El relevamiento, elaborado por la cooperativa lavaca, también contabiliza 237 infancias huérfanas por femicidios y 190 tentativas durante el año, de acuerdo con sus padrones de actualización diaria.
Entre los casos de mayor repercusión se encuentra el asesinato de Nancy Estela Godoy, la docente rural de Corrientes cuya última comunicación conocida con su familia ocurrió tres semanas antes del hallazgo de su cuerpo.

Godoy tenía 52 años y se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.
La última comunicación conocida con su familia fue el 7 de octubre. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 28, en una zona rural de difícil acceso.
El asesinato provocó manifestaciones de familiares, docentes y vecinos. CTERA realizó el jueves 29 de octubre un paro nacional y una jornada de duelo, con movilizaciones y acciones en distintos puntos del país, según confirmó en su comunicado institucional.
El reclamo también puso en discusión las condiciones de aislamiento, traslado y comunicación de quienes trabajan en escuelas rurales. La confederación exigió condiciones laborales dignas y seguras, además del esclarecimiento del crimen.
Antes de su desaparición, Godoy había dejado constancia de las condiciones del establecimiento. En un documento fechado el 15 de agosto, describió problemas de limpieza, sanitarios obstruidos y falta de agua potable, según la cobertura sobre su presentación.

Los crímenes de Débora Bordón y Bárbara Camila Aragón, en Rosario; Daniela del Milagro Villalba, en Córdoba; y Tatiana Micaela Fernández, en el barrio porteño de Retiro, impulsaron otra convocatoria nacional.
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR, anunció un paro para el martes 3 de noviembre, bajo la consigna “Ni Una Trabajadora Sexual Menos”.
La jornada incluirá acciones públicas, ollas populares e iniciativas en redes sociales. Una de las actividades está prevista para las 11 frente al Congreso Nacional, de acuerdo con la convocatoria difundida por lavaca.
La organización reclama justicia por sus compañeras, reconocimiento de derechos laborales y políticas de protección. Su secretaria general, Georgina Orellano, señaló las dificultades de organizar una huelga en una actividad marcada por la falta de reconocimiento laboral y la dependencia de los ingresos diarios.
El registro anual de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema identificó 200 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas vinculadas en causas iniciadas durante 2025. El promedio fue de una víctima directa cada 44 horas.
El informe también señaló que el 78% de las víctimas directas fueron atacadas en viviendas. Los datos fueron difundidos por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Además, en al menos el 44% de los vínculos analizados existían antecedentes de violencia de género, mediante denuncias formales u otros elementos incorporados a las causas, según el boletín de junio de 2026 de la Corte Suprema.
Los registros judiciales y los de organizaciones sociales utilizan metodologías diferentes, por lo que sus cifras no son directamente comparables.
Las movilizaciones docentes y la convocatoria de AMMAR reúnen una exigencia común: medidas de prevención y protección, acceso a la Justicia y respuestas frente a la violencia antes de que se produzcan nuevos crímenes.