La exoneración de Virginia Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) motivó una protesta frente a la oficina del organismo en Necochea, ubicada en avenida Cardiel 2332. Integrantes de la Asamblea Basta de Fumigarnos Necochea-Quequén rechazaron la sanción contra la investigadora y advirtieron sobre sus consecuencias para la investigación científica vinculada con la presencia de plaguicidas en el ambiente y en las personas.

NdeN — Noticias de Necochea cubrió la movilización a través del periodista Néstor Ferreyra, quien entrevistó a Susana Laborde y Daniela Sosa Otárola, integrantes de la asamblea, y a María Eugenia Gandrup, vecina de Necochea que participó como voluntaria del proyecto internacional SPRINT.

 

Durante la entrevista, las manifestantes reconstruyeron los antecedentes del conflicto, cuestionaron el procedimiento que terminó con la exoneración de Aparicio y señalaron la responsabilidad que, a su entender, tienen distintos sectores en las decisiones del INTA.

 

Qué es el proyecto SPRINT y por qué está vinculado con Virginia Aparicio

 

Virginia Aparicio fue la investigadora principal por Argentina del proyecto internacional SPRINT, una iniciativa científica desarrollada con participación de países europeos y orientada a estudiar la exposición a plaguicidas y sus posibles efectos sobre la salud humana, animal y el ambiente.

 

Desde Basta de Fumigarnos explicaron que la investigación incluyó análisis de sangre, orina y materia fecal, además del uso de pulseras destinadas a registrar la presencia de sustancias químicas en el aire.

 

El estudio contempló a personas con diferentes niveles de vinculación con las actividades agropecuarias: productores rurales, trabajadores del sector y habitantes de ciudades. También se analizaron diferencias relacionadas con los hábitos alimentarios, entre ellas las correspondientes a participantes vegetarianos.

 

Según detallaron las entrevistadas, uno de los aspectos centrales de SPRINT fue investigar no solamente los efectos de los plaguicidas de manera individual, sino también las posibles consecuencias de la exposición simultánea a diferentes sustancias.

 

Las integrantes de la asamblea mencionaron resultados correspondientes a 73 personas muestreadas y señalaron que los análisis habían detectado residuos de distintos plaguicidas, incluidos compuestos de uso actual y sustancias persistentes utilizadas décadas atrás.

 

Entre las sustancias mencionadas durante la entrevista estuvieron el glifosato, el DDT, el bromoxinil y el 2,4-D. Las entrevistadas expresaron preocupación por la presencia simultánea de estos compuestos y por la necesidad de profundizar las investigaciones sobre sus posibles efectos combinados.

 

El testimonio de una vecina: plaguicidas detectados pese a vivir en la ciudad

Uno de los testimonios recogidos por NdeN fue el de María Eugenia Gandrup, vecina de Necochea que participó voluntariamente de los muestreos realizados en el marco del proyecto SPRINT.

 

Gandrup explicó que su relación con el ámbito rural era limitada y que, pese a residir en la ciudad, los análisis detectaron residuos de plaguicidas en su organismo.

 

"Yo soy de la ciudad, tengo muy poco contacto con el campo, fui docente de la escuela agropecuaria, pero asistiendo solamente una vez a la semana", relató.

 

Y agregó: "Yo resido en la ciudad y todos esos plaguicidas aparecen en mi cuerpo viviendo en la ciudad".

 

Su experiencia fue presentada durante la movilización como un ejemplo de las preocupaciones que genera la exposición ambiental a estas sustancias más allá de los establecimientos agropecuarios.

 

Desde Basta de Fumigarnos remarcaron que los resultados del proyecto plantean interrogantes sobre las diferentes vías de exposición y la necesidad de estudiar qué ocurre tanto con quienes trabajan en el campo como con quienes viven en áreas urbanas.

 

La detección de residuos en muestras biológicas permite identificar exposición a determinadas sustancias, aunque por sí sola no establece el origen exacto de esa exposición ni demuestra la existencia de una enfermedad asociada.

 

La suspensión del proyecto y el origen del conflicto

 

Uno de los puntos centrales del reclamo fue la relación que las manifestantes establecieron entre la interrupción de SPRINT y el procedimiento administrativo iniciado contra Virginia Aparicio.

 

Según explicaron desde la asamblea, la participación argentina en el proyecto fue suspendida en junio de 2023, cuando estaba prevista una reunión para comunicar los resultados a las personas que habían participado voluntariamente de los estudios.

 

Las entrevistadas señalaron que esa reunión no pudo realizarse y que la interrupción del proyecto generó preocupación entre quienes esperaban conocer los resultados de sus análisis.

 

De acuerdo con su relato, la situación impulsó a las personas participantes a organizarse, intercambiar información y reclamar que Argentina continuara formando parte de la investigación internacional.

 

Desde Basta de Fumigarnos sostuvieron que, en ese contexto, cuando los resultados comenzaron a circular, se inició un sumario administrativo contra Aparicio.

 

La organización considera que existe una relación entre el conflicto por la difusión de los resultados y el procedimiento que finalmente derivó en la exoneración de la investigadora. Se trata de una interpretación expresada por las manifestantes durante la entrevista.

 

"No hay grieta": los cuestionamientos de la asamblea a distintos gobiernos

 

Las integrantes de Basta de Fumigarnos hicieron especial hincapié en que el conflicto comenzó durante la gestión nacional anterior y concluyó con la sanción aplicada bajo el actual gobierno.

 

Recordaron que el sumario se inició en 2023, mientras que la exoneración se resolvió posteriormente.

 

Por ese motivo, desde la organización plantearon que la situación no debe interpretarse únicamente como una disputa entre administraciones nacionales.

 

"No hay grieta", fue una de las expresiones utilizadas durante la entrevista para explicar que, desde su perspectiva, las decisiones vinculadas con el modelo agropecuario y la investigación científica atraviesan diferentes gobiernos.

 

Las manifestantes cuestionaron tanto el inicio del procedimiento como su desenlace y consideraron que la sanción representa una respuesta desproporcionada frente al conflicto.

 

La gravedad de la exoneración y sus posibles consecuencias laborales

 

Otro de los aspectos destacados por la asamblea fue el alcance de la sanción aplicada a Virginia Aparicio.

 

Durante la entrevista, sus integrantes señalaron que la exoneración no solamente implica la desvinculación de la investigadora del INTA, sino que podría afectar sus posibilidades de desempeñarse en otros organismos del Estado.

 

En particular, expresaron preocupación por las consecuencias que, según su interpretación, podría tener sobre su vinculación con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

 

Desde Basta de Fumigarnos cuestionaron que una decisión adoptada en el ámbito de una institución pudiera tener efectos sobre la trayectoria profesional de una investigadora en otros espacios científicos.

 

Las manifestantes también afirmaron que se trataría de una sanción excepcional en la historia del INTA. Según sostuvieron, no se registraban exoneraciones de estas características en el organismo desde hacía décadas, con la salvedad de antecedentes vinculados con la última dictadura militar.

 

Tanto el alcance administrativo de la sanción como sus eventuales consecuencias sobre otros cargos y los antecedentes históricos mencionados corresponden a afirmaciones realizadas por las entrevistadas.

 

Cuestionamientos a la conducción del INTA y a la participación de entidades agropecuarias

 

La entrevista también incluyó críticas a la composición de los espacios de conducción del INTA y a la participación de representantes del sector agropecuario en las decisiones institucionales.

 

Desde Basta de Fumigarnos señalaron que, aunque se trata de un organismo público dedicado a la investigación y al desarrollo tecnológico agropecuario, en su estructura de conducción participan representantes de entidades vinculadas con la actividad productiva.

 

En ese marco, mencionaron a la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) como organizaciones relacionadas con los espacios de representación del sector.

 

Para la asamblea, esta composición resulta relevante al analizar las decisiones sobre investigaciones que abordan las consecuencias ambientales y sanitarias del uso de plaguicidas.

 

Las entrevistadas cuestionaron la influencia que, a su entender, tienen los sectores agropecuarios de mayor peso económico sobre las definiciones institucionales.

 

Su planteo fue que las políticas públicas vinculadas con la producción agropecuaria no afectan exclusivamente a quienes desarrollan esa actividad, sino también a las comunidades y los territorios donde se lleva adelante.

 

En la parte final de la entrevista, las manifestantes también mencionaron a personas que, según sostuvieron, tuvieron responsabilidades en distintas etapas del procedimiento contra Aparicio. La organización cuestionó tanto las decisiones adoptadas durante la gestión anterior del organismo como las correspondientes a su conducción actual.

 

Una campaña nacional en respaldo a Virginia Aparicio

La concentración realizada frente al INTA Necochea formó parte de una serie de actividades impulsadas en distintas localidades del país para expresar apoyo a la investigadora.

 

Desde la asamblea explicaron que mantienen contacto con Aparicio y que el reclamo se está articulando a escala nacional.

 

Durante la entrevista mencionaron una caravana organizada entre Mar del Plata y Balcarce, además de concentraciones y convocatorias en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y otros puntos del país.

 

También destacaron la campaña Todxs por Virginia, impulsada para difundir las actividades de respaldo y visibilizar el rechazo a la exoneración.

 

La protesta en Necochea permitió reunir dos dimensiones del conflicto: por un lado, la situación laboral e institucional de una investigadora vinculada con un proyecto internacional; por otro, las experiencias de personas que participaron de los estudios y reclaman que se garantice la continuidad de las investigaciones y el acceso a sus resultados.

 

Para la Asamblea Basta de Fumigarnos Necochea-Quequén, el caso de Virginia Aparicio excede una sanción individual y plantea una discusión más amplia sobre la investigación científica pública, la influencia de los sectores productivos en las decisiones institucionales y el derecho de la población a conocer información relacionada con el ambiente y la salud.

 

Cobertura periodística: Néstor Ferreyra | NdeN — Noticias de Necochea.