La semana pasada desde NdeN se informó sobre la actualidad del juicio que se lleva contra 4 policías por la muerte del joven Noa en Quequén, quien apareció ahorcado en la comisaría 2° pero, según la querella de la causa, fue torturado y asesinado por los propios uniformados, en aquel diciembre del 2014.

En aquella nota pasada, en la palabras del abogado de la familia, Sebastián Barletta, el rol del Ministerio Público Fiscal durante estos años de juicio fue el de “tergiversar los hechos, dar una visión totalmente errada y una interpretación equivocada de cuáles fueron los hechos que se sucedieron”. En dicha nota el letrado agregó que dicho organismo del Poder Ejecutivo se ajustó a “una versión totalmente policíaca y ajustada para deslindar responsabilidades”.

El día viernes 19 de febrero se iba a realizar una audiencia importante del juicio, en la cual Barletta había pedido el cambio de carátula, de un juicio correccional y que se realice la convocatoria para un juicio criminal. Según una notificación minutos antes de cerrar esta nota, dicha audiencia se pospuso para el próximo lunes.

Un policía con una causa de género sobreseida

Uno de los hechos criminales más graves de los últimos días es sin dudas el asesinato de Úrsula, por parte de un policía bonaerense, en la localidad de Rojas. El miércoles se realizaron protestas feministas en todo el país para pedir mayores políticas públicas y reformas judiciales en pos de poder limitar la violencia de género, y erradicarla.

Yendo al grano, en la propia investigación que se desprende de la causa por la muerte de Noa, se conoció un expediente judicial sobre uno de los policías acusados, con una resolución llamativa. Se trata del oficial Matías Germán Larrea.

Al buscar los antecedentes de los imputados el abogado Barletta halló que este policía tenía una causa por Privación Ilegal de la Libertad Agravada, “ahi indague más y la víctima era su pareja, o sea que es una causa de violencia de Género”, explica a NdeN el abogado Sebastián Barletta y agrega que la causa la tenía el juez Ernesto Juliano quien “le declaró extinguida la acción penal, suspendió el juicio a prueba, es decir una salida alternativa, que la cambió por un aporte solidario a un comedor… violando las resoluciones de la Corte y de la Procuración”, dijo y remató: “eso está contraindicado en causas de violencia de género”. Además, agregó para iniciar la explicación del caso, que el juez “contó con la anuencia del Ministerio Público Fiscal, a través de su titular la Dra Analía Duarte”.

Sentencia: un aporte de $500

Según el expediente 8959 del Juzgado en lo Correccional N°1 de Necochea, al que tuvo acceso este portal, fechado en agosto del 2018, se expresa que "las partes acordaron aplicar la suspensión del proceso de prueba" y que "el imputado ofreció reparación del daño social causado". Sin embargo no aparece ninguna información respecto a la víctima.

La causa es efectivamente contra Larrea, Matías Germán, por Privación Ilegal de la Libertad Agravada.

Según el juez firmante, se corrobora que en la comisión del delito "prevee una escala punitiva que, en principio, permite la aplicación del instituto", refiriéndose a la suspención del proceso.

Por eso se resuelve dicho mecanismo del oficial nacido en 1991, por la denuncia recaída sobre él el 7 de abril del 2013. Allí el Juzgado le impone como castigo por un año mantener su residencia fija, someterse al control del Patronato de Liberados mensualmente, y un aporte de $500 a un comedor necochense.

Finalmente, en diciembre del 2019, ante el cumplimiento de dichas reglas, da por extinguida la acción penal. Allí se decreta el sobreseimiento a Larrea.

Ni una menos

“Esto es lo que pasa socialmente, institucionalmente, en Necochea, que se repite en un monton de lados, de cómo dejan totalmente huérfano de protección a la sociedad civil con la represión estatal y el abuso de poder”, reflexiona el abogado.

Esto, explica, da mayores argumentos para el pedido que encabeza de cambio de carátula por la muerte de Noa.

Respecto a lo sucedido en Rojas a principios de mes, con el trágico final de Úrsula a manos del policía Matías Martínez tras varias denuncias en su contra, Barletta opina que existe una relación entre las torturas que terminan con la vida de Noa y esta situación: “un policía que secuestra a su novia y el mismo juez de la causa de Noa le suspende el juicio”.

Es a tener en cuenta que a pesar de que la denuncia por privación ilegítima de la libertad contra Larrea es previa al caso de Noa, todas las resoluciones del Juzgado Correccional sí son al menos 4 años después de sucedido el desenlace fatal en la Comisaría de Quequén.

“Esto muestra el acuerdo que habría entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fisal y la policía para encubrir el hecho”, resume Barletta. “Las esposas que le pusieron a Noa eran las de Larrea… es el principal identificado”, agrega.

Al encontrar estos antecedentes de Privación Ilegal de la Libertad, Barletta decidió incorporarlos a la causa por Noa. “En el caso de que la sentencia sea condenatoria, pido que utilicen esos antecedentes para agravar su culpabilidad”, explica.

La casta

Para Barletta, la resolución del juez Ernesto Juliano en el caso de Larrea “tuvo que contar con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal, porque las resoluciones de la procuración de la Corte expresamente prohiben, en cumplimiento de las convenciones internacionales contra la denuncia de género, aplicar estos criterios de oportunidad”.

Es Analia Duarte, la fiscal general quien representa a la Fiscalía, al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Desde 1998, Poder Judicial y Ministerio público son entes separados. “El Poder Judicial no persigue el delito, lo persigue el Ministerio Público Fiscal, a través de la figura de los fiscales, esto fue una democratización, para sacarle el poder a la policía… armaron este cuerpo de civiles abogados llamado fiscales”, resalta Barletta respecto a algo que cree, que en Necochea, “ya está corrompido”. “El juez fiscaliza, el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público Fiscal, que no depende del Poder Judicial”, reitera con los términos legales.

Para el abogado, el juez debería, al menos, haber generado una audiencia y citar a las partes…”pero nunca le dieron intervención a la víctima, se debió hacer un llamado a esa víctima...tampoco dictaron una perimetral”.

En ese sentido, y para concluir el abogado, hace un llamado a las personas que puedan conocer a la víctima que denunció a Larrea en 2013, que “esto es lo más peligros del caso”, en el sentido de que aquellas personas que conocen la historia, acérquense a esta víctima, la contengan: “que se comunique con los medios o conmigo”, pide Barletta y remata: “Puede ser una Úrsula en cualquier momento”.