La causa investiga el brutal ataque ocurrido en mayo de 2024 en una pensión del barrio porteño de Barracas, donde cuatro mujeres lesbianas fueron prendidas fuego mientras dormían. Tres de ellas murieron producto de las heridas sufridas.

Las víctimas fatales fueron Pamela Fabiana Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Sofía Castro Riglos logró sobrevivir tras permanecer internada durante semanas.
Por el hecho está acusado Justo Fernando Barrientos, vecino del lugar, quien llegará a juicio imputado por homicidio agravado.
Según la investigación judicial, el ataque ocurrió durante la madrugada cuando el acusado habría arrojado un elemento incendiario sobre la habitación donde dormían las mujeres.
El fuego se propagó rápidamente dentro de la pieza y provocó quemaduras gravísimas en las víctimas.
Desde el comienzo, familiares, organizaciones feministas y colectivos LGBTIQ+ denunciaron que el hecho debía investigarse como un crimen de odio por orientación sexual.
La causa generó una fuerte conmoción social y reabrió el debate sobre la violencia estructural que atraviesan lesbianas y diversidades en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

En las últimas semanas, un testimonio incorporado a la causa volvió a complicar la situación judicial del imputado.
Según trascendió durante la investigación, un testigo aseguró haber visto al acusado arrojar nuevamente objetos sobre el fuego mientras las víctimas intentaban escapar del incendio.
Ese relato reforzó una de las hipótesis centrales del expediente: que el ataque no fue accidental ni producto de una discusión aislada, sino una agresión deliberada con intención homicida.

De cara al inicio del juicio, distintas organizaciones convocaron a jornadas de acompañamiento y movilización para exigir justicia por las víctimas y denunciar la violencia histórica contra lesbianas.
Desde colectivos feministas y de diversidad remarcaron que el triple lesbicidio de Barracas no puede analizarse como un episodio individual desconectado de un contexto más amplio.
“Expresa una violencia histórica contra las lesbianas”, señalaron organizaciones que vienen acompañando a familiares y sobrevivientes desde el inicio de la causa.
El caso se transformó en uno de los hechos más graves vinculados a violencia por odio y discriminación registrados en los últimos años en Argentina.

Además de determinar responsabilidades penales, el juicio volverá a instalar discusiones más profundas sobre discursos de odio, violencia institucional, discriminación y políticas públicas de protección para las diversidades.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ sostienen que el proceso judicial será también una instancia clave para visibilizar violencias muchas veces naturalizadas o invisibilizadas socialmente.
El inicio del debate oral llega además en un contexto nacional atravesado por fuertes discusiones sobre derechos, diversidad y violencia de género.