Por: Nota de opinión del Secretario General de la CGT Necochea y titular de la Asociación Bancaria a nivel local.

Con la expansión de la pandemia de COVID 19, el mundo está atravesando una situación crítica y excepcional. Se han tomado muchas medidas sanitarias, económicas y sociales. El DNU número 297/20, de aislamiento preventivo, social y obligatorio de la población, y su prórroga mediante el decreto número 325/20, indican que estas medidas se adoptaron frente a la emergencia sanitaria y con el objetivo primordial de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indeclinable del Estado Nacional. 

Las mismas han demostrado que fueron oportunas y efectivas para evitar mayores contagios en la población. Al mismo tiempo impactan directamente sobre la actividad económica del país, paraliza la producción y amenaza la sustentabilidad de los puestos de trabajo.

Este aislamiento social, el impacto en la vida y en las costumbres de los individuos a disparado innumerables consideraciones de dudosa rigurosidad sociológica en redes sociales y medios de comunicación,  aunque la evaluación de las respuestas a las situaciones derivadas del aislamiento no han sido atendidas con la misma minuciosidad,  es por eso que me interesa  proponer que se ponga la mirada en las consecuencias que se pueden prever entre los trabajadores y el sistema productivo, la economía  y el rol del Estado ante la evidente ineficacia del tan publicitado equilibrio automático del pensamiento mercantilista neoliberal .

Es el Estado argentino quien ha implementado una batería de medidas de protección social y cuidado del empleo y de la producción,  que a diferencia de otros países  incluye a los diferentes sectores,  ya que es importante destacar que en todo el mundo se ha implantado un sistema de subsidios al sector empresario pero solo 1 de cada 10 países afectados por el virus han protegido el trabajo prohibiendo despidos y suspensiones sin causa,  para garantizar la estabilidad laborar ante algunas señales de alarma por anuncios de despidos masivos movidos por la voracidad empresaria más que por el impacto económico de la crisis.

Creemos que esta crisis global, no puede solucionarse mediante la lógica del mercado, requiere de otras soluciones políticas, económicas y sociales. En América Latina a lo largo de la historia se aplicaron políticas neoliberales, cuyo patrón de acumulación fue la especulación financiera, priorizando la rentabilidad del empresariado, este modelo se muestra incapaz llevar adelante acciones que prioricen la vida por sobre la renta. 

En el mismo sentido el Presidente de la Nación, Alberto Fernández,  mantuvo una reunión con líderes de países que integran al G20, que nuclea a las principales economías del mundo. A través el debate se avanzó en acciones para coordinar estrategias con el fin de hacer frente a esta pandemia mundial del COVID – 19. El Presidente argentino propuso la creación de un “Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria”, apelando a crear un gran Pacto de Solidaridad Global. Líderes  y referentes políticos como Rafeal Correa (Presidente Ecuador 2007-2017): Gustavo Petro (Senador Colombia): Evo Morales (Presidente Bolivia 2006-2019); Álvaro García Linera (Vicepresidente Bolivia 2006-2019); Dilma Rousseff (Presidenta Brasil 2011-2016); Fernando Lugo (Presidente Paraguay 2011-2012); José Rodríguez Zapatero (Presidente Estado Español 2004-2011); Ernesto Samper (Presidente Colombia 1994-1998); Luis Solis  (Presidente Costa Rica);  Jorge Taiana (Senador Nacional  Argentina); entre otros,  comenzaron una campaña para pedir la condonación de la deuda externa como medida indispensable para afrontar la emergencia sanitaria y la subsecuente crisis económica. 

El gobierno a través de decretos dispuso una serie de medidas, como la constitución de un Fondo de Afectación Específica en el marco de la Ley 25.300 y sus modificatorias; el Fondo de Garantías Argentino, que tiene como fin facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios, y la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica.

Mediante la Ley número 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Así como el DNU número 316/20 que prorroga el Régimen de Regulación Tributaria; cuyo objetivo es ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia disminuyendo las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Pero la coyuntura en la que esta crisis global encuentra a la Argentina no puede ser más compleja, pues lo que generalizamos como fuerza laboral está compuesta por un variado abanico de sectores que requieren un mayor análisis, empezando por discriminar a quienes cuentan con un trabajo formal por lo tanto “protegido” y quienes se desarrollan como cuentapropistas, trabajadores de la economía popular, monotributistas, profesionales independientes y otras alternativas  laborales no registradas  y que se han visto engrosadas como “empleo refugio” por el deterioro del empleo en el periodo presidencial 2015 – 2019 del ingeniero Mauricio Macri.

Estos sectores de trabajadores reciben doblemente el impacto de la crisis derivada por el aislamiento ya que no solo no pueden procurarse el sustento, sino que dependen por completo de la asistencia estatal para su subsistencia  por lo que el universo ampliado por la crisis política y económica producida por la gestión Cambiemos que deja un saldo de 14 millones de pobres requiere un esfuerzo titánico por parte de las finanzas públicas.

En este contexto de emergencia, es necesario adoptar medidas que aseguren a las trabajadoras y trabajadores, que esta crisis no les hará perder sus puestos de trabajo, como se dispuso mediante el DNU número 329/20, prohíben los despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días. Esta medida se enmarca en las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en al artículo 14bis de la Constitución Nacional, que impone una protección específica al trabajo en sus diversas formas.

Al mismo tiempo se contempla el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por medio del DNU número 310/20, que establece el cobro a mediados de abril de $10.000 por única vez, para aquellos trabajadores más afectados por la emergencia.

Todas estas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, están enfocadas en la crisis por la pandemia del COVID – 19, vienen a reforzar el sistema de ayuda social ya existente y en muchos casos lo toma como base, coordinando también la distribución de alimentos con las organizaciones sociales y sindicales estos últimos han contribuido a reforzar el plan de contención con el aporte de la estructura medica asistencial y hotelera,   poner como prioridad la salud y la vida de las personas; contemplando además el impacto en la actividad económica puede ser la definición del modelo argentino ante la pandemia .

En el plano internacional, muchos países están debatiendo el impacto que esta pandemia tendrá en la estructura ocupacional, en la actividad económica y en cómo satisfacer las demandas básicas de la población.

El FMI anunció que la caída de la actividad económica de este año a nivel global podría superar a la crisis internacional del 2008 y la OIT que podrían destruirse entre 5,3 y 24,7 millones de empleos en el mundo. 

Ante esta situación algunos países tomaron medidas, sobre los 46 países que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el G20:

El 72% de los países tomó medidas para reducir la exposición de los trabajadores en el lugar del trabajo al coronavirus
El 72%, implementó políticas de apoyo a empresas destinadas específicamente a preservar el empleo.
El 87% dispuso herramientas de apoyo a los trabajadores asalariados o independientes que pierden empleo o ingresos.
El 54% aprobó iniciativas para atender necesidades imprevistas de cuidado (extensión de licencias para cuidado de niños y adultos, transferencias de ingresos, etc.).
El 98% apoyo financiero a empresas afectadas por una caída de la demanda.
El 11%  tomó medidas sobre despidos por motivos económicos.

En nuestro país en la actualidad 8,6 millones de personas atraviesan problemas de empleo, esto representa el 45% del total de los trabajadores activos, de los cuales 1,6 millones se encuentran desocupados y 7 millones trabajan en condiciones de informalidad.

Sin lugar a dudas esta crisis sanitaria y económica se transita con más Estado. Esta crisis de gran impacto mundial y local, refuerza los valores de solidaridad que deben primar en la sociedad y nos interpela al debate sobre el rol de los Estados, los sistemas de gobierno y los lazos de integración regional necesarios de nuestros países. Dejando a la vista que se requieren modelos económicos, políticos, sociales y culturales, con mayor intervención del Estado. Esta pandemia refuerza la idea de la salud como inversión en capital humano, en desarrollo social y económico y el empoderamiento de todas las personas.

Hace algo más de 30 años un muro era derribado y sobre sus ruinas se alzó las bandera de la globalización, este nuevo mundo regido por las leyes del mercado y su mano invisible que todo controla, que estrangula las economías periféricas, que aprieta el puño con intervenciones militares para garantizarse los recursos naturales que le son ajenos, este nuevo muro global que nos encierra bajo un modelo que no tiene herramientas para atender las necesidades urgentes más básicas derivadas de la crisis , hoy se agrieta mostrando su costado más cruel