
La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes del economista y le prohibió salir del territorio argentino.
La medida representa un avance en la causa que investiga el origen de los fondos recibidos por Espert y su posible incorporación al circuito económico legal.
El procesamiento no constituye una condena definitiva. Se trata de una resolución judicial que permite avanzar en el proceso penal al considerar que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa, la imputación formulada.
El eje de la investigación es una transferencia de 200.000 dólares realizada en enero de 2020, vinculada a una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado, empresario argentino involucrado en una causa judicial en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y operaciones financieras ilícitas.
Para justificar el ingreso de ese dinero, Espert presentó un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo S.A., una firma minera radicada en Guatemala y relacionada con Machado.
Según la documentación mencionada en la investigación, el acuerdo contemplaba servicios de consultoría vinculados con la refinanciación de deudas por un monto total de un millón de dólares, que serían abonados en cuotas durante un año.
Sin embargo, la Justicia investiga si ese contrato reflejaba una prestación real de servicios o si pudo haber sido utilizado para justificar el movimiento de fondos de origen ilícito.
La hipótesis de la acusación apunta a determinar si la operación permitió incorporar dinero presuntamente ilegal al patrimonio del exlegislador bajo la apariencia de una transacción comercial legítima.
La investigación judicial también reconstruyó movimientos posteriores al ingreso de los fondos.
De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, semanas después de recibir la transferencia, Espert habría ordenado el envío de 50.000 dólares desde una cuenta del banco Morgan Stanley hacia una entidad bancaria argentina.
Parte de ese dinero habría sido destinado a la compra de un automóvil BMW, valuado en aproximadamente 47.800 dólares.
Posteriormente, tras vender ese vehículo y sumar otros fondos, el economista adquirió un Lexus RX 350, por un valor cercano a los 130.000 dólares.
Otro de los movimientos examinados está relacionado con un fideicomiso inmobiliario denominado Costa Dunas, ubicado en las cercanías de Pinamar.
Según la documentación incorporada a la investigación, en febrero de 2025 la esposa de Espert suscribió ese fideicomiso mediante un esquema que contemplaba un anticipo superior a los 55.000 dólares y pagos posteriores.
Estos movimientos forman parte del análisis patrimonial que busca reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existieron maniobras de lavado de activos. Su inclusión en la causa no implica, por sí sola, que todas esas operaciones hayan sido declaradas ilícitas.
La resolución judicial no alcanzó únicamente al exdiputado.
El juez Mirabelli también procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, a quien atribuyó participación necesaria en el presunto delito de lavado de activos.
Sobre Cosentino se dispuso un embargo de 700 millones de pesos.
Además, la investigación comprende a la sociedad familiar Varianza S.A., sobre la cual se informó un embargo de 500 millones de pesos.
De esta manera, la causa avanza sobre distintos movimientos financieros, operaciones patrimoniales y personas vinculadas con la administración de los fondos investigados.
El exdiputado rechazó las acusaciones y sostuvo que los 200.000 dólares correspondían a una operación comercial legítima.
En agosto de este año presentó un extenso descargo judicial en el que solicitó su sobreseimiento y defendió la existencia del contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca.
Entre sus argumentos, señaló que el acuerdo había sido formalizado ante escribano y que la transferencia se realizó mediante una operación bancaria identificada.
Su defensa sostiene que no existió una maniobra destinada a ocultar el origen o el destinatario del dinero.
La Fiscalía, en cambio, cuestiona la naturaleza del contrato y busca establecer si fue utilizado para dar apariencia de legalidad a fondos presuntamente ilícitos.
Las diferencias entre ambas posiciones deberán continuar examinándose en el proceso judicial.
La investigación por los vínculos financieros con Machado tuvo consecuencias políticas para Espert durante 2025.
En medio de la controversia por el origen de los fondos, el economista renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza.
Posteriormente, también dejó su banca en la Cámara de Diputados, donde había ocupado la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El caso generó repercusiones nacionales por la vinculación del exlegislador con Machado y por los cuestionamientos sobre la transparencia de los movimientos financieros investigados.
El procesamiento conocido este jueves se produjo pocos días después de otra decisión judicial desfavorable para Espert.
El martes 20 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó planteos de su defensa que buscaban anular actuaciones de la investigación.
El tribunal también ratificó la intervención del fiscal Fernando Domínguez, permitiendo que la causa continuara su trámite.
Dos días después, el juez Mirabelli resolvió procesar al exdiputado, disponer el embargo millonario y establecer la prohibición de salida del país.
Con estas medidas, la investigación ingresa en una nueva etapa, aunque la responsabilidad penal de Espert todavía no está definida mediante una sentencia firme.