El INTA exoneró a Virginia Carolina Aparicio, investigadora de Balcarce especializada en plaguicidas, y su defensa prepara una presentación judicial para revertir la sanción. El abogado Mario Bolla denuncia censura, cuestiona el procedimiento administrativo y anticipó que solicitará una medida cautelar para preservar su continuidad laboral mientras se resuelve el conflicto.

Bolla informó que recibió la notificación el martes 27 de octubre. Según la entrevista publicada al día siguiente por La Izquierda Diario, Aparicio continuaba concurriendo a trabajar. La acción judicial fue anunciada, pero esa publicación no informó que ya hubiera sido presentada. Entrevista con la defensa.

La sanción y los cuestionamientos de la defensa

La exoneración quedó formalizada mediante la Resolución 366, fechada el 26 de octubre, según las coberturas que reconstruyeron el expediente.

Las autoridades del organismo fundamentaron la medida en cuestionamientos administrativos vinculados con la gestión de SPRINT, el cumplimiento de la vía jerárquica y aspectos de los procedimientos y protocolos de investigación. Aparicio rechazó las imputaciones y sostuvo que su apartamiento responde a razones políticas. 

Bolla sostuvo ante La Izquierda Diario que la resolución final dejó de incluir algunas acusaciones iniciales e incorporó argumentos que, según su posición, la defensa no tuvo oportunidad de responder. También cuestionó la proporcionalidad de la sanción frente al tratamiento dado a otro profesional involucrado.

El abogado prepara recursos administrativos y una acción ante la Justicia Federal de Mar del Plata, acompañada por un pedido cautelar destinado a preservar la continuidad laboral de la científica. Las objeciones corresponden a la posición de la defensa y todavía deberán ser evaluadas por las instancias competentes.

Qué investigaba Aparicio en el proyecto SPRINT

La científica coordinó la participación argentina en SPRINT, una iniciativa internacional financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.

El proyecto abordó la presencia y exposición a plaguicidas mediante muestras ambientales, humanas y animales. Buscó estudiar distintas vías de exposición y mezclas de sustancias en situaciones reales, en lugar de considerar únicamente cada compuesto por separado.

La participación argentina estuvo vinculada con la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA y comprendió personas de diferentes ámbitos, incluidos productores y residentes urbanos.

Detectar residuos no demuestra, por sí solo, que una sustancia haya causado una enfermedad. La evaluación requiere considerar concentraciones, duración y vías de exposición, características de los compuestos y efectos de sus combinaciones. Esas mediciones aportan información para estudiar riesgos y orientar políticas de prevención.

Necochea estuvo incluida en el estudio

Una reconstrucción publicada por El Diario de Balcarce el 3 de octubre señala que entre los participantes de SPRINT que compartieron sus resultados había personas de Necochea, Balcarce, Laguna La Brava, Lobería, San Manuel y Tres Arroyos.

Los voluntarios aportaron muestras biológicas y respondieron cuestionarios. También se realizaron muestreos ambientales para estudiar las condiciones de exposición. Los resultados de esos participantes no representan automáticamente a toda la población de sus localidades, pero documentan el alcance territorial del proyecto. Antecedentes de SPRINT en la región.

Otro antecedente: muestras de suelo y agua del distrito

El trabajo de Aparicio también tuvo una vinculación con un relevamiento organizado por la asamblea Basta de Fumigarnos Necochea-Quequén.

Según nuestra cobertura del 6 de julio de 2023, integrantes de la organización tomaron muestras a fines de 2021 en doce puntos del distrito, que fueron analizadas por la investigadora en dependencias del INTA Balcarce.

La publicación informó detecciones de residuos de plaguicidas en muestras de suelo y agua de instituciones educativas y espacios de Necochea, Quequén, Costa Bonita, Juan N. Fernández y Ramón Santamarina. Entre los sitios mencionados aparecen la Plaza Dardo Rocha y un sector de la ribera del río Quequén. Los resultados fueron presentados públicamente en el Centro Cultural Necochea. Cobertura de la presentación local.

La documentación consultada no permite establecer que ese relevamiento y SPRINT fueran una misma investigación. Tampoco describe el estado actual de los lugares analizados: las muestras locales corresponden a 2021.

El conflicto comenzó antes de la asunción de Milei

La cronología permite distinguir el inicio de las restricciones y el sumario de la sanción final.

Según la reconstrucción publicada del expediente, el 15 de junio de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, se ordenó suspender una reunión en la que Aparicio iba a presentar los datos a participantes de SPRINT.

El 7 de diciembre de 2023, el Consejo Directivo dispuso la salida del INTA del proyecto y la apertura del sumario. Javier Milei asumió la Presidencia el 10 de diciembre, tres días después. La exoneración se formalizó en octubre de 2026, bajo su administración. 

En una entrevista de Agencia Tierra Viva del 24 de septiembre, Aparicio también denunció aislamiento laboral, restricciones para acceder a equipamiento y decisiones sobre su equipo tomadas sin consultarla.

Su abogado sostuvo que el procedimiento buscaba disciplinar la comunicación de los hallazgos. Son denuncias de la investigadora y su defensa, no conclusiones judiciales. Entrevista de Tierra Viva.

Reclamos por la reincorporación y la libertad científica

La Universidad Nacional de Río Negro rechazó la exoneración y pidió dejarla sin efecto. Su pronunciamiento advirtió sobre las consecuencias para la carrera de Aparicio y para la formación de investigadores, además del antecedente que puede generar una sanción vinculada con la comunicación científica. Pronunciamiento universitario.

CTERA también reclamó su restitución y denunció censura sobre los resultados de SPRINT. Comunicado del 27 de octubre.

La exoneración es una sanción expulsiva de especial gravedad dentro del empleo público. Sus efectos pueden alcanzar las posibilidades de reingreso a otros organismos nacionales y la continuidad de su trayectoria científica.

 

 

 

 

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Una controversia con relevancia para el sudeste bonaerense

La decisión afecta a una investigadora cuyo trabajo incluyó participantes y muestras de Necochea y otras localidades de la región. Sus estudios aportaron información sobre cuestiones que atraviesan la producción agropecuaria, el ambiente y la salud.

Mientras la defensa prepara los recursos para revertir la sanción, el caso concentra una discusión sobre las condiciones para producir conocimiento desde el Estado y comunicar resultados que pueden generar controversias.

Están en juego los derechos laborales de Aparicio y las garantías para que las investigaciones puedan ser evaluadas, discutidas y conocidas por las comunidades.