Juan Pablo Molina es el abogado patrocinante de la Asociación por la Conservación del Parque y de una persona denunciante particular. Ambos iniciaron una acción de amparo, contra las obras que se habían iniciado en el Club Villa Diaz Velez para la instalación de un complejo deportivo que incluía cancha de tenis, piletas de natación, un centro de rehabilitación, un café, entre otras cosas. 

En una entrevista radial con el periodista Marcelo Aspiroz, historizó la causa y realizó sus opiniones al respecto. Para recordar el tema, el abogado inició la acción de amparo, basada de dos puntos principalmente. Según explicó, “el primero se pidió la nulidad de la ordenanza por considerar que tiene una serie de vicios administrativos y ilegales. Y en segundo término porque no se había realizado la evaluación de impacto ambiental”.

A raíz de esa presentación el juez Herrera decretó una medida cautelar para que detengan las obras dando parcialmente razón a lo que había planteado este abogado, enfocándose principalmente en la ausencia de evaluación de impacto ambiental de las obras a llevar adelante y dejando para después el análisis de los planteos sobre la nulidad de la ordenanza 10.556. 

El método de entrega

“Nosotros entendemos que se tendría que haber otorgado una nueva concesión, pero acá supuestamente se le sacó un predio y se le entregó otro”, explicó Molina respecto a cómo fue la “transacción” del municipio y el club para el terreno en el Parque: “Eso es una nueva entrega, primero que los términos eran confusos porque hablaba de concesión de tierra, después “sesión en concesión”, son figuras que no que no existen, entonces se pidió la nulidad de eso, entre algunos de los vicios que tenía”, sintetizó y agregó lo aprobado en el Concejo deliberante: “No tuvo las dos terceras partes, que es lo que se solicita para que esta ordenanza tenga validez”, dijo. 

De todos modos, en esta disputa judicial y legal aún no se dictaminó nada sobre estos temas que expresó el abogado, sino que quedan para la sentencia definitiva. “En principio, nosotros sostenemos que debería hacerse por una licitación, es una nueva entrega que se le hace, por lo tanto debería ir el procedimiento de licitación, que es lo que no se hizo y aparte tendría que tener las dos terceras partes del Consejo Deliberante que no la obtuvo, entre otras cuestiones que señalamos  de los vicios del ordenanza”.

El fallo de la semana pasada
 
La Camara de Apelaciones de Mar del Plata hizo un dictámen la semana pasada, como nuestra nota que podés ver acá, que en algunos medios se publicó con poca claridad. Al respecto Molina explicó que “la Cámara no se manifestó ni se pronunció sobre la medida cautelar, esta medida cautelar sigue vigente y Villa Díaz Vélez no puede hacer ningún tipo de obra porque si sigue con las obras, estarían incumpliendo”, explicó respecto a la resolución judicial del 10 de diciembre. 

La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata lo que hizo fue anular una resolución del juez Juliano del 30 de diciembre que rechazaba la petición de la Municipalidad y Villa de Vélez de levantar la cautelar que hoy está vigente. “Fue tan solo eso, es una incidencia dentro del proceso, desde mi punto de vista se le dio demasiada relevancia. La sentencias se pueden revisar, esto puede suceder”, dijo el letrado.

Ahora la instancia quedó en manos de la doctora Jiménez que quedó a cargo de la causa después de una serie de excusaciones y recusaciones. Ella es la que tiene que resolver sobre el planteo de la Municipalidad y Villa de Vélez al pedido de levantamiento de la medida cautelar.

La causa vuelve a Necochea

Es la jueza Mariana Jiménez quien se debe manifestar respecto de la solicitud de la Municipalidad y el club. “No estaría bien que se levante la medida cautelar porque nosotros también impugnamos la evaluación de impacto ambiental que realizó la Municipalidad de Necochea”, enfatizó Juan Pablo Molina agregando sus argumentos desde su punto de vista. 

Explicó que por un lado está la evaluación de impacto ambiental y por otro la declaración de impacto ambiental, este último es el acto Administrativo que dicta el intendente diciendo que es ambientalmente apto el proyecto. “El tema es que acá no hay proyecto de obra, desconocemos el proyecto de obra. Y la realidad que está viciado también el procedimiento Ambiental porque está carente de algunas partes como por ejemplo la participación ciudadana, y nosotros pedimos la nulidad también de esa evaluación de impacto ambiental”, agregó. 

Molina agregó que en estas causas urbanas y ambientales “es primordial la medida cautelar basada en un principio de prevención y de precaución” ya que si se genera un daño, el mismo es irreversible, “entonces en lo ambiental siempre es mucho mejor prevenir”. 

Recusaciónes y excusaciones 

Hay situaciones en la causa y entre los jueces y letrados del poder judicial y del municipio que aún no están del todo claras. Molina contó algunas situaciones pero aclarando que no estuvo presente. 

Por un lado contó que hay una resolución del juez Juliano que es la que provoca su excusación: Denuncia en una sentencia judicial que había sufrido agresiones verbales y demás por parte de la abogada de la Municipalidad. Por otro lado, esta última presentó una denuncia respecto a haber sufrido, durante la causa, a letrada de la Municipalidad había sufrido Violencia de género. Respecto a esto último, según Molina, la Cámara argumentó que no es la vía adecuada para hacer la denuncia.  
 
Otros argumentos

Para cerrar, en la entrevista con Marcelo Aspiroz, el abogado de los ambientalistas en este caso, Juan Pablo Molina, reconoció que iniciar una acción contra un club “no es gratificante para nadie”, pero agregó que la Municipalidad de Necochea a través de sus funcionarios “realmente no ha hecho las cosas como corresponde, desde la ordenanza hasta una evaluación de impacto ambiental que hizo en cinco días corridos, incluido Navidad en el medio.Es imposible hacer eso, realmente lo tomó como un mero trámite desnaturalizando la importancia de esta situación”, criticó.

Además agregó que “se ha vulnerado la participación ciudadana en la decisión de intervenir un bien público, un patrimonio cultural como es el parque Miguel Lillo. Tenemos que entender de una vez  por todas y lo marca la ley, que la ciudadanía está muy atenta cuando sucede algo en el parque. Y la verdad es que la participación ciudadana ya no se discute y acá no estuvo ni a través de audiencia pública, ni de encuestas, ni de reuniones”.