La explosión de un caño de gas ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó al menos una persona fallecida, 30 heridas y graves daños en viviendas y comercios. Sin embargo, a medida que pasan los días, los testimonios de los vecinos plantean una pregunta central: ¿por qué no se evacuó la zona cuando ya se conocía la existencia de una importante fuga de gas?
El estallido ocurrió alrededor de las 10:52, en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, después de que una máquina tuneladora dañara una cañería de distribución.
Según la reconstrucción del Municipio de Lanús, la rotura se produjo a las 9:44. Es decir, transcurrió más de una hora entre el inicio de la fuga y la explosión.

Uno de los testimonios que adquirió repercusión pública es el de Alejandro Pérez, vecino de Remedios de Escalada, quien registró involuntariamente el momento del estallido mientras enviaba un mensaje de audio a otros habitantes del barrio.
En la grabación, Pérez relata que había bajado a hablar con los trabajadores que realizaban tareas sobre la red de gas, después de que comenzara a sentirse un olor intenso en la zona.
Según su testimonio, los obreros le confirmaron que existía una pérdida y advirtieron sobre la posibilidad de una explosión.
Mientras transmitía esa información a sus vecinos, se produjo el estallido.
El audio se viralizó porque permite escuchar la explosión en el mismo momento en que el vecino estaba advirtiendo sobre el peligro.
Posteriormente, entrevistado por TN, Pérez relató que él y su familia lograron ponerse a salvo porque siguieron las indicaciones de los trabajadores y se alejaron con sus hijos.
El vecino cuestionó también la actitud del personal jerárquico de la empresa, al señalar que, mientras los obreros advertían sobre el riesgo, otros responsables presentes en el lugar transmitían tranquilidad a la población.
Su relato constituye un testimonio relevante para reconstruir qué información recibieron los vecinos antes del estallido y qué medidas se adoptaron para protegerlos.
Las tareas que se desarrollaban en el lugar estaban a cargo de Exgadet, una empresa contratada por MetroGAS para realizar trabajos de renovación de la red.
De acuerdo con la información oficial, una máquina tuneladora utilizada durante la obra dañó una cañería de media presión y provocó el escape de gas.
El Municipio de Lanús denunció que, tras detectarse la pérdida, los trabajadores informaron el incidente al sistema interno de MetroGAS, pero no se convocó inmediatamente a los servicios municipales de emergencia.
Esta secuencia es uno de los principales aspectos que investiga la Justicia.
La fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI Nº 6 de Lanús, interviene en la causa y dispuso la demora de dos integrantes del personal jerárquico de MetroGAS que se encontraban en el lugar.
Las autoridades buscan establecer si existieron incumplimientos de los protocolos de seguridad, quiénes tenían la responsabilidad de activar los procedimientos de emergencia y por qué no se evacuó preventivamente el sector.
MetroGAS, por su parte, sostuvo que activó su protocolo habitual cuando recibió la comunicación sobre la fuga.
La existencia de una empresa tercerizada no elimina las obligaciones de seguridad de la distribuidora, aunque las responsabilidades concretas de cada actor deberán determinarse mediante la investigación.

Durante el fin de semana, vecinos y comerciantes de Remedios de Escalada comenzaron a movilizarse para exigir respuestas por lo ocurrido.
Las protestas se concentraron cerca del perímetro afectado, donde numerosas familias perdieron viviendas, pertenencias o sus lugares de trabajo.
Los damnificados reclamaron asistencia, reparación de los daños, garantías de seguridad y el esclarecimiento de las responsabilidades empresariales.
El Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial y sostuvo que existieron irregularidades en la respuesta ante la emergencia.
Mientras tanto, algunas familias pudieron regresar progresivamente a sus hogares, aunque otras continúan enfrentando importantes pérdidas materiales.
Una de las afectadas es Marta Beatriz Hernández, una costurera de 64 años que perdió su vivienda y cuyas vecinas impulsaron una campaña solidaria. Su esposo debió ser hospitalizado por las heridas que sufrió durante la explosión.

El siniestro también vuelve a poner bajo discusión las responsabilidades de las grandes empresas que administran servicios públicos esenciales.
MetroGAS es la principal distribuidora de gas natural del país, con aproximadamente 2,5 millones de usuarios.
En agosto de 2026, YPF aceptó una oferta de 780 millones de dólares presentada por Edenor para adquirir el 70% del capital de MetroGAS.
Edenor está controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Manzano, además, ya mantenía una participación accionaria minoritaria en la distribuidora de gas a través de Integra Gas Distribution.
La operación fue anunciada públicamente, pero su cierre quedó sujeto a autorizaciones regulatorias y otras condiciones contractuales. La documentación financiera de Edenor correspondiente al tercer trimestre de 2026 aclara que el acuerdo no le otorga el control operativo de MetroGAS antes de concretarse la transferencia.
Por lo tanto, no corresponde atribuir automáticamente a los futuros compradores la conducción operativa de la empresa al momento de la explosión.
Sí corresponde señalar que la distribución de gas constituye un servicio público esencial, cuya prestación requiere controles, inversiones y protocolos de seguridad independientemente de quiénes sean sus accionistas.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) anunció que realizará las auditorías correspondientes y pondrá sus resultados a disposición de la Justicia.
El organismo confirmó que, según la información suministrada por MetroGAS, una máquina tuneladora habría dañado la cañería y provocado el escape de gas que precedió al estallido.
La investigación deberá establecer si se cumplieron las normas de seguridad, cómo se organizaron las tareas entre la empresa distribuidora y la contratista, y quiénes tomaron las decisiones durante los minutos previos a la tragedia.
El testimonio de Alejandro Pérez aporta una dimensión fundamental: había vecinos que conocían el peligro y trabajadores que advertían sobre la posibilidad de una explosión antes de que ocurriera.
La pregunta que ahora deberá responder la Justicia es por qué, pese a esas advertencias, no se logró evitar una tragedia que dejó víctimas, familias afectadas y un barrio profundamente conmocionado.