La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y consideró que los hechos investigados no encuadraban en las figuras penales analizadas.
Horas después de conocerse la resolución, Milei celebró el fallo a través de su cuenta de X, denunció una supuesta operación política y mediática en su contra y dirigió fuertes acusaciones contra periodistas y medios de comunicación que habían investigado el caso.
La resolución judicial alcanzó a los once investigados, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado con la creación del token, y Mauricio Novelli, uno de los intermediarios relacionados con el proyecto.
El juez coincidió con la fiscalía en que no se habían acreditado los elementos necesarios para configurar delitos como estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública.
Uno de los argumentos centrales fue que la pérdida económica de los inversores no constituye, por sí misma, una prueba de estafa.
Para acreditar ese delito, la investigación debía demostrar la existencia de un engaño concreto que hubiera inducido a los compradores a adquirir la criptomoneda y provocado directamente el perjuicio patrimonial.

El mensaje que público el Presidente publicitando la criptomoneda.
Según el criterio adoptado por el magistrado, esos elementos no pudieron establecerse.
El fallo también consideró insuficiente la documentación analizada para acreditar un acuerdo ilícito que involucrara al Presidente o a su hermana.
Tras conocerse el sobreseimiento, el Presidente publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que reivindicó la decisión judicial y cuestionó a quienes investigaron y difundieron información sobre el caso.
“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, expresó.
Milei sostuvo que la investigación había sido utilizada como parte de una operación destinada a perjudicarlo políticamente.
También celebró lo que consideró el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y afirmó que la Justicia no se había dejado condicionar por operadores políticos.
Su publicación incluyó cuestionamientos al Grupo La Nación y a periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio.
El mandatario los calificó con expresiones como “ensobrados” y “mercenarios de la mentira”, además de atribuirles la difusión de operaciones mediáticas.
Las acusaciones fueron formuladas por el Presidente en sus redes sociales y no constituyen hechos acreditados por el fallo judicial.

El caso se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en X un mensaje en el que promocionaba el proyecto Viva la Libertad Project, vinculado con la criptomoneda $LIBRA.
Tras la publicación presidencial, el precio del activo digital registró una suba vertiginosa y posteriormente se desplomó.
La caída provocó pérdidas a miles de compradores y dio lugar a denuncias judiciales por una presunta maniobra fraudulenta.
Según los datos recogidos en la investigación, más de 40.000 personas sufrieron pérdidas, mientras que un grupo reducido de billeteras digitales retiró alrededor de 100 millones de dólares.
La investigación buscó determinar si había existido una operación coordinada y si los funcionarios o empresarios involucrados tenían responsabilidades penales.
Aunque el sobreseimiento representa una resolución judicial favorable para Milei y los demás investigados, el expediente dejó interrogantes sobre algunos aspectos de la operatoria.
Entre ellos aparecen comunicaciones cuyo contenido no pudo establecerse, movimientos de dinero cuya trazabilidad no se completó y documentación recuperada de dispositivos electrónicos vinculados con los involucrados.
Además, los imputados fueron sobreseídos sin haber prestado declaración indagatoria.
Otro punto relevante es la situación procesal de los inversores que habían participado como querellantes y posteriormente fueron apartados.
Sus planteos para recuperar esa condición todavía tienen recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese motivo, no corresponde afirmar que el sobreseimiento ya se encuentra firme ni que todas las instancias judiciales están definitivamente agotadas.
La resolución cierra una etapa decisiva de la investigación, mientras el caso continúa generando repercusiones judiciales, políticas y mediáticas.