Lo que ocurre por estas horas en San Pedro tiene varios puntos de contacto con una historia que Necochea conoce desde hace años: un basural a cielo abierto cuestionado por su impacto ambiental, una empresa privada encargada de la recolección, una deuda municipal millonaria, acuerdos para refinanciarla y expedientes judiciales atravesando el conflicto.

El municipio conducido por Cecilio Salazar reconoció una deuda de $3.666.410.927 con Ashira, empresa encargada del servicio de higiene urbana. El convenio propone cancelarla en 90 cuotas, con una tasa variable TAMAR más tres puntos porcentuales e IVA.

Según la investigación publicada por La Tecla, el costo financiero podría llevar el desembolso total hasta aproximadamente $8.500 millones.

Mientras el Concejo Deliberante de San Pedro discute si avala ese compromiso, otra dimensión del problema llegó a la Justicia: la Policía Federal realizó procedimientos en la Municipalidad, el Concejo Deliberante, la empresa Ashira y el propio basural.

Los investigadores tomaron muestras de agua, suelo y líquidos provenientes de los residuos para determinar si existe contaminación.

A más de 600 kilómetros de allí, la secuencia resulta conocida.

Necochea: una deuda con RELISA que todavía se está pagando

La relación entre la Municipalidad de Necochea y RELISA, concesionaria del servicio de higiene urbana, también atravesó durante años reclamos económicos, incumplimientos discutidos entre las partes y expedientes judiciales.

En mayo de 2020, cuando la empresa reclamaba una deuda cercana a los $600 millones, el propio intendente Arturo Rojas afirmaba que el Municipio estaba “absolutamente en contra de los valores reclamados por Relisa” y calificaba como un “disparate” firmar un convenio por aquella suma.

Dos años después llegó el acuerdo.

En diciembre de 2022, mediante la Ordenanza 10.982/22, se autorizó un convenio que consolidó una deuda municipal con RELISA de $948.055.728,16.

A cambio, la empresa asumió distintas obligaciones vinculadas con el saneamiento y la infraestructura ambiental: la construcción del galpón y dependencias para una planta de separación, dos celdas impermeabilizadas y la transferencia de inmuebles al Municipio, entre otros puntos.

El pago quedó estructurado finalmente en 36 cuotas, con intereses calculados según la tasa pasiva del Banco Provincia y vencimientos que se extienden hasta 2029.

Es decir que, al igual que ahora se discute en San Pedro, el convenio de Necochea también comprometió presupuestos correspondientes a futuras administraciones municipales.

Y el impacto sigue vigente.

El Presupuesto Municipal 2026 contempla para el convenio RELISA $316.018.575,96 en amortización de capital y $526.175.202,09 en intereses.

En total, este año están presupuestados $842.193.778,05 para atender esa deuda.

“Una deuda enorme” y otro pasivo mucho más difícil de pagar

Pero la similitud con San Pedro no termina en los números.

En junio de 2020, durante una recorrida por el predio de disposición final de residuos, Arturo Rojas describió públicamente las dos caras del problema.

“No sólo hay una deuda enorme de parte del municipio con la empresa, sino también acá hay una deuda enorme en cuanto al pasivo ambiental”, afirmó entonces.

La declaración permanece publicada en el sitio oficial de la Municipalidad de Necochea.

En aquella recorrida, Rojas aseguraba que hacía 20 años que Necochea tenía un basural a cielo abierto sin tratamiento y disposición final adecuados y advertía que continuar depositando residuos de esa manera producía un “daño ambiental irreparable”.

La administración municipal llegó incluso a plantear entonces la necesidad de declarar la emergencia ambiental.

Seis años después, aquella descripción adquiere otra dimensión frente a lo que está ocurriendo en San Pedro.

El basural de Necochea también llegó a la Justicia Federal

Hay otro paralelismo todavía más significativo.

El basural de Necochea también estuvo bajo investigación judicial por una posible contaminación ambiental.

En 2021, la UFI Nº 3 de Necochea dio intervención a la Justicia Federal en una causa vinculada con el predio ubicado sobre el viejo camino a La Dulce.

La investigación surgió a partir de una denuncia del propietario del terreno, Carlos Esbensen, por la disposición de residuos sin tratamiento adecuado y una posible afectación ambiental.

El caso no quedó solamente registrado en publicaciones periodísticas.

Un dictamen de la Procuración General de la Nación, correspondiente al expediente CSJ 1750/2021/CS1, reconstruye cómo la investigación generó una discusión acerca de qué Justicia debía intervenir.

El Juzgado de Garantías Nº 2 de Necochea había declinado su competencia hacia la Justicia Federal al considerar que podía existir daño interjurisdiccional.

Entre los elementos considerados figuraba un estudio sobre una muestra de agua tomada de un canal que rodeaba el predio y el hecho de que el sistema de drenaje terminaba desembocando en el Mar Argentino.

El Juzgado Federal consideró inicialmente prematura esa atribución porque entendía que todavía faltaban elementos para determinar la existencia de un daño interjurisdiccional.

La Procuración sostuvo posteriormente que correspondía la intervención de las autoridades locales, al considerar que no estaba suficientemente acreditado que el eventual daño excediera la jurisdicción bonaerense.

El punto es relevante: la situación ambiental del basural de Necochea llegó a provocar una causa por presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y una discusión entre la Justicia provincial y federal sobre quién debía investigarla.

Una demanda ambiental terminó alcanzando el acuerdo con RELISA

La historia judicial todavía tuvo otro capítulo.

Carlos Esbensen mantenía además una demanda indemnizatoria contra la Municipalidad y otros actores por los daños denunciados sobre el predio.

En marzo de 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea decretó una medida cautelar que embargó las sumas que RELISA debía cobrar del Municipio en virtud del acuerdo de 2022.

De esa manera, el conflicto ambiental terminó cruzándose directamente con el conflicto económico.

El convenio destinado a resolver la deuda con la recolectora quedó condicionado por una causa relacionada con los daños denunciados en el mismo predio donde durante años se depositaron los residuos del distrito.

Finalmente, según la reconstrucción realizada por NdeN sobre el convenio y su recorrido judicial, RELISA y la parte demandante llegaron a un acuerdo que fue homologado judicialmente el 3 de octubre de 2025, lo que permitió destrabar el esquema de pagos.

A ese recorrido se suma otra deuda pendiente. En agosto de 2025, en plena campaña electoral, la gestión de Arturo Rojas presentó la primera etapa de la Planta de Separación y Clasificación de Residuos como un paso clave para comenzar a cerrar el basural a cielo abierto. Sin embargo, en junio de 2026 NdeN constató que, diez meses después, la planta todavía no funcionaba plenamente y que el tema había vuelto al Concejo Deliberante, donde se reclamaron explicaciones sobre su estado y el cronograma de puesta en marcha. El propio debate político local volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: cuánto de aquella infraestructura anunciada como parte de la solución logró efectivamente modificar el problema de fondo.

Dos municipios y una pregunta parecida

San Pedro y Necochea no son casos idénticos.

Los montos, las empresas, las condiciones contractuales y el momento judicial son diferentes.

San Pedro enfrenta ahora una deuda reconocida de $3.666 millones, un convenio propuesto a 90 meses y una investigación federal vinculada con la situación del basural.

Necochea consolidó en 2022 una deuda original de $948 millones, estructuró un esquema de 36 cuotas y atravesó distintos litigios relacionados tanto con la situación económica de RELISA como con el impacto ambiental del lugar utilizado para la disposición final.

Pero el espejo resulta difícil de ignorar.

En ambos casos aparecen, en distintos momentos, un basural a cielo abierto, cuestionamientos ambientales, una concesionaria privada, una deuda municipal de enorme magnitud y compromisos financieros que atraviesan más de un mandato político.

En San Pedro acaba de aparecer, además, una frase que sirve como interrogante para observar el recorrido que Necochea lleva transitando desde hace años.

El concejal Martín Rivas, al cuestionar el acuerdo con Ashira, sostuvo que si el municipio refinancia la deuda pero no modifica aquello que la generó, “estamos refinanciando el problema, no resolviéndolo”.

En Necochea, mientras tanto, el convenio con RELISA ya forma parte de la deuda pública municipal y seguirá demandando recursos durante los próximos años.

El propio Presupuesto 2026 establece que este año se prevé avanzar con trabajos de separación en la planta de reciclado y continuar las mejoras en el predio de disposición final.

Más de dos décadas después de iniciado el uso del actual predio, la pregunta de fondo sigue abierta: si la solución será solamente financiera o si Necochea conseguirá finalmente resolver también la deuda ambiental que dejó el basural a cielo abierto.