
Gastón Berterreche, coordinador de La Libertad Avanza en Necochea, y los concejales Juan Cerezuela y Eduardo Caballero participaron de una jornada en la que los cuestionamientos al Gobierno nacional fueron explícitos.
Frente a ellos, las autoridades defendieron la investigación pública, reclamaron inversiones y señalaron las consecuencias de las restricciones presupuestarias. La discusión tenía protagonistas concretos: una universidad mostrando para qué sirven los recursos que reclama y una comunidad que necesita transitar con mayor seguridad.
El intendente Arturo Rojas planteó la necesidad de articular los tres niveles del Estado y cuestionó que el Gobierno nacional se aparte de sus obligaciones mientras las comunidades continúan aportando recursos.
“Hoy, lamentablemente, uno de ellos ha decidido correrse de sus responsabilidades, no así de los recursos que aportamos en términos de producción, de turismo, de trabajo, de generación de empleo”, sostuvo.
La crítica puso sobre la mesa una tensión que también alcanza a los representantes locales de LLA: qué respuestas reciben las comunidades frente a los recursos que generan.
Rojas mencionó además la Ruta Nacional 228, a la que describió como una vía “que prácticamente no tiene señalización ni mantenimiento”.
Sobre la Ruta 88, valoró el estudio como una herramienta para orientar inversiones y reclamó intervenciones en puntos críticos. “Hay un compromiso de licitar un tramo y a ese compromiso tenemos que sumarle este estudio para que se puedan utilizar esos recursos de manera inteligente”, explicó.
También vinculó las mejoras con resultados concretos: “Si a eso le sumamos infraestructura, bajamos la siniestralidad”, expresó después de referirse a la educación y la concientización vial.
Entre los asistentes estaba Andrea Rondanina, mamá de Anita, la adolescente fallecida en la Ruta 88, a quien el intendente mencionó durante su intervención. Su presencia recordó que detrás de los proyectos y las partidas presupuestarias hay pérdidas concretas y familias que sostienen el reclamo.

El rector de la UNICEN, Marcelo Aba, formuló una de las críticas más duras de la mesa.
“La universidad pública que sigue siendo atacada, que sigue siendo desfinanciada, pero sigue dando estas respuestas”, señaló al destacar el aporte de la institución a sus comunidades y regiones.
El informe presentado mostraba ese trabajo: una investigación sobre tránsito y siniestralidad destinada a ofrecer información para la toma de decisiones. Aba remarcó su carácter preliminar y la necesidad de continuar construyendo conocimiento.
Después cuestionó la relación con el Ejecutivo nacional:
“Hoy podemos trabajar a nivel municipal, hoy podemos trabajar a nivel provincial, pero lamentablemente el nivel nacional es una puerta cerrada para nosotros”.
El reclamo fue más allá de las dificultades presupuestarias: “No solamente no nos financian, sino que tampoco tenemos oportunidades de tener diálogo”, afirmó.
Aba también defendió el alcance de la actividad universitaria: “La universidad genera conocimiento y ese conocimiento lo vuelca al territorio al cual pertenece”.
La escena concentró la contradicción política de la jornada: los representantes de LLA estaban presenciando una respuesta producida por la universidad cuyo rector denunciaba el desfinanciamiento y la falta de diálogo con Nación.
El conflicto continúa abierto. La Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes informó esta semana que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y prevé recursos inferiores a los solicitados por los rectores.

La intendenta interina de Lobería, Verónica Storti, trasladó la discusión a quienes necesitan utilizar la ruta por salud, educación y trabajo.
Destacó la importancia de contar con datos para fundamentar los reclamos y remarcó que muchos de esos desplazamientos son obligatorios.
“Nosotros no podemos seguir esperando”, sostuvo. Su pedido fue comenzar con pequeñas obras o intervenciones sobre los sectores identificados como necesarios.
La urgencia incluía los traslados sanitarios, la circulación de ambulancias y los viajes de estudiantes a Mar del Plata. “Es nuestra vida, nuestra salud”, expresó, antes de mencionar también a los hijos que viajan para estudiar, el comercio y el turismo.
Su intervención puso un límite concreto a la espera: las necesidades cotidianas continúan mientras se elaboran proyectos, se discuten presupuestos y se buscan financiamientos.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Ernesto Povilaitis Giovazzino, incorporó la dimensión logística y el movimiento de camiones vinculado con la actividad portuaria.
Valoró la investigación y señaló la cercanía del problema: “Es un tema muy sensible porque todos directamente conocemos a alguien que ha sufrido un accidente en la Ruta 88”.
También destacó el aporte del estudio: “Es muy interesante ver los datos objetivos”.
Su intervención sumó otro aspecto central para un congreso de logística, puertos y comercio exterior: el desarrollo productivo necesita infraestructura segura. Las rutas por las que circula la mercadería son también las que utilizan trabajadores, estudiantes y personas que necesitan atención médica.
Oscar Minteguía, director provincial de Vinculación e Integración Regional del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, cuestionó el destino de los recursos vinculados con el mantenimiento vial.
“No debiéramos normalizar que hay un fondo que es exclusivo para esta cuestión y no se está utilizando y no sabemos en qué se está utilizando”, sostuvo.
Luego explicitó el sentido de su planteo: “Es una crítica política, pero es una crítica concreta”.
La discusión exige precisar qué se recauda, cómo se distribuye y cuánto se ejecuta. La Ley 23.966 establece una distribución de los impuestos a los combustibles que incluye infraestructura de transporte y recursos provinciales con destino vial.
Minteguía también reconoció la dimensión histórica del deterioro: “Los problemas de nuestras rutas no empezaron hace un año, hace dos o hace tres. Tienen muchos años también”.
Ese reconocimiento refuerza la necesidad de evaluar las respuestas actuales frente a un problema acumulado. La antigüedad del reclamo aumenta la urgencia de actuar.

La jurisdicción bonaerense de la Ruta 88 obliga a Provincia a responder por su infraestructura y a convertir sus compromisos en obras verificables.
Minteguía reconoció que el proyecto técnico “está a punto de ser terminado, pero no está terminado”. También explicó que la propuesta presupuestaria contemplaba una primera etapa de intervención y convocó a continuar el trabajo con la universidad en el Observatorio de Obras y Servicios Públicos.
Los anuncios deberán traducirse en intervenciones con alcances, financiamiento y plazos. Pero la responsabilidad provincial tampoco permite dejar afuera las decisiones nacionales sobre los recursos.
El Gobierno bonaerense denuncia una asfixia financiera por transferencias interrumpidas, programas discontinuados y obras paralizadas. Este mes, el ministro de Economía provincial, Pablo López, ubicó el reclamo por distintos conceptos por encima de los $20 billones. Es una estimación de Provincia, que mantiene disputas administrativas y judiciales con Nación.
La pertenencia provincial de una ruta no vuelve irrelevante el contexto financiero en el que deben ejecutarse sus obras. Esa discusión también interpela a quienes representan al oficialismo nacional en Necochea.

LOGIPEX 2026 mostró una universidad que investiga, autoridades que reclaman recursos y una comunidad que necesita respuestas. Berterreche, Cerezuela y Caballero estuvieron presentes.
Su responsabilidad política va más allá de asistir. ¿Qué posición tienen frente al reclamo presupuestario de la UNICEN? ¿Qué gestiones impulsarán ante Nación después de escuchar las necesidades expuestas?
Los tres representan al espacio que gobierna el país. Esa pertenencia les da una oportunidad para trasladar demandas y los compromete a explicar las decisiones nacionales ante los vecinos.
¿Este es el modelo que La Libertad Avanza quiere aplicar en Necochea: instituciones públicas obligadas a reclamar recursos mientras trabajan para resolver problemas urgentes de la comunidad?
La pregunta surge de lo que se escuchó durante la jornada. La universidad mostró su aporte, los municipios expusieron necesidades y Provincia asumió compromisos que deberán concretarse.
Los referentes locales de Milei tienen ahora una responsabilidad política: explicar cómo compatibilizan esas demandas con el rumbo de su gobierno y qué harán para conseguir respuestas.
La asistencia quedó registrada. El compromiso deberá verse en sus acciones.