Paraguay atraviesa una profunda crisis política y financiera. El Senado destituyó este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña, quien posteriormente quedó detenido por orden de la Fiscalía, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con el colapso de Ueno Bank.

La decisión se adoptó por unanimidad, con el voto de los 44 senadores presentes, después de que el Congreso no aceptara la renuncia presentada por Peña el jueves. El mandatario fue declarado responsable de mal desempeño de sus funciones mediante un juicio político.

 

Poco después, Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, juró como nuevo presidente de Paraguay y deberá completar el mandato constitucional hasta agosto de 2028.

 

El escándalo que precipitó la caída del Gobierno involucra a una de las principales entidades financieras del país, millones de clientes afectados, cientos de millones de dólares de organismos públicos y cuestionamientos sobre la actuación del Banco Central.

 

De la renuncia a la destitución: por qué el Congreso avanzó contra Peña

 

La crisis se aceleró durante la primera semana de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar un grave deterioro de su situación financiera.

 

El cierre de los servicios bancarios dejó a numerosos clientes sin acceso a sus cuentas, tarjetas y transferencias. Las protestas de ahorristas y los cuestionamientos políticos se multiplicaron en Asunción.

 

Ante la presión, Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso no llegó a aceptarla por falta de cuórum.

 

La diferencia entre una renuncia y una destitución tenía consecuencias institucionales. La Constitución paraguaya contempla la condición de senador vitalicio para los expresidentes elegidos democráticamente, con una excepción para quienes sean sometidos a juicio político y declarados culpables.

 

El viernes, el Senado continuó el procedimiento y resolvió removerlo del cargo. Peña no asistió personalmente a la sesión y fue representado por sus abogados.

 

La destitución mediante juicio político constituye una decisión de responsabilidad política y no equivale a una condena penal.

 

Santiago Peña quedó detenido y enfrenta una investigación judicial

 

Minutos después de la destitución, la Fiscalía paraguaya ordenó la detención de Santiago Peña en una causa por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles.

 

Inicialmente, el expresidente quedó bajo custodia policial en su domicilio de Asunción. Durante la madrugada del sábado, medios paraguayos y argentinos informaron que fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial por razones de seguridad, ante la concentración de manifestantes frente a su vivienda.

Los investigadores buscan determinar si existieron responsabilidades penales en el manejo de recursos públicos depositados en Ueno Bank, en las decisiones que favorecieron su expansión y en la supervisión de las operaciones financieras cuestionadas.

 

Peña niega haber cometido delitos. La investigación se encuentra en desarrollo y las acusaciones deberán ser evaluadas por la Justicia.

 

Qué es Ueno Bank y por qué su caída provocó una crisis nacional

 

Ueno Bank era una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, con aproximadamente 2,9 millones de clientes y una fuerte presencia en las operaciones bancarias cotidianas.

 

Su cierre afectó el acceso a depósitos, transferencias, pagos y cobros de salarios. Entre los perjudicados se encuentran particulares, trabajadores, comerciantes y jubilados que utilizaban la entidad para recibir sus haberes.

 

El Banco Central inició el procedimiento de resolución después de detectar que la solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.

 

Las investigaciones apuntan a presuntas operaciones crediticias irregulares con empresas vinculadas a los propietarios del banco, documentación insuficiente y problemas en el registro de activos.

 

La entidad pertenece al conglomerado empresarial conocido como Grupo Vázquez, cuyas relaciones con dirigentes políticos y funcionarios públicos quedaron bajo escrutinio.

Los vínculos de Santiago Peña con el banco

 

Uno de los aspectos centrales del escándalo es la relación empresarial previa de Santiago Peña con el grupo económico vinculado a Ueno Bank.

 

El exmandatario había sido accionista de Ueno Holding, una sociedad relacionada con el conglomerado controlador de la entidad financiera.

 

Peña sostuvo que se desprendió de esa participación en marzo de 2025 y negó haber sido accionista directo del banco.

 

Sin embargo, su vínculo anterior con el grupo empresarial adquirió relevancia por el crecimiento de los depósitos de organismos estatales en Ueno durante su presidencia.

 

La investigación debe establecer si existió algún conflicto de intereses y si las decisiones públicas que beneficiaron a la entidad respetaron los procedimientos legales y administrativos.

 

Haber tenido una participación empresarial previa no constituye, por sí mismo, prueba de un delito. El cuestionamiento apunta a determinar si esa relación influyó indebidamente en decisiones adoptadas desde el Gobierno.

 

Los 850 millones de dólares de fondos públicos: el centro del escándalo

Ueno Bank llegó a administrar aproximadamente 850 millones de dólares de fondos públicos, según las cifras difundidas durante la crisis.

 

Entre esos recursos había depósitos de distintos organismos estatales y una participación especialmente importante del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar fondos destinados a jubilaciones y prestaciones sociales.

 

Las colocaciones del IPS en el banco alcanzaban varios cientos de millones de dólares. Además, alrededor de 32.000 jubilados cobraban sus haberes a través de Ueno.

 

La situación generó preocupación porque una crisis de solvencia en una entidad que administra recursos previsionales puede comprometer la disponibilidad de fondos destinados a obligaciones sociales.

 

Durante el gobierno de Peña, los depósitos públicos en Ueno registraron un crecimiento extraordinario. Una investigación del diario paraguayo ABC Color señaló que pasaron de aproximadamente 70.000 millones de guaraníes en septiembre de 2023 a 3,2 billones al cierre de 2025.

 

El aumento abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar la entidad y concentrar allí recursos estatales.

 

La Justicia deberá determinar si esas colocaciones fueron realizadas de manera regular y si existieron decisiones destinadas a favorecer indebidamente al banco.

 

Es importante distinguir que los fondos depositados en una entidad intervenida no equivalen automáticamente a dinero perdido. Su recuperación depende del proceso de resolución, los activos disponibles y los mecanismos de garantía.

 

Préstamos a empresas vinculadas y sospechas sobre el manejo del dinero

 

Las investigaciones también se concentran en el destino de los recursos administrados por Ueno Bank.

 

Según los antecedentes difundidos por las autoridades y la prensa paraguaya, se detectaron créditos y sobregiros de gran magnitud otorgados a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.

 

Algunas de esas operaciones presentaban cuestionamientos por la insuficiencia de garantías, la capacidad de pago de las compañías beneficiarias y el registro contable de las transacciones.

 

La Fiscalía investiga si parte de esos préstamos permitió financiar empresas del mismo conglomerado y si existieron movimientos destinados a aparentar el cumplimiento de obligaciones financieras.

 

El problema adquiere una dimensión mayor por la presencia de fondos públicos y previsionales entre los depósitos de la entidad.

 

No obstante, la existencia de créditos cuestionados no permite afirmar que todos los recursos estatales hayan sido desviados. Determinar el destino de los fondos y las eventuales responsabilidades forma parte de la investigación judicial.

 

El Banco Central bajo sospecha: renunció su presidente y también quedó detenido

 

La crisis también alcanzó al organismo encargado de supervisar el sistema financiero paraguayo.

 

Carlos Carvallo Spalding, presidente del Banco Central del Paraguay hasta el 3 de noviembre, había dirigido anteriormente Financiera Ueno, antes de que la entidad obtuviera autorización para operar como banco.

Tras el estallido del escándalo, Carvallo presentó su renuncia a pedido de Santiago Peña.

 

El viernes 6 de noviembre, la Fiscalía también ordenó su detención en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Posteriormente, el exfuncionario se presentó ante las autoridades.

 

Su situación plantea un interrogante central: por qué el organismo regulador no adoptó medidas suficientes antes de que la crisis alcanzara semejante magnitud.

 

Investigaciones periodísticas paraguayas señalaron que existían advertencias internas sobre operaciones con empresas vinculadas, problemas de garantías y riesgos financieros.

 

El Banco Central, por su parte, informó que sus equipos de supervisión realizaron verificaciones técnicas y que la intervención fue consecuencia del deterioro patrimonial detectado.

 

La Justicia deberá establecer si hubo incumplimientos de deberes, omisiones de control o conductas penalmente relevantes por parte de las autoridades regulatorias.

 

La trayectoria de Carvallo, primero como directivo de Ueno y luego como titular del organismo encargado de supervisarlo, también puso en discusión los posibles conflictos de intereses entre el sector financiero privado y el Estado.

 

Pedro Alliana asumió la presidencia en medio de las protestas

Tras la destitución de Peña, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay y asumió la responsabilidad de conducir el país hasta agosto de 2028.

 

Su llegada al poder se produjo en un contexto de protestas, investigaciones judiciales y preocupación por la estabilidad del sistema financiero.

 

El nuevo mandatario anunció que la recuperación de los depósitos de los ahorristas afectados será una de sus prioridades.

 

Las autoridades paraguayas pusieron en marcha mecanismos de devolución a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que, según las estimaciones oficiales, permitiría cubrir íntegramente los saldos de aproximadamente el 97% de los clientes.

 

Sin embargo, persisten interrogantes sobre los depósitos que superan los límites garantizados, los recursos públicos comprometidos y las consecuencias económicas del cierre de la entidad.

 

Una crisis que expone los vínculos entre el poder político y el sistema financiero

La destitución de Santiago Peña representa uno de los episodios políticos más importantes de Paraguay en los últimos años.

 

El país no atravesaba la remoción de un presidente mediante juicio político desde 2012, cuando el Congreso destituyó a Fernando Lugo, aunque las circunstancias de ambos procesos son diferentes.

 

En el caso actual, el escándalo combina la caída de una entidad bancaria de alcance nacional, la exposición de fondos previsionales y estatales, vínculos empresariales con el expresidente y cuestionamientos sobre los controles del Banco Central.

 

Mientras Pedro Alliana intenta estabilizar la situación, la investigación judicial deberá determinar qué ocurrió con los recursos comprometidos y si existieron responsabilidades penales de empresarios, funcionarios y autoridades políticas.

 

La crisis dejó al descubierto una pregunta que excede la situación de un banco privado: cómo se administraron y supervisaron cientos de millones de dólares de recursos públicos y quiénes deben responder por las decisiones que permitieron llegar a esta situación.