El 6 de julio de 2006, Alfredo “Freddy” Marcenac tenía 18 años cuando fue asesinado durante un ataque a tiros en plena avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano. Veinte años después, su familia sigue sosteniendo una lucha que excede el dolor personal: reclamar justicia, cuestionar el acceso a las armas y construir una sociedad menos violenta.

“Para nosotros la Justicia no existió”, dice Mónica Bouyssede, mamá de Freddy, en diálogo con NdeN. A su lado, Lucía Marcenac, hermana del joven necochense asesinado, completa una definición que atraviesa estas dos décadas: “Lo que menos se ha logrado es este restablecimiento de la Justicia o alguna medida de reparación”.

 

Mónica Bouyssede y Lucía Marcenac, mamá y hermana de Freddy.

 

En este aniversario también se siente otra ausencia en la familia: la de Adrián Marcenac, papá de Freddy y una de las voces más firmes del país en la lucha por el desarme civil. Sin embargo, su legado se encuentra vigente en una construcción colectiva que nació de una tragedia y que, 20 años después, sigue teniendo a Necochea como uno de sus puntos de referencia.

 

Adrián Marcenac y Mónica Bouyssede, papá y mamá de Freddy, en el lugar de la tragedia.

 

El día que mataron a Freddy

La tarde del 6 de julio de 2006, Alfredo “Freddy” Marcenac caminaba junto a sus amigos Pablo Jagoe y Juan Pablo Arrate por la avenida Cabildo al 1700, en el barrio porteño de Belgrano. Los tres jóvenes eran de Necochea y recorrían esa zona de la Ciudad de Buenos Aires cuando un hombre comenzó a disparar contra los transeúntes.

Martín Ríos, luego conocido como el “tirador de Belgrano”, efectuó 13 disparos en plena vía pública. Con un arma que poseía de manera legal, hirió a los tres amigos necochenses y a otras cuatro personas que se encontraban en el lugar.

Freddy tenía apenas 18 años. No sobrevivió al ataque. Pablo y Juan Pablo resultaron heridos, al igual que otras víctimas de un hecho que sacudió al país y dejó al descubierto fallas graves en los controles sobre el acceso a las armas de fuego.

El crimen impactó en todo el país. No solo por la violencia del ataque en un espacio público, sino porque puso en evidencia una pregunta que hasta entonces no ocupaba el centro del debate: cómo una persona con esas características había podido acceder legalmente a un arma de fuego.

Para Lucía, lo que ocurrió con Freddy marcó una ruptura social.

“La muerte de Freddy y el asesinato de Freddy fue un antes y un después en relación a esto”, plantea. “La presencia de las armas de fuego en la vida de las personas antes no estaba instalada como un problema. Ahora, cuando ocurre algo, se empieza a pensar que hay una cuestión ahí: el acceso a las armas”.

La familia recuerda que el caso se produjo en un contexto en el que la inseguridad empezaba a ocupar buena parte de la agenda pública, muchas veces con respuestas centradas en el endurecimiento de las políticas penales o en una mayor circulación de armas.

“Mis viejos dieron una respuesta distinta a lo que se venía escuchando respecto a los problemas de la inseguridad”, señala Lucía. “No a más violencia. No a más policía únicamente”.

 

 

“La Justicia es lenta, terriblemente lenta”

La causa penal quedó atravesada por la discusión sobre la imputabilidad de Ríos. El primer juicio lo declaró inimputable y, luego de que esa resolución fuera parcialmente anulada, un segundo debate volvió a declarar su inimputabilidad.

Pero para los Marcenac, el dolor no se limita a esa definición judicial. También está en el modo en que atravesaron el proceso y en la sensación de haber quedado afuera de una causa que les cambió la vida.

“Como víctimas no tenés voz en la Justicia”, afirma Mónica. “Nosotros nunca pudimos hablar en ninguna instancia. Lo hicimos de manera indirecta gracias a que el abogado que nos representó escribía los informes y las presentaciones a la par nuestra”.

La familia cuestiona que el proceso haya quedado concentrado en una discusión entre especialistas sobre el estado de salud mental del acusado, mientras ellos no encontraban un espacio para expresar el impacto del crimen ni para reclamar por las condiciones que hicieron posible que tuviera un arma.

“El juicio fue básicamente una discusión teórica entre psiquiatras sobre si comprendía o no comprendía, en qué momento”, resume Lucía. “Fue muy violento para nosotros, porque no hubo forma ni espacio para plantear lo que nos pasaba”.

La deuda sigue abierta también en la causa civil. Según explicaron a NdeN, a 20 años del asesinato de Freddy todavía no existe una sentencia.

“No hay ninguna reparación”, sostiene Mónica. “La Justicia es lenta, terriblemente lenta. No da la sensación de que se logre una respuesta a las demandas de las víctimas”.

Y agrega una frase que expone la dimensión más íntima de esa ausencia estatal: “Con el dolor por la muerte de Freddy y con todo lo que estábamos viviendo, tuvimos que sacar fuerzas de donde no había”, nos cuenta Mónica respecto de la falta de acompañamiento psicológico para la familia por parte del Estado. 

 

 

De una tragedia familiar a una causa colectiva

Después del asesinato de Freddy, la familia eligió transformar el dolor en acción. Ese camino derivó en la creación de la Asociación Civil Alfredo Marcenac, que este año también cumple 20 años de trabajo por el desarme, la prevención de la violencia armada y la construcción de paz.

La lucha se articuló desde el comienzo con la Red Argentina para el Desarme, que ya venía planteando la necesidad de una política pública para retirar armas de circulación y reforzar los controles estatales.

“Había un trabajo que ya venía haciendo la Red desde el caso de Carmen de Patagones, aunque no había sido escuchada”, recuerda Lucía. “Nosotros nos sumamos y pedimos participar como víctimas. Creo que eso también hizo que esos reclamos fueran atendidos”.

De ese proceso surgió el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado en 2006 e implementado posteriormente en distintas ciudades del país. Necochea fue el primer lugar donde se puso en marcha, en homenaje a Freddy.

 

 

Para Mónica, esa política pública fue una de las respuestas más concretas que dejó el caso.

“Que en la Argentina se haya empezado a debatir el desarme y que eso haya terminado en leyes concretas no es un tema menor”, sostiene. “El programa permitió destruir muchas armas y muchísimas municiones. Eso muestra que había una preocupación social y que había mucha gente que no quería más armas circulando”.

La familia destaca que el desarme no debe pensarse solo como una decisión individual, sino como parte de una política de prevención más amplia: controles, producción de datos, campañas de concientización y herramientas para intervenir antes de que ocurra una tragedia.

“Lo que se trabaja es para que las situaciones que llevaron a la muerte de Freddy no vuelvan a ser posibles”, explica Lucía. “Pensar cómo intervenir sobre esas condiciones políticas y sociales para que no vuelva a pasar”.

 

 

“La realidad muestra que tenemos razón”

El aniversario de los 20 años encuentra a la familia en un contexto que consideran preocupante. Mónica y Lucía advierten sobre discursos que buscan facilitar el acceso a las armas o presentan la tenencia como una respuesta frente a la inseguridad.

“Son 20 años en un contexto muy difícil”, dice Lucía. “Los discursos dominantes tienen que ver con favorecer el acceso a las armas, facilitarlo. Justamente todo aquello que nosotros hemos intentado denunciar y transformar”.

Sin embargo, también ven señales que sostienen cierta esperanza. Una de ellas es que, frente a hechos graves de violencia armada, el debate vuelve a emerger públicamente.

“La realidad muestra que tenemos razón”, afirma Mónica. “Se vuelve a hablar del programa, se vuelve a hablar de fiscalización, de control, de que tiene que haber menos armas en circulación en la sociedad civil”.

Para Lucía, hay una diferencia importante entre los discursos públicos y lo que perciben en buena parte de la comunidad.

“Argentina sigue siendo una cultura que resiste a la libre portación de armas”, asegura. “No somos los norteamericanos. Por más que existan discursos que empujen en otro sentido, hay mucha gente que sigue pensando que no quiere vivir en una sociedad armada”.

 

La reparación que encontraron afuera de los tribunales

La familia no oculta el peso de la ausencia judicial. Pero tampoco reduce estos 20 años a la frustración.

Mónica dice que una parte de la reparación llegó por otro lado: en las personas que se acercaron, en quienes participaron de campañas, en quienes sostuvieron actividades, proyectos y encuentros sin haber conocido a Freddy.

“Lo que tendría que llamar más la atención, más que el trabajo que hacemos como familia, es que haya gente que sin que esto la hubiera tocado de cerca trabaje a la par nuestra desde hace 20 años”, expresa.

Lucía coincide. “Hay muchas personas que hicieron propia esta iniciativa. Y eso es lo más maravilloso”.

 

Familia Marcenac.

 

Para ambas, esa red de afectos, militancia y compromiso fue una manera de recuperar algo de humanidad frente a un hecho que parecía arrasarlo todo.

“Hay un sentido de justicia en términos humanos”, reflexiona Lucía. “Algo de la humanidad que se pierde cuando ocurren estos hechos se recupera con el acompañamiento, con el trabajo, con instalar el desarme como tema”.

Y Mónica lo resume con una frase que, dos décadas después, sigue explicando el sentido profundo de la lucha:

“Algo no logró el asesino. No lo logró”.

Porque Freddy sigue presente en el trabajo de la Asociación, en las campañas de desarme, en cada actividad por la paz y en las preguntas que todavía interpelan al país.

“La vida de Freddy sigue ahí”, dicen. Y esa vida, marcada por una pérdida irreparable, continúa reclamando algo elemental: menos armas, más prevención, más comunidad y una Justicia capaz de escuchar a las víctimas.