Por: Dámaris Rolón
La presentación no fue una denuncia penal ante la Justicia argentina. Fue canalizada a través de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, ante la FIFA.
El recorrido dentro del organismo fue más complejo que un simple cierre del expediente. La Cámara de Investigación de la Comisión de Ética concluyó inicialmente que existían incumplimientos al Código de Ética en los cinco casos y recomendó sancionar a Guacci. Sin embargo, la Sala de Adjudicación tomó posteriormente otra decisión y terminó considerando insuficientes las pruebas para imponer una sanción.
Ese punto resulta central para comprender lo que ocurrió después: la FIFA no estableció que las denuncias hubieran sido falsas.

La propia resolución aclaró que la falta de pruebas suficientes para sancionar no debía interpretarse como un reconocimiento de que los hechos denunciados no ocurrieron ni como una afirmación de que Guacci hubiera actuado conforme al Código de Ética de FIFA.
Guacci rechaza todas las acusaciones y sostiene, en cambio, que fue declarado inocente y que los testimonios son falsos. En abril de este año afirmó públicamente que aportó más de cien testigos y abundante documentación durante el procedimiento y reclamó que se conozca lo que denomina la “verdad probada completa”.
Pero en 2026 el caso volvió a instalarse en la discusión pública.
Las futbolistas que quedaron identificadas públicamente como parte de aquella presentación son Luana Muñoz, Gabriela Garton, Aldana Cometti y Camila Gómez Ares, además de una quinta jugadora que decidió preservar su identidad.
Cometti, Gómez Ares, Muñoz y Garton tuvieron trayectoria en la Selección argentina y diferentes experiencias dentro del fútbol profesional.
Según reconstruyó su abogada, Andrea Lucangioli, las jugadoras decidieron actuar cuando supieron que Guacci había quedado a cargo de las selecciones argentinas femeninas Sub 15 y Sub 17. Su preocupación, sostienen, era evitar que adolescentes atravesaran situaciones similares a las que ellas denunciaban haber vivido.
FIFPRO describió entonces una denuncia colectiva por hechos calificados dentro del expediente como “maltrato a menores” e “inconducta sexual” y sostuvo que algunas de las futbolistas habían sido adolescentes cuando ocurrieron los episodios denunciados.
Lucangioli explicó además que inicialmente existían alrededor de veinte mujeres que habrían atravesado situaciones que podían incorporarse al caso, aunque finalmente solo cinco declararon ante FIFA. Según la letrada, el miedo a las consecuencias profesionales fue determinante.
Los testimonios presentados ante el organismo no describían una única situación, sino episodios diferentes de conductas sexualizadas, hostigamiento, manipulación, abuso de poder y discriminación ocurridos, según las jugadoras, en distintos momentos de sus carreras.
Luana Muñoz relató que tenía 15 años cuando, después de una práctica, quedó sola en el automóvil con Guacci y el entrenador comenzó a formularle preguntas sobre su vida sexual, su orientación sexual y sus relaciones con otras compañeras. La futbolista aseguró que aquella situación la hizo sentirse incómoda y en peligro y que posteriormente regresaba a su casa angustiada y sin ganas de volver al club.

Gabriela Garton describió episodios de violencia verbal, manipulación y expresiones sexualizadas dirigidas al plantel. También relató situaciones de hostigamiento relacionadas con su convocatoria a la Selección argentina y con decisiones vinculadas a su carrera deportiva.

Aldana Cometti manifestó públicamente la impotencia que le produjo lo que considera una exposición injusta posterior y sostuvo que su intención siempre había sido poder desarrollarse en un ambiente sano, libre de abusos y violencias.

Los testimonios también incluyeron acusaciones por hostigamiento, discriminación vinculada con la orientación sexual y utilización de lenguaje denigratorio hacia las futbolistas.

Camila Gomez Ares.
La quinta denunciante, cuya identidad permanece preservada y aparece identificada públicamente como “Jugadora E”, contó que tenía 23 años cuando Guacci habría realizado propuestas sexuales mediante una comunicación por Skype y le habría pedido imágenes íntimas. Según su testimonio, posteriormente dejó el club y terminó bloqueándolo.
Este aspecto adquirió especial importancia ahora que el caso quedó asociado al proyecto sobre “falsas denuncias”.
Las cinco futbolistas no denunciaron penalmente a Guacci ante la Justicia argentina.
De acuerdo con Lucangioli, recurrieron a FIFPRO y desde allí se recomendó canalizar el caso exclusivamente ante FIFA. Las jugadoras tampoco eran parte procesal directa del procedimiento disciplinario: el representante era FIFPRO.
La directora jurídica de FIFPRO, Alexandra Gómez Bruinewoud, explicó posteriormente que el objetivo principal de las futbolistas era lograr que Guacci fuera apartado del fútbol femenino y evitar que siguiera trabajando con jugadoras, particularmente menores de edad. Esa potestad correspondía al sistema disciplinario de FIFA.
La abogada cuestiona por esa razón que el episodio sea utilizado como ejemplo de una supuesta “falsa denuncia” judicial.
Según explicó Lucangioli, las futbolistas ni siquiera podrían quedar comprendidas en esa figura porque nunca realizaron aquella presentación ante la Justicia penal argentina.
El procedimiento interno tuvo dos instancias y esa secuencia es fundamental para interpretar correctamente el resultado.
La Cámara de Investigación de la Comisión de Ética concluyó que existían incumplimientos al Código de Ética en los cinco casos y recomendó sancionar al entrenador.
Posteriormente intervino la Sala de Adjudicación, que tomó el informe de la Cámara de Investigación y convocó a una audiencia únicamente a Guacci. Según la documentación reconstruida por LA NACION, las futbolistas denunciantes no fueron convocadas ni escuchadas en esa instancia.
Finalmente, FIFA cerró el procedimiento al considerar que las pruebas incorporadas al expediente eran insuficientes para corroborar los hechos con el grado requerido para aplicar una sanción.
Pero la resolución incorporó una aclaración sustancial: aquella conclusión no debía considerarse un reconocimiento de que los hechos denunciados no hubieran ocurrido ni una afirmación de que Guacci hubiera actuado conforme al Código de Ética de FIFA.
La diferencia no es menor.
Guacci sostiene que aquella resolución significó su absolución y que demostró la falsedad de las acusaciones. En abril de 2026 volvió a defender públicamente esa interpretación: aseguró que existió una resolución que acreditó su inocencia y cuestionó a las futbolistas.
Las jugadoras y su abogada plantean exactamente lo contrario.
Señalan que una falta de pruebas suficientes para sancionar no equivale a comprobar que los hechos nunca sucedieron.
FIFPRO también cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que seguiría acompañando a las jugadoras que denunciaran situaciones de abuso, acoso y discriminación.
Otro elemento controvertido fue la posibilidad de recurrir la decisión. Desde el entorno de Guacci se señaló que las futbolistas no habían apelado la resolución. Sin embargo, desde FIFPRO aseguraron que ellas no estaban habilitadas para hacerlo y que quien podía recurrir era la propia Cámara de Investigación.
Cuando hicieron la presentación ante FIFA, las futbolistas habían solicitado preservar sus identidades.
Sin embargo, durante su exposición ante el organismo, Guacci identificó por nombre y apellido a las denunciantes, pese a que hasta entonces sus nombres permanecían resguardados públicamente.
El abogado que actualmente representa al entrenador dijo a LA NACION desconocer cómo Guacci y su esposa, Andrea Robledo, habían accedido a esa información.
Cuatro de las cinco futbolistas decidieron posteriormente revelar públicamente sus nombres. Según explicaron, una de las razones para romper el silencio fue precisamente que Guacci y Robledo ya las habían identificado públicamente.
Durante varios años, las identidades de las futbolistas permanecieron protegidas.
Eso cambió en 2026.
Luana Muñoz, Gabriela Garton, Aldana Cometti y Camila Gómez Ares decidieron contar públicamente sus experiencias, primero ante medios de comunicación y luego en espacios institucionales.
Paralelamente comenzaron a conocerse nuevos testimonios.
La aparición de otras jugadoras modificó la dimensión pública del caso. Por eso, más que establecer una cifra cerrada de denunciantes, resulta necesario diferenciar entre las cinco futbolistas que participaron del expediente original de FIFA, las mujeres que posteriormente hicieron públicos nuevos testimonios y otros relatos que llegaron a FIFPRO sin exposición mediática.
La dimensión potencial del caso excede a las futbolistas cuyos nombres se hicieron públicos.
Según informó LA NACION, FIFPRO recibió posteriormente otros 11 relatos vinculados con Guacci con la intención de continuar la acusación ante FIFA. El sindicato señaló que, pese a esos nuevos testimonios, desde el organismo continuaron considerando insuficiente el material presentado.
Esa cifra debe manejarse con cautela: la información disponible no permite determinar públicamente si esos once relatos corresponden en todos los casos a personas diferentes de las denunciantes ya conocidas ni conocer el detalle de cada episodio.
Por esa razón, no corresponde sumarlos mecánicamente para establecer un número total de víctimas o denunciantes.
Una de las nuevas voces fue Magalí Videla.
Relató que tenía 15 años cuando fue convocada a las selecciones Sub 15 y Sub 17 y denunció haber sufrido hostigamiento relacionado con su orientación sexual.

Según su testimonio, el entrenador vinculaba su desempeño deportivo con su vida privada, la apartaba de sus compañeras y llegó a hacerla bañarse sola, alejada del resto del plantel, una situación que dijo haber vivido con miedo.
El relato vuelve a poner el foco sobre la particular relación de poder existente entre un entrenador de selección y una futbolista adolescente cuya continuidad deportiva depende, en buena medida, de las decisiones de ese cuerpo técnico.
Otro testimonio incorporado públicamente fue el de Florencia Mercau, arquera de Deportivo Morón.
Su declaración fue leída durante una actividad realizada en el Senado.

Mercau denunció pedidos de fotografías íntimas y amenazas relacionadas con su continuidad deportiva. Su representación explicó además que las consecuencias personales que atravesó fueron extremadamente graves y que continúa en recuperación.
También se conoció el relato de Mabel Velarde, futbolista ecuatoriana.
Velarde explicó que decidió contar su experiencia más de diez años después y sostuvo que lo hacía pensando especialmente en las nuevas generaciones de futbolistas.

A estas voces se suma además el testimonio público de Evelina Cabrera, exfutbolista y expresidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, quien en 2022 afirmó que Guacci le decía expresiones que consideraba inapropiadas y relató que en 2011 habría intentado besarla sin su consentimiento.

La sucesión de testimonios vuelve impreciso reducir actualmente el caso a una cifra cerrada. Hay mujeres que participaron del expediente ante FIFA, otras que hicieron públicos sus relatos posteriormente y testimonios adicionales que, según FIFPRO, llegaron al sindicato.
La presentación ante FIFA tuvo inicialmente repercusión dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.
Cuando el caso salió a la luz en 2021, el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, afirmó públicamente que llegarían “hasta las últimas consecuencias”. Posteriormente, la entidad emitió un comunicado en el que deslindó responsabilidades respecto de los hechos denunciados.
Guacci dejó entonces sus funciones en las selecciones juveniles femeninas.
Sin embargo, mientras el Comité de Ética de FIFA investigaba las acusaciones, el propio organismo internacional lo designó en 2021 como “experto técnico y mentor”.
En marzo de 2022 pasó además a desempeñarse como coordinador del fútbol femenino de Defensa y Justicia.
Guacci niega las acusaciones.
El 1 de abril de 2026 difundió un escrito en el que calificó los relatos como falsos y sostuvo que la investigación de FIFA había determinado su inocencia.
También aseguró haber presentado más de cien testigos y más de 80 páginas de documentación durante el proceso y argumentó que esa evidencia no estaba siendo contemplada en la cobertura pública del caso.
“Mi único objetivo es que la verdad probada completa salga a la luz”, sostuvo entonces.
El entrenador también afirmó que existe un proceso judicial en curso y atribuyó a esa circunstancia su decisión de mantener durante un tiempo el silencio público.

Guacci promovió además ante la Justicia argentina una acción declarativa de certeza, mediante la cual busca que se reconozca judicialmente la interpretación que sostiene respecto de la resolución de FIFA.
Aunque las acusaciones originales de las jugadoras contra Guacci no fueron llevadas por ellas a la Justicia penal argentina, posteriormente sí surgieron conflictos judiciales entre las partes.
Según revelaron las futbolistas, Guacci las demandó por 25 millones de pesos a cada una por daños y perjuicios, bajo el argumento de que las acusaciones habían perjudicado su carrera y su futuro profesional.
La abogada Andrea Lucangioli respondió mediante una reconvención durante la instancia de mediación.
Paralelamente existe una causa por calumnias e injurias contra Guacci y Andrea Robledo, en la que las futbolistas se presentaron como querellantes, vinculada con lo que describen como una campaña de desprestigio y persecución.
A esto se suma el caso de la periodista Agustina Vidal, quien en febrero de 2026 presentó una querella contra Guacci y Robledo también por calumnias e injurias.
LA NACION recogió además testimonios de periodistas especializadas en fútbol femenino que denunciaron haber sido hostigadas para que dejaran de informar sobre el caso. Una de ellas relató incluso que fue seguida y posteriormente recibió fotografías suyas tomadas desde una distancia cercana sin su conocimiento.
Por eso resulta incorrecto resumir esta historia diciendo que hubo “una denuncia penal por abuso que fue desestimada”: esa no fue la secuencia del caso.
La segunda parte de esta historia comenzó a tomar forma mucho después.
La senadora nacional Carolina Losada impulsó el expediente S-228/25, destinado a modificar el Código Penal en materia de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento.

La iniciativa incorpora agravantes cuando las conductas se relacionen con causas de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad y delitos contra la integridad sexual.
El proyecto obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el 8 de abril de 2026.
NdeN ya analizó el contenido y los cuestionamientos que recibió la iniciativa por parte de organizaciones feministas, especialistas y referentes vinculados con derechos humanos y protección de las infancias.
Hay un dato que conecta directamente ambas discusiones.
Andrea Robledo, esposa de Diego Guacci, participa activamente del movimiento que reclama mayores sanciones frente a las denominadas “falsas denuncias”.

Carolina Losada y Andrea Robledo de Guacci.
La abogada de las futbolistas, Andrea Lucangioli, sostiene que Robledo fue además una de las impulsoras de la iniciativa que posteriormente tomó Carolina Losada.
LA NACION la identificó como una de las caras visibles de esa agenda, mientras que otros medios y la representación de las jugadoras también señalaron su participación activa en la instalación pública del tema.
Las denunciantes cuestionan especialmente que sus propios testimonios hayan sido utilizados públicamente como ejemplos de supuestas denuncias falsas cuando, remarcan, jamás realizaron aquella denuncia ante la Justicia penal.
También advierten que una legislación de estas características puede incrementar el temor a denunciar situaciones de violencia, especialmente en relaciones atravesadas por fuertes desigualdades de poder.
El punto es uno de los principales motivos por los cuales decidieron volver a hablar.
Mientras avanzaba la discusión parlamentaria comenzaron a aparecer nuevas mujeres que dijeron haber atravesado situaciones similares con el mismo entrenador.
Lo que durante años había sido un expediente disciplinario prácticamente olvidado pasó nuevamente a ocupar espacios en medios y en el Congreso.
El debate llegó formalmente al Senado.
El 4 de agosto de 2026, la Comisión Banca de la Mujer realizó el conversatorio “Barreras en el acceso a la justicia en casos de violencia de género y hacia las infancias”.
Allí participaron especialistas del ámbito judicial y académico, referentes institucionales, la periodista Agustina Vidal, las futbolistas Luana Muñoz y Camila Gómez Ares y su abogada Andrea Lucangioli.
Durante la exposición, las representantes del caso Guacci reclamaron “un fútbol femenino libre de violencias” y cuestionaron el proyecto de “falsas denuncias”.
La propia comunicación oficial del Senado consignó que Guacci había sido denunciado en 2021 por cinco jugadoras por acoso sexual y violencia psicológica, que posteriormente aparecieron nuevas denunciantes y que FIFA concluyó que las pruebas resultaban insuficientes para sancionarlo.
La presencia de Agustina Vidal agrega otra dimensión.
La periodista investigó y difundió el caso Guacci y posteriormente denunció haber sufrido hostigamientos vinculados con esa cobertura.
En febrero de 2026, Vidal avanzó además con una querella por calumnias e injurias contra Diego Guacci y Andrea Robledo.
Durante las actividades en el Senado tomó la palabra junto a las futbolistas y su representación legal.

Así, la discusión dejó de involucrar únicamente a las deportistas y alcanzó también a quienes intentaron investigar o hacer públicos sus relatos.
El caso Guacci reúne hoy diferentes planos que no deberían confundirse.
Por un lado están las cinco futbolistas que llevaron sus testimonios ante FIFA y las nuevas mujeres que posteriormente hicieron públicas acusaciones contra Guacci, además de otros relatos que llegaron a FIFPRO y cuya identidad y contenido completo no trascendieron.
Por otro, está la posición de Diego Guacci, quien niega cada una de esas acusaciones y sostiene que la resolución de FIFA acreditó su inocencia.
Está además la actuación de FIFA, cuyo propio procedimiento tuvo conclusiones diferentes: una Cámara de Investigación que detectó incumplimientos y recomendó sancionarlo, y una Sala de Adjudicación que finalmente consideró insuficientes las pruebas. La decisión definitiva no sancionó a Guacci, pero aclaró que ello no significaba afirmar que los hechos no hubieran ocurrido.
Y finalmente aparece una discusión política que excede al fútbol: el proyecto de ley sobre “falsas denuncias”, su vínculo con el entorno del entrenador y el temor expresado por organizaciones, especialistas y denunciantes acerca del efecto que una legislación de esas características puede generar sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia.
NdeN comenzó a abordar esta última discusión al analizar el proyecto impulsado por Carolina Losada. El caso Guacci permite ahora observarla desde una historia concreta.
Una historia iniciada hace años dentro del fútbol femenino, atravesada por denuncias institucionales, una resolución de FIFA de interpretación disputada, posteriores acciones judiciales, nuevos testimonios y una discusión legislativa que en 2026 volvió a colocar el caso en el centro de la escena pública.