Más de 100 vecinos de Mar del Plata presentaron un reclamo al intendente Guillermo Montenegro y al Honorable Concejo Deliberante para que dejen sin efecto el expediente que dio origen a la autorización de una torre de 128 metros junto al chalet patrimonial La Robla, en el barrio Stella Maris.

La presentación cuestiona el expediente 1865-D-2024, del que surgió la Ordenanza 26.448, y reúne objeciones sobre la documentación de los terrenos, las intervenciones profesionales y la evaluación ambiental del proyecto de 35 pisos.

El pedido fue difundido por Cazador de Noticias y cuenta con adhesiones de arquitectos, investigadores y especialistas en preservación patrimonial.

Qué autorizó el Concejo y dónde se proyecta la torre

La iniciativa comprende una manzana delimitada por Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón, cerca de Playa Varese. Allí se encuentra el chalet María Frers de Mahn, conocido como La Robla, protegido por la normativa patrimonial municipal.

El registro oficial del Concejo Deliberante confirma que la Ordenanza 26.448 fue sancionada el 26 de septiembre de 2024 y promulgada cuatro días después. La norma autorizó a Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP S.A. a adoptar indicadores urbanísticos especiales para una propuesta de vivienda multifamiliar.

Los vecinos sostienen que la escala del proyecto resulta incompatible con el entorno. En su presentación señalan que el sector está encuadrado como distrito residencial R7, o “zona parque”, con un límite general de siete metros de altura.

Los cuestionamientos registrales, ambientales y patrimoniales

Los firmantes enumeran 23 presuntas irregularidades y consideran que existen defectos que comprometen la validez del procedimiento administrativo.

Entre los principales señalamientos aparecen:

• La titularidad y unificación de las parcelas: cuestionan la documentación incorporada y sostienen que dos lotes no pertenecerían al fideicomiso promotor. Según el reclamo, uno sería un sobrante fiscal.

• Las intervenciones profesionales: objetan la participación de un profesional cuya matrícula, afirman, estaba suspendida desde 2011.

• Un posible conflicto de intereses: cuestionan el vínculo personal entre el secretario de Planeamiento, Jorge González, y la profesional que elaboró el estudio de impacto ambiental.

• La evaluación del proyecto: señalan la falta de intervención de organismos de preservación patrimonial y manejo costero, y cuestionan la documentación ambiental y los estudios sobre viento y servicios sanitarios.

También advierten sobre las sombras que la torre proyectaría sobre viviendas y jardines y sobre la alteración del paisaje de Stella Maris.

Los señalamientos forman parte del reclamo vecinal. Sus impulsores sostienen que varios fueron documentados en sede judicial, pero esa afirmación corresponde a su posición dentro del conflicto y no equivale a una sentencia que los tenga por acreditados.

Arquitectos y especialistas acompañan el pedido

Entre las adhesiones mencionadas figuran Héctor De Schant, Fernando Cacopardo, Alejandro Héctor Novacovsky y Graciela Di Iorio. También se informó la firma, a título personal, de Paula Giglio, identificada en la presentación como vicedecana de la Facultad de Arquitectura.

El reclamo hace referencia, además, a aportes del constitucionalista Daniel Sabsay y de ICOMOS Argentina, presentados como amicus curiae: intervenciones de terceros que ofrecen argumentos especializados para la consideración del tribunal.

Según los vecinos, esos aportes advierten sobre la afectación del entorno patrimonial de La Robla y del paisaje barrial.

Los antecedentes judiciales del proyecto

La autorización fue impugnada judicialmente por Mirada Ciudadana y Surfrider Argentina. En mayo de 2025 se dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la ordenanza.

Según la cobertura de La Tecla del 12 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones había revocado esa cautelar, lo que permitió continuar las gestiones administrativas. La discusión de fondo continuaba pendiente en ese momento.

La misma publicación recogió la postura de los impulsores del desarrollo, quienes defendieron el cumplimiento de las instancias administrativas y su aporte a la inversión y el empleo.

El nuevo planteo vecinal solicita que el Ejecutivo y el Concejo intervengan sobre el trámite y declaren su caducidad. La presentación no implica, por sí misma, la anulación de la ordenanza ni una nueva suspensión del proyecto.