La polémica por la nueva ordenanza que regula y sanciona determinadas conductas vinculadas con cuidacoches y limpiavidrios sigue creciendo en Necochea. Después del pronunciamiento de dirigentes y autoridades del Partido Justicialista local, ahora el Colectivo por la Memoria difundió un duro comunicado respaldado por organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos.

Bajo el título “Al final, ¿la casta son los trapitos?”, el documento cuestiona el enfoque adoptado por el Concejo Deliberante y sostiene que la problemática no puede ser abordada principalmente desde la prohibición y la sanción.

El pronunciamiento suma 29 adhesiones, entre ellas las de ATE, las dos CTA, la CGT Regional Necochea, CICOP, SUTEBA, UDOCBA, UTEP, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Movimiento Evita, H.I.J.O.S. Necochea y distintas organizaciones políticas y sociales.

Así, la discusión que comenzó alrededor del ordenamiento del espacio público suma en pocos días nuevos cuestionamientos sobre qué respuesta debe dar el Estado frente a las personas que encuentran en estas actividades una forma informal de subsistencia.

 

 

“El trabajo callejero es trabajo”

El Colectivo por la Memoria parte de un diagnóstico social más amplio y relaciona la discusión local con la situación económica nacional.

El documento menciona los últimos datos del INDEC sobre pobreza: durante el primer semestre de 2026, el 32,3% de las personas de los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

A partir de ese contexto, los firmantes cuestionan que la respuesta frente a quienes desarrollan actividades informales en la calle pueda quedar centrada en mecanismos prohibitivos o punitivos.

“Prohibir no soluciona nada. Al contrario, agrava muchas situaciones”, sostiene el comunicado.

Y agrega una definición que atraviesa todo el documento: “El trabajo callejero es trabajo”, aunque reconoce que se desarrolla en condiciones precarias y con personas que se encuentran desprotegidas.

Para el Colectivo, poner el eje sobre esas personas implica correr la discusión de las causas económicas y sociales que explican por qué determinadas actividades se desarrollan en la vía pública.

 

 

Críticas a La Libertad Avanza y a quienes acompañaron la ordenanza

El documento también tiene un marcado contenido político.

El Colectivo cuestiona particularmente a La Libertad Avanza, impulsora de la iniciativa, a la que acusa de sostener una mirada “clasista” sobre los sectores de menores ingresos.

Pero las críticas no terminan allí.

“Lo repudiable es que haya sido votado también por representantes de fuerzas políticas que se definen como democráticas y respetuosas de los derechos humanos”, plantea el comunicado.

La ordenanza había sido aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante con el acompañamiento de La Libertad Avanza, la ACT, la UCR, Fuerza Patria y Avanza Necochea.

 

El debate también atravesó al PJ de Necochea

El nuevo pronunciamiento aparece pocas horas después de otro comunicado que expuso diferencias dentro del Partido Justicialista local.

Consejeros, congresales y autoridades partidarias señalaron este domingo que están de acuerdo con regular la actividad y ordenar el espacio público, pero rechazaron que una problemática social compleja se resuelva únicamente mediante la prohibición.

“Esa mirada no representa al justicialismo de Necochea”, sostuvieron.

Entre quienes firmaron aquel documento aparecen Andrea Cáceres, Evangelina Almada, Camilo Vidal y la vicepresidenta del PJ local, Ayelén Romanni, junto con secretarios y vocales de la estructura partidaria.

Romanni aparece además entre quienes adhieren al nuevo documento difundido por el Colectivo por la Memoria.

De esta manera, el debate sobre los cuidacoches también expuso diferencias dentro de uno de los espacios que acompañaron la ordenanza en el Concejo.

 

¿Qué había aprobado el Concejo Deliberante?

NdeN ya había analizado la ordenanza luego de su aprobación y una de las preguntas centrales era qué modificaba respecto de herramientas que ya existían.

La norma incorpora al Código Contravencional figuras específicamente vinculadas con cuidacoches y limpiavidrios.

Entre las conductas alcanzadas aparecen el ofrecimiento de servicios o solicitud de dinero cuando generen riesgos para la circulación, la interferencia en el tránsito, la limpieza de parabrisas o ventanillas en semáforos y la administración de hecho de espacios destinados al estacionamiento sin autorización municipal.

Sin embargo, la discusión no partía de un escenario sin regulación.

El Código Contravencional ya contemplaba determinadas infracciones relacionadas con el espacio público, mientras que amenazas, daños, coerción u obstrucciones podían abordarse mediante otras herramientas legales.

La diferencia central es que ahora se incorporaron figuras dirigidas específicamente a estas actividades.

Además, la propia ordenanza contempla situaciones de vulnerabilidad, propone capacitación y alternativas de inserción laboral y permite al Ejecutivo conceder autorizaciones precarias y excepcionales para el cuidado voluntario de vehículos bajo determinadas condiciones.

 

“La responsabilidad principal le cabe al gobierno municipal”

El Colectivo por la Memoria también apunta hacia el Ejecutivo municipal.

Según el documento, la problemática necesita “una profunda discusión” y la responsabilidad principal para construir una respuesta corresponde al gobierno local.

Los firmantes sostienen que pueden plantearse alternativas y propuestas, pero advierten que sin políticas públicas municipales la discusión quedará reducida a declaraciones.

También expresan preocupación porque la nueva normativa, según su interpretación, pueda facilitar prácticas de control social o situaciones de hostigamiento policial.

“Trabajar en la calle no es delito”, concluye el texto.

 

 

De la regulación al debate sobre qué hacer con la vulnerabilidad

En pocos días, la discusión alrededor de los cuidacoches dejó de limitarse a qué conductas deberían permitirse o prohibirse en el espacio público.

Primero apareció una discusión sobre la eficacia concreta de la ordenanza: qué cambia respecto de las sanciones existentes, quién controlará su cumplimiento y qué alternativas se ofrecerán a quienes obtienen ingresos de estas actividades.

Después, dirigentes del PJ cuestionaron que la respuesta quede centrada en la prohibición.

Ahora, organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos amplían ese cuestionamiento y colocan en primer plano las condiciones económicas y sociales de quienes trabajan en la calle.

Quedan así dos dimensiones que deberán convivir en la implementación de la norma: el reclamo por reglas claras, seguridad y ordenamiento del espacio público, y la discusión sobre qué políticas ofrecerá el Estado frente a las situaciones de vulnerabilidad que existen detrás de parte de estas actividades.