El femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años asesinada en una zona rural de Corrientes, puso bajo investigación una posible trama de negocios vinculados con cotos de caza, permisos irregulares y tráfico de trofeos de animales silvestres. La mujer había denunciado graves irregularidades en la escuela donde trabajaba, ubicada dentro de una estancia en la que podrían haberse desarrollado actividades de caza no autorizadas.

El cuerpo de Godoy fue encontrado el 29 de octubre en un bañado cercano a Esquina, después de varias semanas de búsqueda. La autopsia confirmó que murió apuñalada, aunque todavía no se estableció el motivo del crimen.

 

 

Una docente que denunció una escuela abandonada

Nancy Godoy había asumido como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, en el sur de Corrientes.

Para llegar al establecimiento debía recorrer durante horas caminos rurales y atravesar sectores de difícil acceso, incluso a caballo.

Al comenzar su trabajo, encontró una situación que decidió denunciar: la escuela funcionaba en condiciones de abandono, con graves deficiencias y presuntas irregularidades administrativas.

La docente llegó a describir el establecimiento como una “escuela fantasma con alumnos fantasmas”, al cuestionar el funcionamiento institucional y la ausencia del director anterior, quien, según sus denuncias, continuaba cobrando su salario sin asistir.

Esas denuncias constituyen una de las líneas que se analizan para intentar determinar si su asesinato pudo estar relacionado con conflictos surgidos a partir de su llegada a la escuela.

 

 

Qué tienen que ver los cotos de caza con el femicidio

La estancia El Curupí se encuentra en una extensa región comprendida entre Esquina y Sauce, donde funcionan numerosos establecimientos dedicados al turismo de caza.

Según una investigación del periodista Matías Avramow publicada por La Nación, en un territorio de unas 300.000 hectáreas funcionan al menos doce cotos de caza declarados, que reciben visitantes argentinos y extranjeros interesados en la captura de animales, principalmente ciervos.

La sospecha es que una parte de la estancia donde trabajaba Godoy también habría sido utilizada para actividades de caza sin las habilitaciones correspondientes.

En ese contexto aparece Ireneo Antonio Zarza, capataz de El Curupí y uno de los principales acusados del femicidio.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio nacional, Zarza habría permitido que cazadores de establecimientos vecinos ingresaran a sectores de la estancia que no estaban habilitados para esa actividad.

Esta presunta utilización irregular del terreno es uno de los elementos que llevaron a examinar posibles vínculos entre el asesinato y los negocios desarrollados en la zona.

Sin embargo, no está demostrado que Godoy conociera esas actividades ni que su denuncia sobre la escuela estuviera relacionada con ellas.

 

Diego Ruiz Díaz es un excazador furtivo hoy inspector de Flora y Fauna de la provincia.

 

Una investigación sobre presunto contrabando de trofeos de caza

Las sospechas sobre el negocio de la caza no comenzaron con el femicidio.

Según el relevamiento periodístico, desde 2025 grupos de cazadores e influencers brasileños promocionaban excursiones hacia Sauce y Esquina, con la posibilidad de trasladar posteriormente los animales capturados como trofeos a sus países de origen.

Para realizar esas operaciones se requieren autorizaciones provinciales y permisos nacionales de exportación.

La investigación de La Nación señala que, hasta hace algunos meses, en Sauce no existían habilitaciones nacionales registradas para exportar esos trofeos, pese a la actividad promocionada.

Ante posibles maniobras de contrabando y participación de funcionarios, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) abrió una investigación a partir de información aportada por la Policía Federal Argentina.

Se trata de una investigación sobre presuntos delitos relacionados con la actividad cinegética, cuya existencia no demuestra por sí misma una conexión con el asesinato de la docente.

 

 

Un inspector provincial bajo la lupa

La investigación periodística también identificó a Diego Miguel Ruiz Díaz, inspector de Flora y Fauna de Corrientes, como una de las personas señaladas en denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el control de los cotos de caza.

Según los datos judiciales obtenidos por La Nación, entre 2022 y 2025 acumuló nueve causas vinculadas con diferentes acusaciones, entre ellas abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, hurto y asociación ilícita.

El inspector rechazó los cuestionamientos y sostuvo que las acusaciones en su contra son falsas.

Desde la Dirección de Recursos Naturales provincial también relativizaron las denuncias, al considerar que provienen de sectores enfrentados con el organismo.

 

 

Por qué también se investiga la cercanía entre escuelas y cotos de caza

Otro elemento de la investigación es la proximidad entre establecimientos educativos rurales y predios utilizados para la caza.

La Ley provincial 6691 de Corrientes establece que los cotos autorizados deben encontrarse a una distancia mínima de 1.500 metros de poblados, pueblos o ciudades.

Según las fuentes consultadas por La Nación, la escuela donde trabajaba Godoy sería uno de varios establecimientos educativos ubicados en zonas próximas a cotos.

Una de las hipótesis plantea que el abandono de algunas escuelas rurales podría haber facilitado actividades de caza sin controles suficientes.

 

Cinco detenidos y un móvil que todavía no fue esclarecido

La causa por el femicidio de Nancy Godoy tiene cinco personas detenidas, cuatro de ellas acusadas de intervenir en el asesinato y una quinta imputada por falso testimonio.

Entre los principales sospechosos se encuentran Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia, y Felipe Dionisio Sandoval, trabajador del establecimiento, quienes recibieron prisión preventiva.

También fueron imputados Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, personas vinculadas con el entorno donde trabajaba la docente.

La investigación judicial busca determinar qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Godoy, cuál fue la participación de cada acusado y qué motivó el asesinato.

Entre las posibles explicaciones se encuentran un ataque vinculado con violencia de género, conflictos derivados de las denuncias escolares y la eventual relación con actividades de caza en la zona.

Hasta el momento, ninguna de esas hipótesis permitió establecer de manera definitiva el móvil del crimen.

Mientras continúa la investigación judicial, el femicidio también dejó expuestas otras preguntas: qué controles existen sobre las escuelas rurales aisladas, cómo se fiscalizan los negocios de caza y qué responsabilidades tienen las autoridades encargadas de supervisar esas actividades.

El esclarecimiento del asesinato de Nancy Godoy sigue siendo el eje principal de la causa, mientras las posibles conexiones con otros delitos deberán ser determinadas mediante pruebas judiciales.