Por: Lucila Merzario

Este miércoles 30 de octubre, se inicia el juicio contra Pierina Nochetti, activista lesbiana y defensora de derechos humanos, acusada de daño agravado por la supuesta participación de una pintada de un mural que reclama por la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans desaparecido desde marzo de 2021. La audiencia se llevará a cabo a las 10:00 en el Tribunal Penal y Criminal N°1 de Necochea, bajo la dirección del juez Ernesto Juliano.

La denuncia fue presentada por Sol Castrillón, abogada, trabajadora de la municipalidad, y pareja de un ex funcionario municipal, Alfredo Gomez, hijo del periodista Jorge Gómez, a pedido de la Municipalidad de Necochea. Casualmente Castrillón no estará presente en el juicio ya que pidió licencia médica. La fiscalía, que inicialmente archivó la causa, la reabrió bajo la dirección de José Cipoletti, mientras que la defensa de Pierina está a cargo del abogado Francisco Arrospide, junto a un equipo de abogadas. 

Pierina, artista, educadora y madre de tres hijos, ha sido una figura clave en la lucha por los derechos LGBTI+ en Necochea. Ha esperado dos años para esta audiencia, con dilaciones, castigos en su trabajo,  enfrentando un proceso de criminalización por su participación en la decisión colectiva de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Necochea y Quequén. La acusación se basa en una foto donde aparecen tres personas de espaldas frente al mural, sin hora, fecha ni evidencia concreta de la acción.

“Es alarmante que en esta ciudad nadie haya sido juzgado por un mural antes. Otros trabajadores municipales han sido denunciados por delitos mayores y nunca se tomó acción contra ellos”, señala una activista de la comunidad. Este caso revela una discrepancia entre el discurso del gobierno de Arturo Rojas, que promueve la inclusión y el respeto, y sus acciones, que han resultado en despidos de empleados LGBTI+ y enjuiciamientos de activistas.

La acusación por “daño agravado” podría llevar a Nochetti a enfrentar hasta cuatro años de prisión, lo que plantea serias interrogantes sobre la utilización de recursos judiciales para atender un capricho de tres funcionarias que han manifestado su adhesión a valores conservadores.

La única "prueba" es una foto de lejos, donde se ve tres personas de espaldas frente al mural. No acredita hora ni fecha, ni la acción. Como esa prueba no era suficiente y había que cerrar la causa, fueron las funcionarias municipales Antenucci, Celerino y Gandur quienes ofrecieron declaración testimonial sin haber presenciado el supuesto hecho para adjuntar un poco de "tierra" a Pierina.

Es notable que el fiscal Cipoletti no haya identificado a las otras dos personas en la foto ni solicitado información sobre la fecha de la misma. Esta falta de diligencia genera dudas sobre la seriedad de la investigación y resalta un posible direccionamiento de la persecución hacia Pierina.

El caso ha suscitado un amplio apoyo de organizaciones de derechos humanos y activistas LGBTI+, quienes consideran que Nochetti enfrenta un proceso de criminalización por expresar una demanda social legítima. Organismos como CELS y Amnistía Internacional han presentado amicus curiae, y la Comisión Provincial por la Memoria y el INECIP han actuado como veedores del proceso judicial. A su vez León Gieco le escribió una carta al Intendente Arturo Rojas. 

La comunidad ya se movilizó en marzo de 2024 para acompañar a Pierina en una jornada que originalmente se había fijado como fecha de juicio y que finalmente fue postergada.

La pared donde se encuentra el mural ha sido un espacio público de arte urbano, con múltiples intervenciones y grafitis, algunos con contenido agresivo o que incitan al odio, sin que se tomen medidas similares por parte del Estado en esos casos. Los cargos contra Pierina representan una restricción innecesaria y desproporcionada del derecho a la libertad de expresión, que debería ser retirada por las autoridades.

El derecho internacional de los derechos humanos establece que las restricciones a la libertad de expresión deben ser necesarias y proporcionales a un objetivo legítimo. La criminalización de una activista LGBTI+ por presuntamente pintar un grafiti en un muro público parece una sanción excesiva que podría disuadir a otros de expresar libremente sus opiniones e ideas.