Federico Sturzenegger pasó en pocos días de ser uno de los ministros con mayor capacidad para empujar reformas dentro del Gobierno de Javier Milei a quedar bajo un estricto control político.
No hay, hasta ahora, ninguna decisión conocida de desplazarlo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ni señales de que Javier Milei haya abandonado su programa desregulatorio. Pero algo cambió después de una semana particularmente difícil para el oficialismo: Sturzenegger ya no tendría libertad para transformar cada iniciativa de su área en una nueva batalla política.
El disparador inmediato fue la accidentada aprobación en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El Gobierno consiguió avanzar con el proyecto en general, pero debió retirar dos de sus capítulos más sensibles: la modificación de la Ley de Tierras y los cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Particularmente dura fue la derrota en torno a la extranjerización de tierras, una reforma defendida durante meses por Sturzenegger y que terminó chocando incluso con senadores y gobernadores que habitualmente acompañaban al oficialismo.
La consecuencia comenzó a sentirse inmediatamente dentro de la Casa Rosada.
Según reconstruyeron este fin de semana distintos medios nacionales, los proyectos impulsados por Sturzenegger tendrán que pasar desde ahora por la mesa política del Gobierno antes de llegar al Congreso. La discusión ya no será solamente si una reforma es conveniente desde la mirada económica del ministro, sino si existen votos para aprobarla y si el costo político de intentarlo vale la pena.

El capítulo de tierras era uno de los puntos más ambiciosos del proyecto oficial.
La propuesta inicial buscaba eliminar gran parte de las restricciones nacionales que actualmente establece la Ley 26.737 para la compra de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La resistencia fue creciendo durante semanas.
Como informó NdeN durante el tratamiento, el Gobierno llegó a elaborar múltiples versiones y finalmente ofreció elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada provincia para intentar reunir los votos. Tampoco alcanzó.
Gobernadores y legisladores provinciales que habían colaborado con otras iniciativas libertarias comenzaron a despegarse. El capítulo terminó siendo retirado.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pudo continuar sin esa reforma, pero el episodio dejó al descubierto un problema mayor para la Casa Rosada: la mayoría ampliada con la que esperaba sostener su agenda legislativa había comenzado a fragmentarse.
Tiempo Argentino describió ese escenario como un debilitamiento del esquema de 44 senadores con el que el oficialismo calculaba avanzar sobre otras reformas.

Para Sturzenegger, además, no fue la única marcha atrás de los últimos días.
El otro golpe tuvo una consecuencia concreta en Puerto Quequén.
El Decreto 690/2026 había introducido una profunda modificación del régimen nacional de practicaje y pilotaje. Entre otros cambios, ampliaba la competencia entre prestadores y modificaba las reglas con las que los prácticos intervienen en el ingreso y egreso de los grandes buques.
El sector rechazó la reforma y comenzó una medida de fuerza que rápidamente afectó a los principales puertos argentinos.
En Quequén quedaron paralizados los ingresos y egresos de buques. Las embarcaciones que ya estaban amarradas podían continuar cargando, pero no podían salir, mientras que las que aguardaban en rada tampoco podían ingresar.
El conflicto escaló a nivel nacional y alcanzó a más de un centenar de embarcaciones.
Finalmente, el Gobierno negoció.
Y Sturzenegger, principal impulsor de la reforma, ni siquiera participó de la mesa que encontró la salida.
La negociación quedó encabezada por el Ministerio de Seguridad. Se acordó reactivar el servicio, reducir un 20% las tarifas y discutir un nuevo reglamento en una mesa intersectorial.
El 6 de agosto, mediante el Decreto 716/2026, el propio Poder Ejecutivo suspendió formalmente los efectos del Decreto 690 y restituyó provisoriamente el régimen anterior.
El texto oficial reconoció expresamente que las medidas de fuerza habían puesto “en crisis” el funcionamiento del sistema de practicaje y que la suspensión era necesaria para garantizar la continuidad de los servicios.
Dos conflictos distintos —tierras y puertos— terminaron así con una dinámica similar: una reforma impulsada desde Desregulación encontró una resistencia superior a la prevista y el Gobierno tuvo que retroceder.

La palabra comenzó a circular este fin de semana, pero merece una precisión.
No existen hasta el momento indicios públicos de que Milei piense desprenderse de Sturzenegger.
Lo que sí aparece en distintas reconstrucciones periodísticas es una pérdida de autonomía política del ministro.
MDZ informó este domingo que la mesa política de la Casa Rosada analizará los proyectos de desregulación y les asignará, metafóricamente, “luz verde, amarilla o roja”. Según ese medio, existen alrededor de trece iniciativas en evaluación.
Tiempo Argentino fue más lejos: aseguró que Karina Milei ordenó no impulsar nuevos proyectos desregulatorios durante lo que resta del año, al menos hasta ordenar las prioridades legislativas.
Son dos versiones que no son idénticas.
Una habla de selección y filtro.
La otra, de congelamiento temporal.
Pero ambas coinciden en algo fundamental: después del Senado, Sturzenegger ya no tendría la misma capacidad para imponer los tiempos de su agenda.
Uno de los proyectos que NdeN viene siguiendo es la modificación de la denominada Ley del Libro.
El Ministerio de Desregulación trabaja sobre una reforma de la Ley 25.542, que establece un precio uniforme de venta al público para cada libro editado en la Argentina.
La iniciativa busca eliminar ese sistema y permitir que librerías, cadenas, plataformas y otros vendedores establezcan descuentos y precios diferentes.
El proyecto generó un fuerte rechazo entre editoriales y librerías independientes, que advierten que una eliminación del precio único podría favorecer una mayor concentración del mercado.
NdeN informó sobre ese anteproyecto a fines de julio.
Hoy su futuro aparece mucho menos claro.
Tiempo Argentino señaló específicamente que el Gobierno frenó la presentación de otro paquete de Sturzenegger que incluía desregulaciones sobre distintas actividades, entre ellas la industria farmacéutica y el sector del libro.
Es decir: por ahora no significa que la reforma haya sido descartada.
Significa que podría dejar de ser una prioridad inmediata.

Algo similar ocurre con las modificaciones que el Ministerio de Desregulación prepara para el mercado farmacéutico.
El Gobierno ya avanzó durante los últimos años con distintas medidas relacionadas con farmacias, importación, comercialización, patentes y competencia en medicamentos. En marzo de 2026, por ejemplo, modificó el régimen de patentes farmacéuticas, una decisión celebrada públicamente por Sturzenegger.
Pero la agenda de reformas todavía no estaba terminada.
Las versiones periodísticas de este fin de semana ubican precisamente al sector farmacéutico dentro de las iniciativas que podrían quedar congeladas mientras la mesa política redefine qué conflictos está dispuesta a abrir.
Después del costo que tuvieron las tierras y el practicaje, medicamentos aparece además como uno de los sectores políticamente más sensibles para intentar una nueva desregulación de gran escala.
No todo está todavía en borrador.
La llamada Ley de Hojarasca ya obtuvo media sanción de Diputados y tiene dictamen en el Senado. El proyecto propone derogar un conjunto de normas que el Ejecutivo considera obsoletas. El Senado registra actualmente el expediente con orden del día pendiente.
También está pendiente el denominado “Súper RIGI”, un régimen para incentivar grandes inversiones en nuevas industrias.
Diputados le dio media sanción el 24 de junio por 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones, y el proyecto fue girado al Senado.
La dificultad para el Gobierno es que después de lo ocurrido con la Ley de Propiedad Privada ya no puede dar por sentado que la misma arquitectura de alianzas estará disponible para todos esos expedientes.
Entre las discusiones legislativas que todavía tiene abiertas el Gobierno hay una particularmente sensible para Necochea y buena parte del interior bonaerense: la modificación del Régimen de Zona Fría.
No se trata solamente de un proyecto anunciado. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo ya consiguió media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de mayo y actualmente espera tratamiento en el Senado, donde fue girada a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
El cambio apunta directamente sobre la ampliación realizada en 2021 mediante la Ley 27.637, que incorporó a numerosas localidades y distritos con temperaturas bajas —entre ellos Necochea— a un esquema diferencial para las tarifas de gas.
Actualmente, el régimen establece para las zonas incorporadas por aquella ampliación un cuadro tarifario equivalente al 70% de la tarifa plena, es decir un descuento general del 30%. Para determinados usuarios en condiciones de mayor vulnerabilidad, el beneficio llega al 50%.
El proyecto del Gobierno busca terminar con el carácter automático de ese beneficio para las localidades incorporadas en 2021. En términos generales, quienes permanezcan dentro de esas zonas pero no acrediten las condiciones socioeconómicas establecidas dejarían de acceder al descuento específico por vivir en una región fría.
Para Necochea no es una discusión abstracta.
La ciudad ingresó al régimen ampliado precisamente por sus características climáticas y el mayor consumo de gas necesario durante buena parte del año. Si la reforma finalmente se convierte en ley, una parte de los usuarios locales que actualmente recibe la bonificación podría perderla.
La iniciativa ya mostró que también puede convertirse en otro problema político para la Casa Rosada. Para conseguir la media sanción, el oficialismo debió negociar con gobernadores y terminó imponiéndose en Diputados por 132 votos positivos, 105 negativos y cuatro abstenciones.
Por eso, después de la derrota sufrida con la reforma de la Ley de Tierras, la pregunta es también qué ocurrirá con Zona Fría en el Senado.
A diferencia de otros borradores que pueden sencillamente guardarse en un cajón, este expediente ya recorrió la mitad del camino legislativo. El Gobierno deberá decidir si utiliza parte de su capital político para completar la reforma o si posterga una votación que afecta directamente la factura de gas de millones de usuarios.
Y en Necochea esa decisión se seguirá particularmente de cerca.
Entre todos los proyectos pendientes hay uno que aparece, en cambio, como una prioridad presidencial: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Milei viene adelantando una modificación destinada a limitar fuertemente las posibilidades de financiamiento monetario del Estado y endurecer las reglas bajo las que funciona la autoridad monetaria.
MDZ sostiene que, dentro de la docena de proyectos que serán sometidos al nuevo filtro político, la reforma del Banco Central quedó por encima del resto en la escala de prioridades del oficialismo.
La lógica es sencilla: si el Gobierno concluyó que ya no puede librar todas las batallas simultáneamente, deberá elegir cuáles considera estructurales.
Y para Milei, la arquitectura monetaria forma parte del núcleo de su programa económico.
Otro proyecto anunciado por el Presidente y todavía pendiente es la incorporación de una regla inspirada en el “shutdown” estadounidense.
El propio Milei explicó en julio que quiere que, cuando el Estado agote el presupuesto autorizado, quede imposibilitado de continuar gastando sin una nueva autorización.
“Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, explicó entonces el Presidente.
NdeN ya había informado que esa iniciativa era trabajada junto con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Su suerte deberá analizarse dentro del mismo nuevo escenario: un Congreso más fragmentado y una Casa Rosada que, después de las últimas derrotas, pretende saber cuántos votos tiene antes de abrir otra pelea.

Las distintas fuentes coinciden en que la etapa que comienza será mucho más selectiva.
Tiempo Argentino ubica entre las prioridades la reforma política —incluida la eliminación de las PASO—, la reforma del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal.
MDZ coloca a la reforma del BCRA como la iniciativa que el Gobierno considera imprescindible proteger de una derrota.
La diferencia es significativa.
Hasta hace pocos meses la estrategia parecía consistir en avanzar simultáneamente sobre múltiples regulaciones.
Ahora la pregunta interna habría cambiado.
Ya no sería solamente “qué más se puede desregular”, sino “qué reforma tiene votos, cuánto cuesta políticamente y qué gana el Gobierno abriendo esa batalla”.
Dentro de la Casa Rosada, sin embargo, tampoco existe unanimidad en responsabilizar exclusivamente al ministro.
El propio entorno de Sturzenegger sostiene que su área diseña las reformas, pero no determina cuándo deben ser llevadas al recinto.
Y otras voces oficialistas señalan también a la conducción política por no haber negociado suficientemente con los gobernadores antes de la sesión del Senado.
Es una distinción importante.
La derrota con las tierras no ocurrió únicamente porque Sturzenegger impulsara una reforma difícil de aprobar. También ocurrió porque el Gobierno decidió llevarla al recinto sin contar con una mayoría consolidada.
Esa parece ser precisamente la discusión que abrió Milei después del jueves.
Sturzenegger construyó durante estos años una identidad propia dentro del Gobierno: la del funcionario encargado de detectar regulaciones, eliminarlas y avanzar incluso frente a sectores organizados que se resistieran.
Esa lógica consiguió numerosas modificaciones.
Pero las últimas semanas mostraron también su límite político.
En el practicaje, una desregulación terminó paralizando movimientos de buques hasta que el Gobierno suspendió el decreto.
En el Senado, el intento de flexibilizar la compra de tierras por extranjeros terminó provocando la rebelión de aliados y gobernadores y obligó a retirar el capítulo completo.
Ahora llegan la Ley del Libro, las reformas farmacéuticas, la Hojarasca, el Súper RIGI, los cambios al Banco Central y otros proyectos todavía en preparación.
La agenda de Sturzenegger no desapareció.
Pero desde esta semana tiene una nueva aduana: la política.
Y esa puede ser la principal consecuencia de las derrotas que el Gobierno acumuló en apenas unos días.