lunes 11 de noviembre de 2019 - Edición Nº1135

Opinión | 25 oct 2019

Opinión

"Discutir seriamente el Complejo Casino"

Maximiliano Cantoni. Licenciado en Economía (UNLP) maestrando en Desarrollo Territorial y Urbano (UNQ) miembro de Metamorfosis Urbana. Gerardo Peña miembro de Metamorfosis Urbana.


Se observa con preocupación la voluntad de deshacerse del Complejo Casino, mega proyectos inmobiliarios o garantía contra un embargo dan igual. 
Muchas veces se banalizan conceptos tales como el “desarrollo económico”, se expresa la “la necesidad de crecer”, “generar empleo”, “despegar de una buena vez”, se emiten juicios de valor cuando se expresa que “la ciudad tiene todas las condiciones para crecer, pero somos muy conservadores”. Se va construyendo (nuevamente) un discurso hegemónico de un Estado ineficiente y un privado esperando la posibilidad de dar una mano.

Se utiliza una postura acrítica y conceptualmente imprecisa de lo que es el desarrollo en el territorio local, relacionándolo a meros factores económicos. Postura que tiene que ver con los inicios del concepto y atrasa 70 años, dado que se fueron incorporando cuando se habla de desarrollo dimensiones sociales, ambientales, humanas, culturales entre otras.

En el afán de ver la ciudad crecer a cualquier costo se plantean soluciones que tienen un beneficiario económico particular (sector inmobiliario, estudios de arquitectos, población de altos ingresos) como una solución al desarrollo que, por definición, tiene como objeto al interés general. Nunca se repara en esta contradicción. La persona que plantea algún contrapunto tomando en cuenta las otras dimensiones del concepto termina cuestionada por oponerse al crecimiento. Un verdadero sinsentido reduccionista pero efectivo que cierra los bandos: “ciudad del sí” y “ciudad del no” ¿la grieta local? Se esconden las relaciones de poder (sería muy ingenuo no tenerlas en cuenta) donde la apropiación de espacios es resultado de conflictos, tensiones y contradicciones, siendo el territorio una construcción social e histórica que resulta de esta puja. También se esconde que no todos los sectores sociales tienen igual intensidad para imponer sus intereses: presión sobre y en el Estado, presencia en los medios de comunicación, concentración de intereses en pocos actores, etc.

Este mecanismo se activa cuando se discuten las intervenciones en el Parque Miguel Lillo, el avance de la actividad del Puerto Quequén, la extensión del frente costero, la enajenación de los terrenos fiscales, el Jardín de Rocas y, claramente, el Complejo Casino.

Se hizo larga la introducción, entremos al tema. Es indudable el valor de mercado de las tierras en la que se emplaza el complejo caído en desgracia ¿Caído o tirado? Hoy da igual, el daño ya está hecho, pero no quita que hay responsables que deben hacerse cargo. No todo pasa, o no debería. Un terreno, frente al mar y en pleno parque, con una superficie total de 4.356,52 metros cuadrados es más que apetecido por el capital privado para la actividad inmobiliaria, siendo el primer objetivo en la expansión urbana sobre la costa.

A la falta de mantenimiento, al abandono y a la baja de todas las concesiones municipales se le suma el tiro de gracia del anunciado, pero nunca concretado, retiro del juego oficial. Resistir no solo por la defensa del trabajo sino en defensa del espacio público. Así, se lo va vaciando de funcionalidad a cuentagotas y se lo deja a la deriva. Es pertinente preguntarse si existen voluntades de que sea así y cuál es su objeto.

No olvidemos que los espacios públicos por definición son asignados al uso de nadie en particular, de libre acceso, lugares de encuentro donde todos/as tienen derecho a estar presentes y a ser respetados. Perder el Complejo Casino para reemplazarlo para el uso exclusivo de determinados grupos es un síntoma más de desagregación social, de una ciudad excluyente y donde se profundizan las desigualdades sociales. No es lo mismo que en el espacio público se construya viviendas temporarias (Hotel), viviendas permanentes (departamentos), un centro comercial (ejemplo de un espacio público de gestión privada), un parque o una combinación de todo lo anterior. Los/as usuarios/as (y beneficiados/as) son distintos/as y el espacio de hace más inclusivo o más expulsivo del otro.

La primera discusión es si se puede revertir la situación actual para revitalizarlo sin seguir perdiendo espacios comunes, sin las restricciones que impone el capital privado y la propiedad individual. El piloto automático lleva a más abandono y abre de par en par la puerta a la privatización, venta o subasta para usar un eufemismo.

Avancemos un poco más y demos por perdida esa batalla (aunque todavía no lo este). Servirlo en bandeja al capital privado sería la frutilla del postre de un “Estado bobo” que regala una de las últimas joyas de la abuela. Existen situaciones análogas donde el Estado actúa de diversas maneras ante la refuncionalización de espacios públicos, donde se establece una alianza pública – privada, que no es sinónimo a la subordinación del primero y la ganancia económica exclusiva al segundo. Así el Estado pierde el rol pasivo y redistribuye socialmente la “plusvalía urbana”, una justa distribución de los costos y beneficios del desarrollo urbano. 
Para ser más concreto se puede poner dos ejemplos extremos de cómo puede actuar el Estado, solo a título ilustrativo, sin ponerlos como situación ideal. El primero es Puerto Madero donde se vendieron las tierras públicas y el Estado termino subvencionando mediante esa venta a inversores privados y usuarios de altos ingresos, los ingresos públicos obtenidos se utilizaron para autofinanciar el proyecto sin ningún otro beneficio. Otro ejemplo es Puerto Norte en Rosario donde el Estado planificó y gestionó el proyecto de manera de lograr una redistribución de los beneficios sobre las áreas más desfavorecidas de la ciudad, así las compensaciones requeridas a propietarios y desarrolladores urbanos se usaron también para construir espacios y paseos públicos frente a la costa y para construir viviendas sociales con el suelo donado como condición impuesta.

Quizás nos estemos adelantando en la discusión (mejor prevenir que curar dicen), estamos seguro que se puede hacer algo más antes de llegar a privatización del espacio público: ya existió hace tiempo la propuesta de traslado de las dependencias del poder judicial al inmueble, provincializarlo nuevamente y un largo etc. que se puede discutir. Quizás no sea tan adelantado y las propuestas que se plantean hoy en día solo hablan de venderlo. Qué no sea a cualquier precio.

En lo que si estamos totalmente convencidos es en que la decisión de qué hacer con los terrenos no se puede tomar entre unos pocos. Existen antecedentes poco felices de perdida de bienes comunes para la comunidad de los cuales tenemos que aprender, como muestra se puede nombrar el Barrio privado Médanos. El cuidado y conservación de los bienes públicos tiene que estar a cargo de la comunidad, sin olvidar que la finalidad primordial del bien común tiene que ser el resolver problemas concretos y satisfacer las necesidades del conjunto de las personas. Así la participación ciudadana es fundamental para definir qué hacer, valiéndose de las herramientas existentes se debería llamar a audiencias públicas según ordenanza Nº 5501/05 y, en un ámbito lo más democráticamente posible hoy en día, exponer el proyecto de desarrollo urbano del Partido de Necochea.

Para cerrar cabe preguntarse cuándo y dónde ha existido en el partido un espacio público urbano efectivamente inclusivo de las diferencias y desigualdades sociales. Construyámoslo, pero no perdiendo lo que hoy se conserva a duras penas, privatizar el Complejo Casino es ir en el sentido contrario.
 

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