En 2019 China sufrió un brote de peste porcina africana (PPA) que obligó a sacrificar más de 1 millón de cerdos debido a que, como indica la web de SENASA, es “altamente contagiosa”, “causa una alta mortalidad” y “el virus puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente y en una variedad de productos porcinos”. En el marco de una serie de acuerdos que se vienen afianzando entre ambos países, Argentina emerge como un actor fundamental para China en la provisión de esta carne (ya que consume la mitad de lo que se produce a nivel mundial). 

De hecho, a inicios de julio de 2020 el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comunicó “el avance en un proyecto sobre producción de carne porcina entre empresas chinas y argentinas”. El mismo contempla que “Argentina alcanzará las 900 mil toneladas en cuatro años” en un “proceso prudente, supervisando las buenas prácticas e incorporando tecnología de punta para reducir el impacto medioambiental”. 

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señala que lograr esas 900.000 toneladas implicaría incrementar el stock de animales en casi 10 millones; adicionar más de 2.200.000 toneladas de maíz y unas 750.000 toneladas de soja para la alimentación del ganado; duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero (a nivel global, la ganadería es responsable del 14,5% de estas emisiones, mismo porcentaje que todo el generado por el transporte tomado en conjunto), y demandaría unos 12.000 millones de litros de agua potable a lo largo de toda la producción, sin contabilizar el agua para la limpieza. 

En “Tierra arrasada” (Sudamericana), el periodista Darío Aranda traza un complejo panorama para la Argentina marcado por la profundización del extractivismo y sus consecuencias en los ecosistemas y la economía de los pueblos donde se desarrolla este modelo de producción. Señala a su vez una continuidad entre las políticas del Consenso de Washington y las de los gobiernos “progresistas de izquierda”. El extractivismo no conoce de grietas.

Petróleo y gas mediante fracking (Vaca Muerta), desmontes y expansión de la frontera agrícola-ganadera, minería, pasteras, todo en nombre del desarrollo. Todo sucediendo al unísono en el granero del mundo, el que produce alimentos para 100 millones de almas pero que no ha podido, sabido o querido erradicar la pobreza (45% de la población en el primer trimestre del 2020, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA) ni la malnutrición (Argentina lidera el ranking regional de obesidad infantil, al tiempo que muestra números desgarradores de desnutrición en niños y niñas menores de 14 años). 

Considero que la pregunta que debemos hacernos es, ¿producimos alimentos para nuestra población o generamos divisas? En un contexto de crisis económica y pandemia, un acuerdo de estas características parece una gran oportunidad (inversión, trabajo, inserción al mundo). Pero habiendo atravesado dieciséis recesiones en las últimas cuatro décadas, aumentado la pobreza estructural y criando niños y niñas con enfermedades “de adultos” (obesidad, diabetes tipo 2, hipertensos, con problemas cardíacos) nos indicaría que la solución está a la vista: promover otra economía, otro modelo de desarrollo soberano, no especista, de los pueblos y de quienes trabajan la tierra, sostenible, sustentable, circular.