La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado durante la madrugada del viernes 30 de octubre, con 42 votos a favor y 21 en contra. El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei modifica los criterios para disponer internaciones involuntarias y aspectos de la organización de los servicios de atención.

La iniciativa deberá ser tratada por Diputados: todavía no es ley y sus cambios no están vigentes. La discusión enfrenta diferentes posiciones sobre cómo responder ante una crisis y garantizar tratamientos sin vulnerar los derechos de las personas. Información oficial del Senado.

Las internaciones involuntarias ya existen: qué pretende cambiar la reforma

La Ley 26.657, sancionada en 2010, ya permite internar a una persona sin su consentimiento. Considera esa intervención un recurso terapéutico excepcional, cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios y exista una situación de riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros.

La reforma propone reemplazar ese requisito por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física. Según la descripción de la iniciativa aprobada publicada por Radio Nacional, la evaluación incorporaría el estado presente, antecedentes de conductas o ideas dañosas y la evolución previsible sin tratamiento.

La diferencia práctica está en cuánto peso podrían tener los antecedentes y la evaluación de lo que puede ocurrir, además de la situación observada durante la consulta. El objetivo declarado es permitir una intervención antes de que el peligro sea inmediato.

Quienes apoyan el cambio sostienen que evitaría respuestas tardías. Quienes lo cuestionan advierten que ampliar los criterios puede aumentar el margen para restringir la libertad de una persona sin garantías suficientes. Ley vigente y descripción del proyecto aprobado.

Qué se discute sobre los profesionales y los lugares de atención

La iniciativa también modifica procedimientos de internación y el papel de los profesionales dentro de los equipos interdisciplinarios. Durante la negociación parlamentaria se introdujeron cambios sobre la participación de médicos y psicólogos.

El debate tiene una consecuencia concreta para el interior: cómo garantizar evaluaciones oportunas en localidades donde faltan especialistas, sin debilitar la calidad de la atención ni los mecanismos de control.

Otro eje es la incorporación de hospitales e instituciones especializados en psiquiatría y salud mental entre las opciones de internación. La legislación vigente establece que estas deben realizarse en hospitales generales y promueve dispositivos comunitarios.

Los defensores de la reforma plantean que ampliar las alternativas permitiría responder a la falta de camas. Sus críticos temen que se consolide una atención centrada en instituciones separadas del sistema general y se releguen las redes comunitarias. Cobertura de las modificaciones negociadas en el Senado.

Profesionales a favor: intervenir antes y sostener instituciones especializadas

Entre las voces que defendieron modificar la legislación está Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras —AAP—.

Durante su exposición ante el plenario de comisiones del 12 de mayo, cuestionó que exigir un riesgo cierto e inminente permita actuar oportunamente. Según la reseña publicada por la propia asociación, argumentó que la conducta humana no es predecible y que, cuando se reúnen esas condiciones, la intervención puede llegar tarde.

Su posición apunta a dar mayor margen a la evaluación clínica para actuar antes de una situación extrema. Reseña de la AAP y enlace a la exposición.

Otra postura favorable fue la de Ignacio Brusco, presentado en el informe del Ministerio de Salud como decano de Medicina de la UBA y director de su Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. En las audiencias de mayo defendió la necesidad de corregir la ley y vinculó las dificultades para conseguir camas con el cierre de instituciones monovalentes.

También el psiquiatra León Morra respaldó la continuidad de hospitales especializados y sostuvo que una reforma podría facilitar inversiones y fortalecer redes de atención diferenciadas.

Estas intervenciones corresponden al debate previo: expresan posiciones favorables a modificar la normativa, sin implicar necesariamente un respaldo a cada artículo finalmente aprobado. Informe oficial del 21 de mayo e informe del 13 de mayo.

En Necochea y Quequén advirtieron sobre internaciones arbitrarias

La discusión tiene un antecedente local. Como publicó NdeN el 15 de octubre, la Mesa Intersectorial de Salud Mental de Necochea y Quequén difundió un pronunciamiento contra aspectos de la reforma.

La organización advirtió que ampliar los criterios de riesgo podría generar interpretaciones discrecionales y facilitar internaciones arbitrarias, con consecuencias sobre la libertad y la autonomía de las personas.

También cuestionó que se jerarquice una disciplina sobre las demás y señaló las dificultades de exigir especialistas en territorios donde son escasos. Defendió equipos con participación de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería y otras áreas.

La Mesa reclamó más profesionales, infraestructura, medicamentos, guardias y dispositivos comunitarios. “Necesitamos fortalecer el sistema de salud mental, no retroceder”, expresó.

El pronunciamiento fue anterior a la media sanción y constituye un antecedente de los cuestionamientos locales a la propuesta.

Psicólogos bonaerenses expresaron su rechazo en una jornada en Necochea

Según publicó Diputados Bonaerenses el 30 de octubre, durante una jornada realizada en Necochea bajo la consigna “Rumbo al Congreso Provincial ColPsiBA 2027”, representantes de la mayoría de los distritos del Colegio de Psicólogos bonaerenses suscribieron una declaración contra la reforma y reclamaron mejores condiciones laborales.

El presidente de la entidad, Pablo Della Savia, defendió una concepción integral, vinculada con los derechos humanos y las condiciones de vida. “No hay salud mental sin derechos, salud mental es también llegar a fin de mes”, sostuvo.

Su planteo cuestiona que el sufrimiento se explique exclusivamente como un problema individual. Reclamó considerar los factores económicos, laborales y sociales, fortalecer las redes profesionales y comunitarias y respetar las incumbencias de la psicología.

Apoyos, rechazos y objeciones dentro del Senado

En el debate parlamentario, Ivanna Arrascaeta, de La Libertad Avanza y presidenta de la Comisión de Salud, defendió la necesidad de actualizar una legislación que consideró insuficiente frente a las demandas actuales.

El senador bonaerense Maximiliano Abad, de la UCR, acompañó el proyecto en general, pero cuestionó artículos vinculados con las instituciones monovalentes. Defendió las redes comunitarias y las internaciones en hospitales generales: su posición expresó un apoyo con objeciones.

Desde el Justicialismo, Lucía Corpacci rechazó que modificar la ley sea la respuesta central. Planteó que se necesitan recursos para aplicar la normativa existente y cuestionó el alcance de las consultas con los referentes provinciales. Posiciones recogidas por el Senado.

El presupuesto y los cuidados después del alta

La discusión incluye una cuestión que ninguna modificación legal resuelve por sí sola: la disponibilidad de profesionales, camas, turnos y acompañamiento para sostener los tratamientos.

La ley vigente contempla atención ambulatoria, acompañamiento domiciliario, hospitales de día y dispositivos de inclusión social y laboral. También establece que una internación no puede indicarse o prolongarse para resolver problemas sociales o de vivienda.

Por eso, el debate comprende tanto las condiciones para intervenir ante una crisis como los apoyos necesarios para prevenirla y sostener los cuidados después del alta. Dispositivos previstos por la Ley 26.657.

La próxima instancia será Diputados, que podrá aprobar, rechazar o modificar la propuesta. Hasta que se complete el procedimiento legislativo y corresponda su entrada en vigencia, la media sanción no modifica las condiciones actuales de atención.