relevamiento del CEPA muestra que, durante los primeros nueve meses de 2026, la reducción del gasto nacional se concentró en numerosas áreas vinculadas con los servicios públicos, las políticas sociales y la infraestructura, mientras otras partidas, como inteligencia y servicios de la deuda, aumentaron su ejecución.

El informe incorpora nuevos elementos a la discusión sobre la distribución de los recursos públicos, el financiamiento de las provincias y la capacidad de los municipios para sostener sus prestaciones.